Rubén Giustiniani: “Para la izquierda, la patria es la humanidad”

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Aprovechamos el dossier de abril sobre migrantes para entrevistar a Rubén Giustiniani,  destacado dirigente socialista, artífice de la ley migratoria actualmente vigente. Una ley modelo tanto por su construcción participativa y deliberativa, así como por el reconocimiento de derechos a las personas migrantes. 

Más allá del tema, su trayectoria en el socialismo es más que extensa. Atravesó prácticamente todos los cargos que el partido puede ofrecer. Se formó junto a Guillermo Estévez Boero en el Partido Socialista Popular (PSP). De la década de los ochenta en adelante, fue uno de los principales organizadores del poderoso Movimiento Nacional Reformista (MNR), que supo conducir decenas de centros de estudiantes y federaciones universitarias por todo el país. 

Con el ascenso del PSP, primero en Rosario y luego en Santa Fe, alcanzó múltiples cargos representativos. Primero como diputado nacional y, luego, senador nacional, lo cual fue un hito. Fue el cuarto senador nacional en la historia del socialismo argentino (los otros fueron Justo, Del Valle Iberlucea y Alfredo Palacios) y  el primero luego de 44 años. 

Con la reunificación del Partido Socialista (entre el PSD -liderado por Alfredo Bravo con Jorge Rivas y Oscar González- y el PSP -fundado por el fallecido Guillermo Estévez Boero y acompañado por Giustiniani y Hermes Binner, entre otros-), Alfredo Bravo pasa a ocupar la presidencia del PS y Giustiniani es su secretario general a nivel nacional. En el 2003, Alfredo Bravo fallece y Gustiniani pasa a ocupar la presidencia, con Oscar González como nuevo secretario general. 

Fuertemente crítico de la deriva conservadora de los últimos años del Partido Socialista, se aleja del PS para fundar un partido provincial “Igualdad y Participación” de neto corte de izquierda. Actualmente se desempeña como diputado provincial.  


Sociedad Futura: Muchas gracias Rubén por hacerte un tiempo para la entrevista. Con la derogación del decreto 70/17 que modificaba en varios aspectos a la Ley de Migraciones (N° 25.871), desde Sociedad Futura nos propusimos hacer un Dossier que marque un pequeño recorrido histórico por la legislación argentina sobre las migraciones. En ese sentido, uno de los hitos más importantes en la materia fue la entrada en vigor de la ley 25.871, texto normativo que dejó atrás la excluyente “ley Videla”. 

Nos gustaría que nos cuentes, como autor de la ley, cuáles fueron las principales motivaciones para la creación de este proyecto y cómo era el contexto en el cual surge esta ley.

Rubén Giustiniani: Mi motivación parte cuando fui designado presidente de la comisión de población en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 1983, desde la democracia reconstruida, no había habido ningún proyecto que pudiera transformarse en ley por lo cual nos pusimos a trabajar en una ley migratoria . Era un tema central, sobre todo, estando en vigencia la «ley Videla». 

También como socialista el tema me pareció fundamental impulsarlo. Si Alfredo Palacios tuvo grandes leyes que logró arrancarle a un parlamento conservador en su momento -incluso iniciar la justicia social en la Argentina, con el nuevo derecho, con leyes muy importante- a pesar de eso, nunca pudo derogar la nefasta ley de residencia, la «Ley Cané». Una ley que fue concebida para perseguir extranjeros, fundamentalmente, a los anarquistas y socialistas, de principio de siglo XX. Esa ley tuvo vigencia por décadas y tuvo una continuidad ideológica de ver al migrante, de ver al extranjero, como peligroso. De tomarlo como quien le quita trabajo al argentino y quien es, precisamente, el diferente. Por lo que había que ponerlo en un lugar de peligrosidad. Todo eso fue profundizado en la época de la dictadura con la ley Videla y la doctrina de la seguridad nacional. 

En ese contexto, de la nueva democracia, de asumir como presidente de la comisión de población, iniciamos todo un proceso de construcción de una nueva ley de abajo hacia arriba, con las colectividades migrantes, los organismos de derechos humanos, la pastoral migratoria, los jueces especialistas en la materia, el ministerio del interior, de trabajo, la cancillería, el Indec. En 2003 logramos construir un dictamen a partir de una ley que yo había presentado en el 2001 con ese trabajo de abajo hacia arriba, con esa participación . Tuvo aprobación final en el senado, primero en noviembre, en la última sesión de ordinarias de la cámara de diputados, y al otro mes en las extraordinarias en el senado. Me tocó una curiosidad porque yo era diputado nacional, la voté como diputado, pero como fui electo ese año como senador nacional cuando asumí el 10 de diciembre como senador impulsé su tratamiento en el senado y el 17 de diciembre logramos la sanción. 

