Apuntes teórico-políticos sobre el caso sueco. Meidner leído desde el prisma del republicanismo histórico.

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por Franco Patuto

Estimado lector:

Vayan antes que nada algunas advertencias preliminares: en las líneas que sigue le propongo que visitemos, y sobre todo que problematicemos, algunos aspectos de la experiencia político social sueca del siglo XX. Puntualmente, la trayectoria de su Estado de Bienestar. Sobre todo, indagaremos cómo puede pensarse el proyecto de fondos de inversión de los trabajadores propuesto por Meidner en 1976 como la recuperación de una memoria republicano-democrática. Problematización que esbozaremos dicho sea de paso desde el derrotero político, que es simultáneamente normativo como empírico descriptivo, del republicanismo histórico encarnado, entre otros, en el quehacer intelectual y en la praxis política de quien ha sido su emblema- y aun es, y probablemente seguirá siendo- un pensador de dimensiones colosales- No hablo de otro que de Antoni Domenech (1952-2017).

Dos hipótesis de lectura atraviesan este texto:

A-Leer la experiencia sueca, creo, nos habilita a entrever las significaciones, las modulaciones y las polémicas que se despliegan en la lengua político-conceptual occidental. En concreto, las categorías de libertad, igualdad, soberanía y propiedad. Pero no de forma aislada, sino en su intersección y sus mutuas determinaciones.

B-De la historia sueca podemos extraer una conclusión teórico-política primordial, a saber: las experiencias de bienestar no agotan las demandas de los subalternos. Antes bien, las radicalizan en clave republicano-democrática. Ese es el caso del plan Meidner, un proyecto político-institucional que se propuso en su primera formulación la progresiva socialización de la propiedad. De esa manera, la experiencia de bienestar sueca, quizás la más intensa de todas la de su especie, no canceló la conflictividad política, sino que dio lugar a la puja por la democratización de todo el cuerpo social, lo que debe entenderse como universalización de la libertad en sentido republicano, enseñando consecuentemente que la democracia, en ese mismo gesto de dinamización- por eso hablamos de democratización- se resiste a encuadrarse como mero instrumento de recambio de elites. Antes bien, la democracia como proyecto político-ético supone la universalización de la libertad republicana, lo que exige la edificación de un escenario político-institucional que facilite una interdependencia tejida horizontalmente; que garantice vínculos de no dominación, tanto por parte de la autoridad política- de allí el problema que la tradición republicana reseña como imperium- como de cualquier particular sobre su semejante- de allí el problema del dominium-

Asimismo, una serie de interrogantes vertebran el escrito:

¿La radicalización sueca no enseña la imposibilidad de un orden sociopolítico definitivo? ¿Será que las demandas no encastrables-domesticables son irreductibles a la existencia de comunidades políticas? ¿los arreglos de posguerra, que suponían simultáneamente una modificación y un re-aseguramiento del capitalismo, no podían domar las demandas más radicales? ¿Es una falencia del estado de bienestar- del Estado de Bienestar sueco- o tiene un peso más universal?  ¿Existe alguna filosofía política normativa que pueda lidiar con la irreductibilidad objetiva de las demandas, de modo tal que las vuelva siempre inscribibles?

Brevísimo racconto de la experiencia sueca de posguerra. Confección, ascenso, apogeo y debacle del estado de Bienestar sueco.

Como se puede advertir fácilmente, el nombre de Meidner es clave. En razón de ello recuperaremos lo medular de la experiencia sueca en consonancia con su biografía política.

Meidner escapa en su temprana juventud del nazismo y termina echando raíces en Estocolmo, Suecia. Allí estudia economía bajo la dirección de Myrdal, otro afamado representante de la vida colectiva del país escandinavo. Es la época en la que irrumpe en la escena pública la idea de hogar del pueblo. Por esos años Meidner comienza a trabajar como investigador de la confederación sindical sueca (LO), institución que conformaba, junto al Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) un pilar clave del movimiento obrero.

