La vía chilena hacia el Socialismo: una experiencia derrotada

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por Alejandro Rofman

A raíz del cincuenta aniversario del gobierno de Salvador Allende, le pedimos al economista socialista Alejandro Rofman,quien fue testigo del breve gobierno de Allende, una reflexión sobre esta experiencia. En septiembre de 1970, se encontraba en Santiago brindando un curso para la CEPAL. El 4 de ese mes se realizaron las elecciones en las cuales resultó triunfador Allende por un estrecho margen. Rofman pudo participar -junto a otro socialista argentino, Lucio Geller- de los sucesivos actos y discursos por la victoria. Luego, en los años siguientes, retornó varias veces a Chile por su labor académica. De esta manera contamos con el testimonio de un extraordinario economista  sobre la experiencia de la vía chilena al socialismo.

El 11 de septiembre de 1973 se cierra un ciclo político en la vecina República de Chile de enorme trascendencia. Ese día un golpe militar sangriento realizado con una estrategia muy bien pensada desde el punto de vista bélico, destruye parte de la casa de gobierno. El edificio denominado Palacio de la Moneda en Santiago de Chile  estaba ocupado por quien ejercía la presidencia: el Doctor Salvador Allende. La acción bélica arrasa la construccion histórica , que representaba el símbolo de la democracia chilena , en forma despiadada, arremetiendo contra los que en ese momento estaban defendiendo la institucionalidad constitucional, con bombardeos sistemáticos de la fuerza aérea y ataques de tierra de la Infantería del ejército. En el tumulto muere el presidente chileno que había defendido el imperio de la Constitución hasta el último minuto, y se abre una noche trágica para el pueblo vecino que dura hasta finales de la década siguiente. El gobierno de la Unidad Popular que encabezó el compañero Salvador Allende del Partido Socialista, ejercía  el mandato popular consagrado en las urnas el 4 de septiembre de 1970 para establecer vía una elección democrática y un gobierno ceñido a los cánones de la Constitución Nacional, un régimen político que intentaba avanzar decididamente hacia un  nuevo sistema económico-social, mediante un proceso que se denominó en ese momento, la “Vía chilena al socialismo”. Es decir, la mayoría relativa de la sociedad chilena había apoyado poco más de 3 años atrás un proyecto consagrado a transformar las bases mismas de funcionamiento de la sociedad basado  en el respeto absoluto a la Constitución nacional, a la vía electoral, a la libertades civiles básicas, a la democracia parlamentaria, al respeto a las personalidades que estaban nombradas en la Corte Suprema y en el sistema judicial. O sea, lo que pretendía el gobierno de la Unidad Popular constituído por todos los partidos de izquierda y centro izquierda del país, encabezado por los dos más numerosos -el Partido Socialista y el Partido Comunista-, era implantar un proyecto de país que abandonase el régimen capitalista y lo reemplazase por otro, de neto perfil socialista, para favorecer a los sectores más humildes del país. Era la cuarta vez que Allende encabezaba una Alianza Popular que se presentaba a elecciones, y la primera en que logra la primera minoría relativa, un 35%, un punto más que la democracia cristiana. Era una experiencia inédita que aparecía en el escenario político latinoamericano, a través de las urnas, no violento, y respetuoso de las garantías básicas constitucionales y de  la práctica de sus normas democráticas . Se pretendía,claramente, instalar un proceso interno de profundas transformaciones estructurales con la manifiesta intención de sentar las bases de una Nueva Sociedad. Sin explotación social, gobernada en nombre de los trabajadores y orientada a solucionar los graves problemas de pobreza,atraso y exclusión social  de la mayoría de la población, sujeta a un sistema de dominación y subordinación anclado en la vigencia de un descarnado modelo capitalista. La consigna básica del proyecto de la Unidad Popular consistió en afirmar el derecho de los sectores  populares de apropiarse de la  generación del excedente económico hasta entonces captado por los dueños del capital concentrado, en el campo y en las ciudades, a fin de que se constituya dicho excedente en el soporte material destinado a cambiar de raíz las leyes fundamentales de comportamiento del proceso productivo tendiente a mejorar sustancialmente el nivel de vida de los que menos recursos tenían. 

