Eric Hobsbawm: Chile: año uno

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por Eric Hobsbawm

I

Desde que Marx lo hizo en 1872, los marxistas han admitido que en teoría son posibles la transferencia constitucional del poder y la transición pacífica al socialismo. La perspectiva futura de una transición de estas características, sin embargo, permanece en tinieblas; la bibliografía marxista sobre ella es escasa y más abstracta que concreta, probablemente porque para esta discusión falta casi por completo alguna experiencia práctica relevante. Hasta ahora ninguna economía socialista empezó a existir sino por transferencias de poder violentas y no constitucionales.

Esto viene al caso del Chile de hoy, más único que raro. Hasta noviembre de 1970, cuando Salvador Allende asumió como Presidente, los ejemplos históricos que podrían aspirar a presentarse como transiciones legales al socialismo pertenecían a tres tipos, todos ellos parejamente inútiles como precedentes.

En primer lugar, hay numerosos ejemplos de transferencias del poder, pacífico o no tanto, a gobiernos socialdemócratas o laboristas. Desafortunadamente ninguno de ellos hizo intentos por introducir el socialismo y la mayoría de ellos ni siquiera quería hacerlo.

En segundo lugar, tenemos los frentes populares de la década de 1930, a primera vista pueden parecer bastante similares a la Unidad Popular (UP) chilena, ya que eran esencialmente frentes unidos de socialistas y comunistas dentro de una alianza electoral más amplia de centro-izquierda. Esta alianza implicaba una teoría de las vías no insurreccionales al socialismo, al menos entre los comunistas, pero en la práctica este punto de vista resultaba académico.

De hecho, los fines políticos inmediatos de tales gobiernos eran defensivos -revertir la marea del fascismo- y pocas veces tenían la oportunidad de ir más allá. En todo caso, la configuración de las fuerzas políticas era tal que los comunistas, y muchos socialistas comprometidos, por lo general no estaban en una posición que les permitiera dominar la alianza, y por lo tanto no podrían haber llegado mucho más lejos, aun si la política de la Unión Soviética y de la Comintern los hubiera alentado siquiera a dar un paso más, algo que no ocurría. Así sucedió con el Frente Popular chileno de 1938, en el cual dominaban los Radicales, una fuerza política de clase media.

En tercer lugar están los gobiernos de unión antifascista que emergieron en la lucha contra Alemania al fin de la Segunda Guerra Mmundial en varios países europeos. Estos pueden ser considerados la extensión lógica de la estrategia del frente popular, y hay pocas dudas de que una transición gradual y pacífica al socialismo estaba en las mentes de los comunistas y de muchos socialistas de la resistencia que participaron en ellos. Las discusiones sobre la naturaleza de la “democracia del pueblo” en los años 1943-1947 lo vuelven muy evidente.

Sin embargo, aun si dejamos pasar la lucha armada de la cual estos regímenes emergían en verdad, el rápido quiebre de los frentes antifascistas nacionales e internacionales dio fin velozmente a esta perspectiva. En Europa Occidental a las fuerzas dominantes les faltaba por completo preparación como para permitir esa transición pacífica, mientras que en Europa Oriental la “democracia popular” se volvió un mero eufemismo para el gobierno comunista ortodoxo según el modelo soviético: en la jerga de la teoría, se lo redefinía como otra versión de la “dictadura del proletariado”. En términos prácticos, a mediados de 1947 toda vía pacífica al socialismo estaba bloqueada. Este episodio de la segunda posguerra europea ofrece así muy poca orientación a los futuros intentos de abrir ese tipo de vías.

La situación del Chile de Allende carece pues de precedentes. No puede haber duda de que el objetivo del gobierno de la UP es el socialismo. Allende no se parece en nada a León Blum, Clement Attlee o Harold Wilson. La UP está dominada por los dos mayores partidos obreros, y ambos se reclaman como marxistas revolucionarios. El único otro partido de una importancia sustantiva en la coalición, el Radical, ya era débil y en las elecciones municipales de abril de 1971 había dado prueba de una mengua tal como otro como para no significar ya un freno serio para los marxistas.

Resulta igualmente claro, por lo demás, que la UP se propone alcanzar sus objetivos gradualmente (“la edificación progresiva de una nueva estructura de poder” es una frase usada por Allende en su primer mensaje al Congreso, 21 de mayo de 1971)[1] y también constitucionalmente. La “vía chilena al socialismo” se recorta sobre el fondo de la dictadura del proletariado como una “vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada”.

Esta vía pluralista no debe ser identificada con la democracia burguesa. Su legalidad no seguirá siendo necesariamente la del presente que “responde hoy a las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrá”. El sistema institucional será modificado por los medios constitucionales existentes, por ejemplo convirtiendo en unicameral el Congreso bicameral. 

Sin embargo, esto no es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son consustanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el período de transición”. El Gobierno Popular “reconoce a la Oposición las libertades políticas y ajusta su actuación dentro de los límites institucionales. Las libertades políticas son una conquista de toda la sociedad chilena en cuanto Estado”.

Hay algo más que cálculo político en el apego de Allende a la “vía chilena”. A diferencia de la oposición de ultraizquierda fuera de la UP, y de algunos elementos dentro de su propio partido, el Presidente no considera la situación existente como un mero interín sino que ve en ella el escenario potencialmente adecuado para una transformación a largo plazo. La violencia contrarrevolucionaria interna o externa puede golpear a la UP, pero si esto no ocurre, la política pluralista y la legalidad continuarán. En otras palabras, Chile es el primer país en el mundo que seriamente intenta una vía alternativa al socialismo.