De industrialización tardía, Suecia, atravesada hasta entonces tanto por exclusiones socioeconómicas como políticas, vio la emergencia hacia 1932 de un gobierno conducido por los socialdemócratas en alianza con sectores agrarios. Alejado de las propuestas de nacionalización, y focalizada en programas de inversión social y en el aliento de las industrias de exportación, el gobierno de la SAP desarrolló una experiencia de bienestar bien particular afianzada en el objetivo del pleno empleo a través de la negociación colectiva centralizada. Asimismo, se propiciaba una política de igualación salarial en el sentido de que los salarios no debían pagarse en referencia a la capacidad de cada empresa en particular sino en función de la actividad realizada. Esa decisión tenía una serie de corolarios.  En el decir de Bhaskar Sunkara

“Las demandas salariales se arreglarían de manera tal que las empresas con un nivel promedio de eficiencia pudieran sobrevivir, pero las menos eficientes se vieron presionadas y forzadas a hacer una restructuración radical o ir a la quiebra. Las empresas más productivas, sin embargo, se beneficiarían con la limitación salarial de sus trabajadores y obtendrían ganancias adicionales. Esas ganancias les permitían expandir su capacidad productiva y, así, generar más riqueza. El sistema contribuía a alentar las industrias intensivas en capital y de altos salarios” (2020: 131).

A mediados de los 50’ Meidner sostenía lo siguiente: se necesitaba hacer coincidir los objetivos de pleno empleo con una moderada tasa de inflación. En aras de conseguir este último aspecto, Meidner defendió la necesidad de moderación salarial de los trabajadores de mejores salarios que participaban de las firmas de mayor productividad. Paralelamente, argumentó en favor de una división de tareas: al Estado le correspondió la estabilidad de los indicadores económicos generales mientras que los sindicatos debían bregar por las demandas salariales de los trabajadores. La coordinación sería conducida por el Estado, el que a su vez brindaría una serie de garantías y derechos socioeconómicos al margen de la participación de los ciudadanos en los mercados. Todo ello financiado a partir de cuantiosos y progresivos impuestos.

El correr del tiempo le dio la razón a Meidner: se consiguieron simultáneamente los objetivos de moderada inflación y prácticamente nulo desempleo. Se materializó, además, un sistema público-estatal de salud, de educación, de cobertura económica en caso de desempleo, etc. de gran volumen y eficiencia. Los niveles de desigualdad descendieron a partir de la solidaridad salarial. Por cierto, ello implicó que las firmas de baja productividad fueran progresivamente desapareciendo, ya que debían hacer frente a altos niveles salariales y ya no podían mantenerse a flote a partir del pago de bajos salarios. Por su parte, las firmas de alta productividad se vieron beneficiadas: las eventuales demandas por mayores salarios se restringieron. La consecuencia de todo ello fue una ganancia en productividad para la economía toda. Asimismo, se construyeron programas sociales con el objeto de dotar de recursos técnicos e intelectuales a la población. Con todo, podemos apreciar cómo se articulaban los presupuestos éticos-políticos de igualdad con los de desarrollo y eficiencia y productividad económicas.

Los resultados fenomenales no cesaron: los socialdemócratas extendieron la red de seguridad social, consagraron legalmente las licencias por maternidad y paternidad, los pagos por enfermedad, un plan colosal de un millón de viviendas.

Sin embargo, no todo eran rosas: la decisión de promover el principio de solidaridad salarial, que había domesticado el nivel de precios, produjo, según Meidner, ganancias excesivas. Por otro lado, se podía constatar una progresiva concentración de la propiedad productiva. Además, los reclamos obreros por mayor determinaron en la unidad productiva no encontraron resonancia en el Estado de Bienestar vigente.

¿Cómo lidió con ello Meidner y sus consecuencias: la amenaza de des-inversión? Radicalizando su perspectiva en clave democrática.