El triunfo popular en las urnas fue también el resultado  de los cambios políticos que se estaban dando en gran parte de América Latina. Hacía escasos 10 años de la Revolución Cubana. y a ello le siguieron experiencias del perfil muy progresista y transformador, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador y en menor medida en Venezuela. Constituían realmente una esperanza muy grande para los sectores populares,en Chile  las  promesas  del gobierno de la Unidad Popular sobre la puesta en marcha de un régimen de inclusión y justicia social, sobre nuevas bases de sustentación inspiradas en los  escenarios esperanzadores de un socialismo adaptado a normas democráticas dispuesto a abandonar al capitalismo como sistema generador de injusticia y explotación. El programa de la Unidad Popular aspiraba a cambiar el cuadro económico y social del país de un proceso de desarrollo capitalista totalmente insuficiente para favorecer a los sectores de menor ingreso con gran presencia de la inversión extranjera en los sectores estratégicos de la economía y una actividad agropecuaria basada en la explotación del campesinado y el predominio del latifundio.

Los principios fundamentales del proyecto fueron los siguientes:

  1. Profundizar la Reforma Agraria que había comenzado en el período de la democracia cristiana anterior, nacionalizar las actividades económicas básicas, cobre, salitre, hierro, la banca, la industria petroquímica, química, el petróleo, y crear el área de propiedad social compuesto por las principales empresas privadas del país para guiar el proceso de crecimiento y la acumulación de capital en manos del Estado.
  2. Incrementar en proporciones importantes el gasto social para afrontar la necesidad de modificar la calidad de vida de la mayoría de la población, a partir de impulsar la educación gratuita en todos los niveles, socializar el sistema de prestación de la salud, ampliar la construcción de vivienda social y cubrir todos los déficits de infraestructura social urbana . Propender a una profunda redistribución del ingreso tratando de que el aumento del salario de los trabajadores y de ingreso real de los campesinos supere en forma creciente los niveles de incrementos de precios.
  3. En el plano de las relaciones internacionales, se postulaba la adhesión al Movimiento de Países no Alineados del Tercer Mundo y se expresó con firmeza la voluntad de acompañar a la Revolución Cubana en su estabilidad y en rechazo al bloqueo de Estados Unidos. 

Este programa muy progresista, se decía en los postulados de la propuesta triunfadora del 4 de septiembre de 1970, abría el camino a la implantación del socialismo en Chile por una vía que no fuera la vía militar o la vía de la insurrección, manteniendo claramente los patrones básicos de la democracia burguesa.

Realmente fue una experiencia muy novedosa en términos de las que habían transcurrido en forma semejante en el espacio latinoamericano con el paradigma de Cuba, y fue al principio fuertemente boicoteada, petardeada, descalificada y atacada por las fuerzas conservadoras internas que llevaron su candidato pero que salió bastante rezagado en la consulta electoral -en tercer lugar- y con 10 puntos menos que el que detentó la Unidad Popular triunfante. Al mismo tiempo, la Democracia Cristiana, influida por un sector interno muy activo que simpatizaba con las  ideas de  la coalición triunfante y que había logrado imponer el candidato a presidente, el Dr Radomiro Tomic, vocero del ala progresista del partido, firmó un acuerdo de garantías con la coalición gubernamental para preservar la vigencia de la democracia parlamentaria como forma de gobierno.

Hubieron serios intentos de impedir el acceso al poder de Salvador Allende,  maniobras claramente descriptas en los documentos desclasificados del Departamento de Estado y la CIA años después mostrando cómo se habían hecho directas intervenciones, incluso con soborno de dinero para promover a sectores militares que pudiesen acompañar un golpe de estado, a fin de impedir el acceso al poder de las fuerzas transformadoras de la Unidad Popular [1]. Se llegó al extremo del asesinato del que era por entonces  el comandante en jefe del ejército, el general Renee Schneider un férreo defensor de la institucionalidad y por ende respetuoso de la decisión de las mayorías populares expresadas con su voto.