SF: ¿Cómo fue el proceso de elaboración de la ley? ¿Qué rol tuvieron las organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia en el armado del proyecto?

RG: Yo presento el proyecto en diciembre del 2001 y, como era presidente de la comisión de población, todas las reuniones a partir de ahí de la comisión las hicimos abiertas. Es decir, invitamos a la discusión del futuro de la ley migratoria, a partir del proyecto que presenté, a todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, las colectividades de migrantes, a la pastoral migratoria, y a las autoridades del ejecutivo también, al INDEC. En el debate en cada una de las reuniones abiertas de la comisión el aporte que hicieron todos estos sectores fue fundamental para que llegáramos a un dictamen muy importante. 

Por ejemplo, el aporte de los organismos de derechos humanos, del CELS en concreto, donde -desde el punto de vista técnico-jurídico- y de su visión de los derechos humanos significaba el rechazo de frontera, de los migrantes, el poder que tenía la dirección de migraciones de tener la capacidad de entrar en un domicilio de un migrante sin orden judicial. Todas las cuestiones que habilitaba la nefasta ley Videla. El aporte de los colectivos de migrantes quienes nos contaban cómo sus hijos no podían ir a la escuela, o eran rechazados, o tenían miedo que los denuncien cuando los llevaban a un hospital porque la ley vigente determinaba eso, que cualquier funcionario tenía la obligación de denunciar a migrantes que no estuvieran en condiciones legales. Todos esos aportes concretos fueron mejorando un dictamen que llegó finalmente a ponerse en debate en audiencia pública. 

En las audiencias públicas se siguió enriqueciendo, por ejemplo, con el aporte que hizo el INDEC a esa cuestión siempre planteada del aluvión de migrantes. El INDEC con números concretos mostraba que la cantidad de migrantes en la república Argentina era entre el 3 y el 4% de la población total y que su inserción laboral concreta eran aportes en muchos lugares al desarrollo productivo del país. Es decir que cada reunión de la comisión de población y cada audiencia pública se discutieron cuestiones muy concretas. Por ejemplo, el aporte que hizo Gendarmería en cuanto a que hasta ese momento no había un tipo penal que castigara a quienes traficaran personas. Y la ley 25871 incorporó el tipo penal para ir a la clave del problema, no al eslabón más débil que es castigar al migrante.

SF: Ahora, viniendo a la actualidad, La entrada en vigencia del decreto 70/2017, de la mano de Mauricio Macri, supuso un fuerte retroceso en las políticas migratorias que hasta el momento se encontraban vigentes. El espíritu de inclusión e igualdad que dio forma a la ley previa se vio interrumpido por disposiciones fuertemente excluyentes y xenófobas. ¿Cómo viviste este retroceso en la protección de los derechos de los migrantes?

RG: El decreto del gobierno de Macri fue un horror desde el punto de vista jurídico porque fue un DNU que destripó una ley que había sido sancionada con un gran consenso, una gran participación. En primer lugar, ese DNU tomó algunos artículos y los transformó en su naturaleza, en 180º grados. Revirtió absolutamente a lo que hace a las categorías, requisitos, plazos. Por ejemplo, el artículo 20 de la ley. Lo mismo con toda una serie de artículos -el 29, el 54, el 69, el 70-.

Revirtió un paradigma de la migración como derecho humano en una clara ley transformada  con ese DNU 70 del 2017 de violación a los derechos humanos. Primero, la violación al principio de debido proceso. Segundo, el derecho a contar con defensa y asistencia legal. Tercero, la restricción a un control amplio y suficiente del Poder Judicial sobre los actos de la autoridad administrativa. Cuarto, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante sin definir las causas que la habilitan. Quinto, la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias.

Es decir que las consecuencias de ese DNU agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria, con sentencia judicial. Hasta el Comité de Protección de los Derechos Trabajadores Migratorios y su Familia, el Comité contra la Tortura, habían recomendado derogar el 70/2017 del gobierno de Macri.

En concreto, en síntesis, como conclusión, la derogación del decreto 70 vuelve a la vigencia del espíritu y la letra de la ley migratoria 25871/2004. Además, en el decreto de derogación ordena una comisión asesora para nuevas políticas en cuestión migratoria y la actualización de la ley del 2004 en su espíritu de la migración como derecho humano. 