La radicalización se expresó en una mutación y expansión de los reclamos, a saber: ya no se trataba exclusivamente de demandas centradas en la distribución de la riqueza-ingreso. Ahora se pretendía, además, la democratización republicana del capital y la socialización entre los trabajadores de las ganancias empresariales. En efecto, en eso consistía el plan que Meidner confecciona a mediados de los 70 en vistas de superar el déficit en la inversión y las exigencias de control ciudadanas sobre la vida material. El exceso de ganancias se resolvería construyendo fondos de inversión de propiedad obrera con el 20% de las ganancias anuales de las empresas con más de 50 trabajadores, lo que implicaría que el transcurso de unas décadas que la propiedad mayoritaria de las unidades productivas pertenecería a quienes trabajan en ellas.Tras conocer- y debatir- los aspectos centrales del plan, los trabajadores de base entonaron la Internacional. Todo un síntoma de los principios que los actores en cuestión entreveían como fundamentos del plan. Resonaban las aspiraciones y el aparato político-normativo del republicanismo democrático. Sin embargo, el plan Meidner no prosperó. Si bien no fue cortado de raíz, las modificaciones que se fueron trazando sobre la propuesta original borraron los visos emancipatorios que se insinuaban en primera instancia.  Las vicisitudes político electorales y, sobre todo, la carencia de un apoyo decidido de ciertos sectores de la socialdemocracia entre los que cabe destacar a Olof Palme constituyeron las razones del ocaso del plan Meidner.  Así las cosas, las tensiones internas de la socialdemocracia pueden leerse compendiadas en la caracterización de Olof Palme como un gran reformista[1] y de Meidner como un reformista radical[2]. Caracterización esta última que habilita a pensar en el par reforma-revolución por fuera de una lógica dicotómica. Por supuesto, no podemos soslayar la tajante oposición de la SAF y las cuantiosas manifestaciones públicas que renegaban del proyecto de inversión aduciendo que quebraban los principios del pacto de posguerra. Tenían razón.

De ese modo, los fondos eran tanto una respuesta a una serie de efectos perniciosos que emanaban directamente del modelo de posguerra- una especie de consecuencia no virtuosa de un modelo en otros aspectos virtuoso, coralarios inherentes al modo de acción trazado- como una forma de recanalizar una serie de demandas por extender la democracia. Objeciones al carácter fordista-burocrático, demandas por expandir la lógica de la seguridad social anclada en el género, el estancamiento de la productividad, el descenso de la inversión y la aparición del fenómeno de la estanflación son los aspectos medulares de la coyuntura.

El Estado de Bienestar crujía. La historia mostraba su contingencia. Y Meidner trazaba su plan de fondos de inversión pertenecientes a los trabajadores. Pero la propuesta de los fondos de acciones administrados por los trabajadores no fue una genialidad divorciada de las condiciones político coyunturales y de la relación de fuerzas de ella derivada. En cierto sentido, sí fue una genialidad, pero no una divorciada de las vicisitudes y de la potencia de la socialdemocracia y el sindicalismo suecos.

Consideraciones teórico-políticas del Estado de Bienestar.

Podemos estipular una serie características generales del Estado de Bienestar: sanción de códigos y derechos laborales, políticas económicas contracíclicas; desmercantilización parcial de ciertos sectores de la vida social; construcción de matrices impositivas progresivas, negociaciones centralizadas, altas tasas de sindicalización.

Por otra parte, su génesis obedece a una matriz conflictivista, y no a un arreglo político social obtenido a partir de la buena predisposición de los sectores dirigentes. La génesis del Estado de Bienestar radica en el conflicto político-social, si bien en una instancia posterior la dinámica da lugar a un consenso con los sectores dirigentes en los que finalmente toman cuerpo los estados de bienestar realmente existentes. De hecho, podemos constatar que el modelo socioeconómico de bienestar y sus respectivos arreglos políticos institucionales no eran ni de cerca los objetivos de máxima del movimiento obrero. Así lo avala el conocimiento empírico-histórico y el estudio del derrotero político-normativo de la cultura de izquierdas. No hay, desde luego, una vocación consensualista en el origen. Lamentablemente, se ha trazado una línea hermenéutica apoyada en esa romantización del conflicto que es ajena a cualquier revisión empírica rigurosa. Es que la irrupción del Estado de Bienestar estuvo precedida de huelgas generales, resistencias locales, elaboraciones constitucionales inspiradas en concepciones republicano-democráticas de la autoridad-representación política y la propiedad- estoy pensando aquí en el constitucionalismo de entreguerras, como la constitución mexicana de 1917 o la de la segunda República Española; la segunda guerra mundial; el constitucionalismo de posguerra, etc.