El 4 de diciembre de 1970 asume Salvador Allende, y desde el principio se manifiestan claramente el perfil avanzado de las políticas económicas y sociales que se implantan, y que se habían prometido en la campaña electoral. Se avanza en la Reforma Agraria con la distribución de las tierras a campesinos en forma muy acentuada con la expropiación de grandes latifundios. Chile era un país bastante intensivo en producción agropecuaria, tenía un perfil en ese aspecto muy parecido al de gran parte de los países de la sierra y de la Cordillera de los Andes como Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Además tenía una actividad madre central que era el motor del crecimiento permanente de las exportaciones, que consistía en la explotación del cobre, actividad que había sido convertida en una empresa mixta entre el Estado y el capital estadounidense que compartían su administración de acuerdo a una ley aprobada antes de la asunción de Allende. El nuevo congreso en el año 1971, transformó a la industria del cobre como a la del salitre, la del hierro, la del petróleo, etcétera, en empresas estatales. Y además se creó lo que se llamó el área de propiedad social, compuesta de más de 90 empresas que eran las líderes en la actividad productiva nacional, y que intentaron transferir al Estado nacional mediante la vía legislativa de la expropiación. Esta iniciativa, la más estratégica en el sentido de controlar el espacio generador del excedente económico del sector industrial, tuvo serias dificultades porque en el Congreso la Unidad Popular era minoría. A fin de presionar al Parlamento se sucedieron continuos procesos de ocupación de las empresas por parte de sus comités internos de trabajadores, creándose  numerosos conflictos  que debilitaron la posibilidad de conformar el Sector Social de la Economía.

En el primer año  del gobierno (1971) dos circunstancias fundamentales marcaron el derrotero del proyecto. Por un lado el Ministerio de Economía estuvo a cargo de un destacado economista que provenía de la CEPAL el doctor Pedro Vuskovic, que tenía claramente el objetivo de transformar el proceso productivo convirtiéndolo  en una estructura compuesta por actividades económicas que lideraban por su magnitud dicho proceso y que pasaran a manos del Estado , mediante expropiaciones admitidas por una ley nunca derogada del año 1932. Este conjunto de  unidades productivas en vías de estatización aseguraban el nuevo derrotero del proceso de acumulación y de generación del excedente econòmico imprescindible para apuntalar la planificaciòn hacia el Socialismo. Esa gestión tuvo en el período un segundo punto clave en su desenvolvimiento, que fueron las elecciones municipales en febrero de 1971 en donde la sociedad chilena se manifestó con más del 50% de los votos favorables a la propuesta del gobierno de la Unidad Popular.

Los avances sociales fueron significativos a medida que el gobierno lograba concretar, como se dijo, aspectos esenciales del programa prometido a la sociedad en el año 1970 y acrecentaba sensiblemente el apoyo popular. Bajó la desocupación estructural, se elevó el salario real general y mejoraron sensiblemente las condiciones de funcionamiento del sector de servicios básicos como salud, educación y vivienda. Sin embargo, el paso a manos estatales de  los grandes núcleos productivos urbanos impidieron que el Estado pudiese acrecentar el ritmo de la acumulación del excedente en condiciones de financiar su nuevo y dominante rol en la construcción de otra sociedad. A fines de 1971 ya se advertía la incapacidad de controlar los resortes necesarios para que avanzase la transición del modelo capitalista extractivo a uno nuevo donde la diversificación productiva y para que los beneficios de las empresas a controlar por el sector  público apuntalasen la concreción del programa de planificaciòn económico diseñado.

Se fueron consolidando , como frente opositor unificado,  las fuerzas económicas sociales y políticas que estaban siendo cada vez más perjudicadas por el proceso de redistribución del ingreso y de la propiedad. Este problema no fue el único ni quizás el más importante en términos de poder avanzar en la construcción de una sociedad socialista por vía democrática. La cuestión central era quién controlaba el poder, quién podía manejar los recursos globales del sistema económico a medida que el avance de la propiedad social en manos del gobierno y de la producción agraria en manos de los campesinos, modificaban de raíz la estructura social y por ende la relación de fuerzas. 