SF: Ya pasaron casi 20 años de la sanción de la Ley de Migraciones y si bien sufrió modificaciones para bien y para mal, ¿cómo ves la situación migratoria actual?, ¿qué cosas creés que continúan siendo una deuda con la población migrante? Me acuerdo de una conferencia que diste por el Bicentenario donde hablabas de la situación de los refugiados en Europa. La situación en Argentina es distinta, pero quizás podés hacer un balance. 

RG: La derogación del decreto 70 significó un paso fundamental para garantizar el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar la situación de las personas migrantes. Ese decreto tuvo una clara motivación, la de vincular a los migrantes con el delito con lo que la vieja Ley de Residencia y la ley Videla planteaban: vulneraron los derechos, las garantías de los migrantes a la reunificación familiar. Todo ese decreto había significado un giro en el rol de liderazgo en la materia que la Argentina tenía a nivel regional y mundial, que consideró siempre a la 25.871 como un ejemplo en el tema que hoy el mundo discute, el de las migraciones. 

La realidad actual muestra que la xenofobia no ha desaparecido, que el maltrato al migrante se sigue produciendo y que el migrante forma parte del sector más golpeado de la sociedad. La inmensa mayoría de los migrantes son pobres. Su inserción laboral, social y educativa sigue siendo bastante complicada. 

Sin embargo, vemos que Argentina es un país de acogida positiva para muchos que desde América Latina ven a nuestro país como una posibilidad de desarrollo social, educativo y humano. Lo vemos todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario o del interior del país. 

SF: ¿Cuál creés que debe ser la tarea de la izquierda y del progresismo en Argentina para el tratamiento de la cuestión migratoria a nivel nacional y regional?

RG: La tarea de la izquierda en la cuestión migratoria nacional y regional es fundamental porque hace a la defensa de los derechos humanos. Vivimos en un mundo que levanta muros, que extiende alambrados, como lo hizo Donald Trump con México, como lo hace Europa con África. Han transformado el Río Bravo y el Mediterráneo en dramáticos cementerios de niños, adolescentes y mujeres. 

La tarea de la izquierda allí donde esté es promover leyes y acciones que respeten a la migración como el primer derecho humano y militar por la unidad y la integración de América Latina. Para la izquierda, la patria es la humanidad. Entonces, su deber es estar al lado de los millones de mujeres y hombres que migran y migrarán en busca de mejores condiciones de vida, como ha sucedido a lo largo de toda la historia. 

El camino de la paz y la solidaridad es la concreción de una aldea global sin fronteras artificiales.. Allí es donde está el lugar de la izquierda. 

SF: Nos gustaría que nos transmitas algún mensaje por haber sido el primer senador socialista después de 44 años, el cuarto senador socialista de la historia argentina. ¿Cómo es para un socialista estar en el Senado, un ámbito muchas veces restringido pero al mismo tiempo tan importante para la cultura democrática del país?

RG: Para mí, llegar al Senado en el año 2003 fue una tremenda responsabilidad después del lugar que ocuparon Enrique del Valle Iberlucea, Juan B. Justo y Alfredo Palacios. Ellos fueron los que iniciaron la presencia del socialismo en el Congreso Nacional, el nuevo derecho para los trabajadores y la justicia social en la República Argentina.

La tarea socialista, desde una banca, la entendí siempre desde un lugar de militancia en un sentido colectivo. A pesar de ser minoría, conseguimos la sanción de leyes importantes. La tarea pendiente hoy es producir una reforma tributaria integral que concrete una distribución del ingreso hacia los que menos tienen. Que paguen los que más tienen y los que más ganan. 

La tarea en el Congreso hoy debe ser la defensa inclaudicable del ambiente. Por tal motivo, denuncié el contrato YPF-Chevron y lo hice público, porque a través del fracking contamina nuestra Patagonia. La defensa del derecho de los trabajadores y el derecho a la igualdad debe ser siempre lo que guíe la acción socialista, buscando siempre recorrer el camino junto a las mayorías del país que quieren mayor libertad, igualdad, justicia y solidaridad. 

El siglo XXI nos demuestra cada día con mayor dramatismo que la globalización capitalista neoliberal produce mayores niveles de desigualdad, de pobreza, de marginación y contaminación del planeta. Allí donde haya injusticia, habrá socialismo. Debemos sumar nuestra voz a la voz de millones que cada día trabajan en nuevas luchas, ideas y perspectivas de un mundo más justo. Eso es lo que tenemos que realizar todos los días.