En última instancia, lo que aconteció fue una cesión de los objetivos de máxima de los contendientes, lo que en trajo consigo un reequilibrio de las fuerzas relativas. Ello fue posible gracias al embate, al espíritu de combate, no al consensualismo como programa en sí mismo. Se domestica parcialmente el conflicto, se lo posterga en base al hecho de que tanto el trabajo como el capital obtienen beneficios. A contramano de esa perspectiva, se cultivó desde ciertos sectores socialdemócratas una interpretación del Estado de Bienestar como algo del orden de una domesticación definitiva de cualquier puja político-económica. Un fin de la historia antes de aquel otro fin de la historia que sostuviera algún autor hacia finales del siglo XX. Véase la siguiente cita:

“Parece claro, en retrospectiva, que los capitalistas entendieron mejor la naturaleza del pacto social como una tregua entre facciones enfrentadas que como una asociación que pudiera mantenerse indefinidamente. Lo utilizaron para ganar tiempo, incrustar nuevas ideologías de consumo y amortiguar los sentimientos socialistas en el movimiento obrero.” (Wahl, Sin Permiso, 2021).

“El pacto social no era una situación estable. Fue un compromiso en una situación histórica concreta, y las principales características del sistema capitalista permanecieron intactas. Algo que podría haberse considerado un importante compromiso táctico a corto plazo desde el punto de vista del movimiento obrero se convirtió en el objetivo estratégico a largo plazo. Este fue un error de época, que definió el fracaso de la resistencia neoliberal. En lugar de ver el Estado de Bienestar como un paso hacia una emancipación social más fundamental, se convirtió gradualmente en el fin de la historia, para nosotros más que para ellos.” (Wahl, Sin Permiso, 2021).

Más adelante cita:

“Debido a esta dinámica, las partes dominantes del movimiento obrero veían cada vez más el progreso social como un efecto no de la lucha sino de la paz social y la cooperación con una clase capitalista conciliadora. Esto condujo a la despolitización del movimiento y a la burocratización de sus dirigentes. El papel histórico de los sindicatos y de los partidos socialdemócratas fue administrar esta política de compromiso de clase. Con el tiempo, se atrofiaron, pasando de ser organizaciones de masas de la clase obrera a mediadores burocráticos entre el trabajo y el capital. Esto representó el principio del fin del auge de la socialdemocracia” (Wahl, Sin Permiso, 2021).