¿Cuáles fueron los grandes inconvenientes que surgieron en la gestión pese a los muy buenos indicadores económicos y sociales que la actividad global de la economía iba mostrando sobre todo en el año 1971? Hacemos mención a los avances significativos en términos de reforma agraria, que posibilitó a alrededor de 200.000 campesinos acceder a la titularidad  de sus predios, la incorporación a la propiedad social de algunas de las grandes empresas, el control público del crédito bancario a través de la nacionalización del sistema financieros (bancos y seguros), creación de incentivos al aumento productivo por la mayor capacidad adquisitiva de la población, que se tradujo en una baja fuerte del desempleo, manejo por parte del Estado de los ingresos en divisas por la estatización del cobre y del comercio exterior, etcétera.

Los inconvenientes cada vez más serios tuvieron lugar desde dos dimensiones claves del proceso desenvolvimiento de la sociedad. Por un lado la resistencia de la derecha económica y política que fue progresivamente impulsando fuertes remarcaciones de precios y serios problemas de abastecimiento. Por el otro las exigencias de los sectores más radicalizados de la Unidad Popular interesados en avanzar con creciente profundidad,  fundamentalmente compuestos por trabajadores de los sectores industriales. Así, el proceso fue torpedeado por el Parlamento por las fuerzas del centro y la derecha que no aceptaban consagrar por vía legislativa todas las medidas de fondo como la estatización de los grandes emprendimientos económicos, en particular, los del sector industrial. Se abrían entonces dos opciones. O amenguar el ritmo de la  implantación inicial de las bases de un modelo en transición decidida hacia el Socialismo y, por ende, acordar con la mayoría relativa de la derecha, que por supuesto aspiraba en las elecciones del año 73 a convertirse de relativa en absoluta, o  avanzar con rapidez con el programa político , aún a costa de agudizar enfrentamientos o  procedimientos de facto reñidos con la sacralidad del sistema democrático a fin de transformar las bases del Estado y dotarlo de poder de acumulación y capacidad de cambio estructural.

El grueso del excedente apropiado por los grandes monopolios industriales, exportadores financieros y comerciales, al ser crecientemente estatizado le exigia al Estado capacidad para administrarlo y orientarlo a financiar su expansión ordenada y a satisfacer las necesidades internas con el apoyo de una industria que pudiese proporcionar bienes imprescindibles para la calidad de vida de la población. Lamentablemente el proceso de acumulación que parecía en los papeles muy promisorio, dada la captación por parte del Estado de gran parte del excedente que históricamente perteneció a la derecha económica, tuvo serias dificultades para formalizarse en volumen suficiente como para torcer el perfil del proceso de acumulación. Por un lado aparecieron, como dijimos, tensiones inflacionarias muy serias que no lograban con su presencia que se pudiese manejar adecuadamente el proceso de captación y transferencia del excedente. Y la decisión adoptada para que la inflación no distorsionara el programa económico -el congelamiento de precios- resultó notoriamente ineficaz. La inflación se empezó a desbordar, en parte precisamente porque como decíamos las transferencias de las actividades del sector empresarial concentrado al Estado no tenía la dinámica inicialmente prevista, y porque no había capacidad para realizar una gestión adecuada en términos de nuevas inversiones por los conflictos económicos que la derecha planteaba. Se empezaron a acentuar los fenómenos del acaparamiento, de la especulación, del desborde de los precios. Había realmente una excesiva capacidad de la derecha económica en controlar los canales de comercialización, y eso lo llevó a un creciente proceso de desborde inflacionario.

Al mismo tiempo, como comentamos previamente, la interferencia de la derecha económica en la capacidad de gestión global de la economía se fue convirtiendo en la mejor herramienta de enfrentamiento político. Entonces en ese sentido cada vez más la especulación y el acaparamiento  ponían en tela de juicio la capacidad de acumular por parte del Estado. A finales del año 71 y a inicios del 72, un debate interno muy fuerte se planteó en el gobierno. Por un lado los funcionarios que venían controlando el proceso económico a través de Vuskovic postulaban que la única solución era crear poder popular, avanzar decididamente en la intervención física y en la adquisición con compensaciones o incluso sin ellas de las grandes empresas, es decir profundizar el proceso. Por el otro lado, la presencia de escasez y mercado negro y de aumento desmedido de los precios, retrajo el apoyo de sectores medios que empezaron a fortalecer el enfrentamiento político. La oposición marcada en lo  político a través del accionar conjunto en el Congreso de los dos partidos que representaban a ese espacio de la sociedad (democristianos y conservadores), fue adquiriendo una creciente orientación de carácter golpista estimulado por el temor que les provocaba la creciente radicalización de la base trabajadora, que en los cordones industriales de las grandes periferias de los principales asentamientos urbanos del país, pujaban por esa profundización a partir de una táctica que se fue generalizando: la ocupación de las fábricas.

En el año 1972 desde el Ministerio de Economía se pedía transformar los enunciados y declaraciones sobre la participación en un poder real y efectivo de los trabajadores. Otras voces similares del equipo que dirigía Vuskovic sostenían que mantener el cuadro de política económica del año 71 era inútil e imposible. Las nuevas condiciones mostraban descaradamente las limitaciones en la capacidad de dirección y control del Estado chileno construido para regular una sociedad capitalista y no para conducir un proceso de transición al socialismo. El analista que estamos citando concluía: “Sin una actividad intensa de existentes y nuevas organizaciones de masas que modifiquen con su presencia la naturaleza del Estado, y sin la Constitución y efectivo dominio del área de propiedad social, la política económica es superada, descalabrada, por la intensidad de las contradicciones sociales.”[2]. Esta conclusión surgía de un lúcido análisis sobre la naturaleza del Estado en un proceso de transición al Socialismo. Se afirmaba, por ende, que mantener el cuadro de política económica de 1971 era inútil e imposible. Es que se argumentaba: ”…con las nuevas condiciones emergen descarnadamente las limitaciones de la capacidad de dirección y control del Estado chileno construido para regular una sociedad capitalista y no para conducir el proceso de transición al socialismo”[3].

Aparece entonces, un conflicto entre un ala del gobierno que pretende realizar el proceso de profundización, incluso, más allá de las normas legales vigentes, y otra que busca algún acuerdo con la oposición para permitir que el parlamento funcione, moderando el avance de las medidas más transformadoras. Vuskovic a mediados de los 72 renuncia, y se hace cargo del Ministerio de Economía un dirigente del Partido Comunista que manejaba una óptica económica muy diferente, llamado Orlando Millas. El Partido Comunista junto a Allende y una minoría del socialismo hablaba de una correlación de fuerzas que se deterioraba, lo que exigía “un retroceso táctico”. No pretendía acentuar sino moderar los enfrentamientos. Quería limitar la emisión monetaria asignándole a ésta el rol de impulsor de la inflación, no reconocía criterios desenvueltos por los sectores muy importantes del proletariado que tomaban las riendas de las empresas en sus propias manos sin esperar ser expropiadas. En la visión del  modelo económico que propugnaba Millas las instituciones sembradas en todo el espacio territorial como consejos obreros, cordones industriales y asambleas populares, eran objetivamente sólo formas del anarquismo pequeñoburgués que debilitaban el funcionamiento de la actividad económica, y colaboraban en el desabastecimiento y la anarquía productiva. Esta contradicción que en la segunda fase del proceso económico incluso tuvo correlato político en el ingreso de importantes personeros de las Fuerzas Armadas a cargos políticos significativos y relevantes como el Ministerio del Interior mostró palmariamente que el criterio que se había impuesto conllevaba quizás una fórmula de avenimiento con la mayoría parlamentaria opositora, fundamentalmente la Democracia Cristiana, pagando el costo de moderar, de limitar, de enfriar el avance irresistible que planteaban fundamentalmente la mayoría del partido socialista y sectores de izquierda que habían logrado movilizar las bases populares [4]. 

El conflicto nunca se pudo resolver, tal es asì que los militares que se hicieron cargo de puestos claves en el manejo del gobierno de Allende (Prats, jefe del Ejército, como Ministro del Interior) terminaron por renunciar. Ello ocurrió cuando los pactos con la democracia cristiana, que parecían una vía posible para tranquilizar la actividad económica y lograr consensos que moderasen el desabastecimiento, la especulación y la inflación que se habían vuelto males intolerable para todos, no pudieron avanzar.