El plan Meidner comportaba la actualización de un principio republicano-democrático primordial: la fiducia rización de la propiedad. ¿Qué implica la fiduciarización de la propiedad? En principio, moverse por fuera del paradigma blackstoniano de una propiedad como dominio exclusivo y excluyente, que se ejerce despóticamente. Conceptualización que no es tanto una institución jurídico-política realmente sino que existe como un artefacto filosófico normativo de raigambre liberal.  En cambio, la comprensión fiduciaria de la propiedad, que se inscribe en la tradición republicana y su correspondiente noción de libertad como no dominación, posee un ethos comunitario que se rige por el principio de que la propiedad, en sentido amplio, es imprescindible para el ejercicio efectivo de la libertad. De allí que los programas del republicanismo hayan propiciado el reparto de la propiedad como un punto nodal de sus propuestas de gobierno. Los casos de Robespierre y Jefferson paradigmáticos en ese sentido; en efecto, para ser libre es requisito necesario poseer un sustrato material incondicional, dado que sólo bajo esa circunstancia es posible entrar a la vida social en vínculos de para-igualdad y reciprocidad. Igualdad en el acceso a las condiciones que garantizan una vida libre. Justamente, para el republicanismo de corte democrático la igualdad está articulada a la noción de libertad en un sentido preciso: no se trata tanto de un igualitarismo sin más, sino de edificar una comunidad en la que los que los individuos que la componen tejan lazos de recíproca libertad. No se trata de una ética de un igualitarismo literal y primordial. Antes bien, lo esencial es la afirmación de la libertad como principio político-ético, afirmación que exige para su concreción cortar de raíz aquellas desigualdades que habiliten a un sujeto a intervenir en la determinación del bien común de la república, no cualquier desigualdad. Lo problemático son las desigualdades que se transforman en posiciones de poder y dominio. De hecho, el republicanismo admite cuotas de desigualdad en tanto estas no erosionen su principio de neutralidad, que no refiere como en la tradición liberal a la necesidad de que la autoridad política no se inmiscuya en la determinación de la concepción de buena vida de los individuos. Como dijimos, eso exige el goce de la propiedad. En concreto, la fiduciarización del régimen de propiedad consiste en que se establezca una dinámica principal-agente, donde el principal sea el pueblo soberano y el agente los propietarios a los que la república brinda la titularidad de la propiedad en tanto contribuyan a la promoción del bien, que no es otra cosa que la preservación y afianzamiento de la libertad republicana. Propietarios y ministros del poder político, ya que las relaciones fiduciarias se extienden también a los vínculos del soberano con la autoridad política (podemos alegar que en cierto sentido la etimología de la palabra ministro enseña un subrepticio un dejo de orden fiduciario. Y es que ministro significa servidor-siervo). El pueblo soberano, que es fideicomitente, no delega su libertad, sino tareas, programas y proyectos en los representantes, que son fideicomisarios, cuya capacidad de acción está subordinada a la cumplimentación de esos designios. Que así lo hagan remite a una cuestión de pericia técnica y falta de tiempo e información por parte de los sujetos. Así las cosas, la fiduciarización rompe el imaginario contractual en la medida en que en las relaciones fiduciarias basta la mera perdida de confianza- la fiducia- para dar por terminado el vínculo. De allí el derecho de resistencia, e inclusive el alegato en favor del regicidio, que atraviesa la tradición republicana. De allí, a su vez, la función social de la propiedad que establecieron las constituciones republicano-democráticas de entreguerras.

El plan Meidner no fue otra cosa que la traducción política concreta de esa apuesta republicana de antaño. En su proyecto por edificar un mundo común de propietarios se vislumbra una apuesta por una individualidad de cuño republicano garantizada por un cuerpo de instituciones que hagan imposible las interferencias arbitrarias y posibiliten que el individuo adopte cursos de acción de forma auténticamente autónoma en la medida que erradica las dependencias intraciviles. Se trata no solo de no ser actualmente interferidos. Se trata, y esto complejiza el entramado moral del republicanismo, de que los sujetos no sean interferibles a priori.

Podemos leer en la progresiva democratización de las decisiones de la vida productiva que traía consigo el plan Meidner una compresión harto interesante sobre los mercados: no se trata de eliminarlos, sino de constituirlos de un modo tal que promulguen la libertad de corte republicano. 

La herencia republicana-democrática que se evidencia en el plan Meidner nos enseña también un trastocamiento en la idea de soberanía popular democrática. Pero no para proceder a negarla. La democracia en el decir del republicanismo histórico domenechiano no es otra cosa que la universalización de la libertad republicana a la todos los sujetos de la comunidad y a todos los registros sociales. El proyecto de Meidner extiende, cuantitativa y cualitativamente, la soberanía común. Es importante que ese ejercicio de autodeterminación común esté mediada republicanamente, lo que implica que no puede transgredir un núcleo de derechos constitutivos e inalienables. En ese sentido, el ejercicio democrático está mediado-limitado republicanamente. En todo caso, habrá que preguntarse qué potencia tiene una soberanía democrática no universal.

En última instancia, no hay comunidad organizada definitiva; mejor dicho, existen continuas organizaciones y reorganizaciones comunitarias en función de una lógica de las demandas que es irreductible tanto a la experiencia empírica como a los presupuestos nodales de la teoría y prácticas democráticas. Qué efectos traen consigo esos presupuestos para la posibilidad misma de una teoría filosófica-normativa es una cuestión sobre la que el pensamiento teórico político y filosófico político nos debe una problematización pormenorizada.

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Notas

[1] https://www.jacobinmag.com/2015/09/sweden-social-democracy-olaf-palme-assasination-reforms/

[2] https://www.jacobinmag.com/2018/03/rudolf-meidner-sweden-social-democracy-labor


Bibliografía