En los inicios de 1973 el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones legislativas con más del 43 % de la votación le permitió avanzar decididamente (aunque sin lograr mayoría absoluta) en el Congreso. La opción democrática, con este resultado, se tornaba inviable para la derecha económica y política. Esta última confiaba en que en la elección legislativa iba a triunfar ampliamente y  que ello le iba a otorgar mayoría parlamentaria suficiente  para frenar los intentos de profundización del programa de la Unidad Popular e, incluso, contar con los votos legislativos suficientes para  invalidar la continuidad de Salvador Allende como Presidente por la vía parlamentaria. Como tal objetivo no se pudo alcanzar los promotores del cambio violento enrolados en la oposición reforzaron su postura  de no negociar con el gobierno y de alentar su derrocamiento.

El gobierno, ya entrado 1973, debió así enfrentar una oposición claramente decidida  a utilizar herramientas de presión muy definidas. La principal de ella fue el uso irrestricto  de los medios de comunicación, ampliamente controlados por las huestes contrarias al gobierno para descalificarlo en forma permanente, difundiendo noticias falsas con supuestas medidas muy irritativas para los sectores medios de la sociedad. Se decía, por  ejemplo por entonces y públicamente, que el gobierno iba a sustraer de sus hogares centenares de miles de niños para enviarlos obligadamente a la Unión Soviética a fin de imponerles el comunismo como idea central para que regresaran al país y fueran factor de disolución de la convivencia interna . Acompañando esta prédica junto a la difusión de toda clase de rumores apocalípticos comenzaron a sucederse conflictos gremiales que involucraban sectores estratégicos de la actividad económica. El principal y más extendido y profundo fue el de la huelga de los camioneros por tiempo indeterminado desatada ya entrado el año 1973. El transporte interno de cargas del país descansaba en el accionar de camioneros independientes que trasladaban mercaderías por todo su territorio abasteciendo el consumo de la industria y de las personas.. Este gremio  de patrones independientes, con esa huelga basada en reclamos que parecían justificados pero que nunca terminaban  de satisfacerlos, acentuó dramáticamente los problemas de escasez, desabastecimiento de las empresas y también un proceso hiperinflacionario ininterrumpido. Ello agudizó de modo crítico la radicalización del cuadro político y el descontento generalizado de los sectores medios y altos de la sociedad. El gobierno intentó negociar con la democracia cristiana un nuevo Pacto de Garantias, a fin de resguardar el sistema democrático ofreciendo concesiones pero la oposición, básicamente apoyada y financiada por la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, no accedió a un acuerdo  En varios momentos del tumultuoso proceso el acuerdo- apoyado por algunos sectores internos de  la Democracia Cristiana temerosos de la destrucción de la convivencia democrática si se imponía una solución de fuerza- pareció  a punto de firmarse pero el ala más dura de la derecha impidió que la solución  acuerdista se concretara. Merece ser  recordado, al respecto, que según documentos secretos desclasificados por el gobierno estadounidense años después, se confirmó plenamente que la huelga de los camioneros fue financiada por la CIA.

Tras un alzamiento de un regimiento de tanques tres meses antes, que provocó el desplazamiento del general constitucionalista Adlolfo Prats de la jefatura del Ejército y la asunción del general Augusto Pinochet, el Golpe gestado desde adentro con poderosos aliados  de afuera derrocó al gobierno de la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973, como lo recordé al inicio de este texto. Muchos años después otros documentos desclasificados de los archivos de la CIA y el Departamento de Estado  de los Estados Unidos de América confirmaron la intervención directa de las autoridades máximas del país del Norte en el Golpe Militar comandado por el flamante jefe del Ejercito Augusto Pinochet. Esos documentos certificaron que la prensa cotidiana de mayor difusión, el diario El Mercurio, el de mayor tiraje y conocimiento colectivo  recibió enormes recursos de la CIA, como lo admitió públicamente el director del matutino, hijo del que ejerció ese cargo en la empresa periodística antes y durante la Dictadura, el Sr. Agustin Edwards.

La alianza compuesta por los medios de comunicación, los integrantes de la gran burguesía terrateniente, industrial, comercial , de servicios  y financiera fuertemente dañada por las expropiaciones y ocupaciones de hecho y la Justicia, cuyo plantel no fue modificado por el gobierno popular, fueron una permanente barrera para los avances estructurales de la política oficial. Los sectores del golpismo militar, desplazado su jefe del Ejército -el gral Prats -se constituyeron en el instrumento  que interrumpió  el proceso democrático  instaurando una dictadura sangrienta y genocida, precisamente el 11 de septiembre de 1973. La Dictadura revirtió todos los avances económicos y sociales y se sostuvo con una represión muy acentuada, hasta fines de la década siguiente, cuando un plebiscito nacional determinó su finalización y el llamado a elecciones.

¿Qué lecciones nos deja esta inédita experiencia orientada a instalar una Nueva Sociedad sin privilegios ni explotación social mediante el pleno funcionamiento de  las instituciones de la Democracia formal?

En primer lugar quedó bien claro el peso determinante de la intervención directa de Estados Unidos de América en el intento, desde el primer día después del triunfo de Allende, de impedir, a como dé lugar, la  asunción del cargo presidencial, primero, y su permanencia, después.

En segundo término, cabe preguntarse si  es factible producir un cambio de  sistema económico-social del propuesto por la Unidad Popular y, al mismo tiempo, respetar escrupulosamente los marcos de acción del proceso constitucional y democrático de una sociedad en América Latina. Claro está que estamos haciendo un análisis a 50 años de su existencia, con un contexto interno diferente al de hoy y una realidad internacional muy distinta. La mayoría del pueblo chileno decidió hace medio siglo emprender la muy dura y difícil tarea de desterrar el capitalismo de Chile y construir otra sociedad que se suponía  iba a saldar las enormes desigualdades entonces vigentes y las carencias sociales básicas que padecía la mayoría de la sociedad. Se aspiraba a un proyecto realmente monumental, una verdadera utopìa. Sin apoyo externo de magnitud el intento parecía extremadamente difícil. Había en la imaginación de los conductores del proceso de la UP el espejo en el  triunfo de la Revolución Cubana diez años atrás, pero la toma del poder por Fidel Castro y sus seguidores se hizo de modo muy diferente al de Allende .En Cuba se modificó de raíz todo el esquema previo de relaciones de poder y se conquistó de modo efectivo el control del Estado. Párrafos previos hicimos alusión a la discusión interna de la UP cuando ya entrado el año 1972 se advirtió que sólo se podía avanzar si se contaba con la creación de un nuevo Estado. En su momento viendo para nada factible que ello se pudiese alcanzar en lo inmediato se optó para mantener la institucionalidad democrática, con la propuesta de  encontrar puentes con los sectores supuestamente màs moderados de la oposición, descartándose por Allende y sus cercanos seguidores  una opción de enfrentamiento, con la inevitable ruptura de presupuestos básicos de dicha institucionalidad. Esta discusión que no se saldó dentro de la UP fue la madre de todos los conflictos internos que, no solamente mostraron un frente interno marcado por las diferencias de cómo construir una nueva hegemonía. Las diferencias citadas repercutieron negativamente al interior del gobierno y de las fuerzas políticas y sociales que lo sostenían restándole  energías y dirección firme. En un continente donde la supremacía de Estados Unidos es casi imposible de eludir, como lo muestran tantas fallidas experiencias de construcción de opciones políticas reformistas o revolucionarias en diferentes países latinoamericanos desde hace muchas décadas, se tornó evidente la fragilidad estructural del Proyecto

El control del Estado era el requisito fundamental de un proyecto alternativo que pretendía modificar radicalmente el régimen de acumulación pero que tenía serias dificultades para concretar suficiente capacidad para impulsar la formación y el destino del capital productivo. El excedente fue siendo progresivamente apropiado (estatización del cobre y control de importantes núcleos productivos así como el comercio exterior) pero por múltiples razones se fue esfumando sin poder aplicarse a los objetivos primigenios. El segundo, tan fundamental como el anterior, es que quien asume el  objetivo de imponer la implantación de un nuevo esquema de poder basado del Estado en la propiedad de gran parte del capital desplazando a la propiedad privada, mucha de ella en manos de multinacionales extranjeras, debería haberlo hecho contando con una hegemonía manifiesta del Poder, en especial de las instituciones que ejercen la fuerza para reprimir reacciones desestabilizadoras  del régimen de acumulación previo.

La soledad de la experiencia a nivel internacional y latinoamericano y la imposibilidad de avanzar en el control real del poder represor del Estado fueron impedimentos esenciales para modificar el cuadro político cada vez más problemático. La opción ensayada desde mediados de 1972 para acordar el “retroceso táctico” y buscar acuerdos con la oposición podía ser factible para asegurar la supervivencia del Proyecto si el mismo fuera de perfil reformista pero no revolucionario. Podría haber tenido lugar una fórmula de avenimiento entre gobierno y oposición tal como parecía posible a mediados de 1973 pero ello, sin  lugar a dudas, hubiera sido a costa de abandonar gran parte del proyecto con los consiguientes retrocesos en las políticas sociales muy efectivas hasta entonces. 

Este análisis final puede resultar a la vista de quienes lo leen marcadamente pesimista.  Pero la correlación de fuerzas cada vez era más desfavorable para el gobierno, entre la arremetida frontal del centro-derecha con el apoyo externo, la crisis económica de hiperinflación y desabastecimiento y la divergencia interna de la UP sobre el camino a seguir. La  estabilidad democrática-institucional del país desde 1930 y el respeto formal de todos  al “legalismo” parecían asegurar que nadie se atrevería a quebrar  el orden constitucional. Pero en el trasfondo  el Poder real representado por la Alianza arriba descripta acumulaba crecientes fuerzas y la capacidad de las autoridades políticas se debilitaba día a día para ofrecer soluciones y detener la carrera inexorable del “golpismo” (lo comprobé personalmente pues por razones laborales estuve en Santiago el 4 de septiembre de 1970 y más tarde en varias oportunidades)

Es evidente que una iniciativa de la envergadura como la que encarnó la UP, para consolidarse y profundizarse, debería haber  sorteado los embates de la derecha económica y política con  una estrategia de acumulación de fuerzas en la disputa por el poder pero que no pudo construir. Una hipótesis del por qué no se había sabido o podido armar un fuerte sustento al nuevo Proyecto podría resumirse así: encarar una programa contrahegemónico en profundidad y confiar que la legalidad democrática garantiza que su éxito se va a producir porque todos están dispuestos a respetar tal legalidad es una visión por demás ingenua de las tramas reales de constitución del poder hegemónico. El “juego limpio” con lo valioso que puede ser no debe cerrar opciones de construcción social que refuercen al máximo la capacidad del Estado en transformación para actuar decididamente en pos de los objetivos propuestos  Y esto vale también, observando nuestra realidad latinoamericana contemporánea, para las experiencias reformistas iniciadas en los albores de este siglo y, en no pocas ocasiones, destruidas por los intereses internos y externos dominantes sin piedad, con similares actores que representan los intereses arriba descriptos presentes medio siglo atrás y muy poco respetuosos de la legalidad formal.

Queda entonces como enseñanza que un cambio profundo de la realidad requiere acumulación de Poder en torno a un nuevo Estado en todas sus dimensiones para apuntalarlo, sin lo cual se transforma en una aventura irrealizable.


Notas

[1] Luis Corvalán Marquez, “Las acciones encubiertas norteamericanas según documentos desclasificados por los Estados Unidos”. Universidad Academia Humanista Cristiana. Tiempo Histórico Nos. 2 Santiago, Chile 1989, páginas 117-132.

[2]  Roberto Frenkel, Salarios, precios y control social (mimeo) Santiago de Chile, 1972.

[3] R. Frenkel, op. Cit

[4] José C. Valenzuela Feijoo. El gobierno de Allende. aspectos económicos. Revista de la Facultad de Economia BUAP Año XII,No 33