Esta perspectiva es excitante y a la vez políticamente valiosa. Nada les gusta más a los países, en especial a los países pequeños, que dar el ejemplo al mundo entero. En este caso probablemente la pretensión sea valedera.

Como lo hizo Rusia (en 1917), ahora Chile enfrenta la necesidad de iniciar una nueva vía de construir la sociedad socialista. “Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían las naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista (…) Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no solo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista”.

La experiencia chilena es así mucho más que una pieza de exotismo político para observadores de países desarrollados. El socialismo nunca llegará a, digamos, Europa Occidental, por la vía china o vietnamieta, pero es por lo menos posible reconocer en Chile los lineamientos de situaciones políticas que pueden darse en naciones industrializadas, como también las estrategias que podrían aplicarse allí, y aun los problemas y dificultades de la vía pluralista”. Esto no significa que esta vía deba fracasar, y ciertamente no significa que no deba ser intentada.

Aun el integrante más serio y riguroso de la izquierda insurreccional chilena, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se ha transformado ahora en un grupo de presión de la izquierda de la UP, que busca radicalizar sus medidas por medio de acciones masivas de las bases pero esencialmente apoyando los esfuerzos de Allende. Sin embargo, mantiene su aparato bien organizado y prevé una confrontación armada futura. El MIR no parece compartir la tendencia suicida de la extrema izquierda que busca “agudizar la lucha de clases” para poder producir esa confrontación tan pronto como sea posible, porque después vendrá una revolución a la antigua usanza o, lo que es más probable, una derrota total y muchos martirios heroicos [2].

La simpatía natural que sentimos por el gobierno de Allende y la apasionada esperanza por su buen éxito no deberían cegarnos a las complejidades de su situación. Precisamente porque Chile puede en verdad llegar a ser un modelo para otros países debemos observar su experiencia todavía con más frialdad.

II

El turista connoisseur de revoluciones que estos días llegue a Santiago extrañará la atmósfera, difícil de definir pero fácil de reconocer, que envuelve a las grandes liberaciones populares. Además de algunos estudiantes armados, que no dejan huella en la escena callejera, prácticamente no hay signos visibles de tumulto, excepto en los kioscos de diarios y revistas. No hay nada parecido a la bien conocida explosión de panfletos, volantes y pequeños periódicos: los contenidos de la librería santiaguina de ultraizquierda son austeros en comparación con sus equivalentes en París o los Estados Unidos. Las ocupaciones de oficiales de tierra, aunque se haya hablado mucho de ellas en la prensa, son insignificantes, al menos en cuanto a los números involucrados. Por lo común son sentadas de entre diez y veinte personas. En la ciudad tampoco hay una visible explosión visual de pósters y banderas oficiales, y no mucho más que la cantidad habitual de graffiti políticos no oficiales. De hecho, a primera vista, Chile luce tal como lucía, digamos, en 1969. La explicación oficial de que los chilenos son poco demostrativos produce escasa convicción. No serán caribeños en su bulliciosa efervescencia, pero cuando lo sienten tampoco se quedan de brazos cruzados.

Lo más parecido al sentimiento y humor popular chileno hoy, tal como puede ser sentido por un visitante casual, es el sentimiento de los primeros meses (pero no las primeras semanas) después de la victoria del Frente Popular francés en 1936 o después de la victoria laborista en Gran Bretaña en 1945. Un sentimiento de solida satisfacción entre la izquierda organizada, de expectativa ni intranquila  ni mesiánica entre los pobres sin organización, y de histeria entre los ricos y los voceros de la derecha. La emoción inmediata de la victoria ya ha pasado, la fase de conflictos y de pérdida de la moral combatiente, aunque anticipable y anticipada, todavía no ha llegado. Las cosas están mejor para los pobres: hasta ahora, el gobierno de la UP pagó sus promesas, y ellos lo saben.

Por otro lado, con la posible excepción de algunas fábricas, minas y asentamientos rurales, altamente organizados y concientizados políticamente, la vida sigue mayormente como era antes. La antigua clase gobernante sabe, sin embargo, que ya no gobierna, y proyecta sus temores de aniquilación en profecías de totalitarismo y esclavitud que no son más que retórica al menudeo, en un país donde la discusión política y el electoralismo parlamentario son un deporte popular entre las clases medias, como en otras latitudes lo es el golf. En los márgenes más extremistas de la derecha -que es muy visible en kioscos de diarios y revistas- esta retórica llega a alturas de acusación ridícula y lunática: el terror ya da pasos agigantados por el país, la policía apoya grupos de sicarios de extrema izquierda, y así siguiendo.

Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente?

Lo primero que debemos advertir es que la UP llegó al gobierno con dos graves hándicaps políticos. Apenas si obtuvo la mayoría simple, y además con un 3 por ciento de votos menos que en la elección perdida de 1964. Y por ello le falta suficiente respaldo popular a la vez que tiene que gobernar con un Congreso controlado por la oposición, sin mencionar que las Fuerzas Armadas solo tienen el freno que el estatus constitucional y legal de la UP es incuestionable. Tiene que operar exclusivamente con los poderes y las leyes de sus predecesores. Solo pueden hacer aprobar nuevas leyes cuando cuentan con el apoyo de la oposición, o cuando la oposición no puede oponérseles: así ocurrió con la nacionalización del cobre, en contra de la cual ningún político chileno va a hablar en público, del mismo modo que en público nunca hablaría a favor de la legalización de la poligamia.

En realidad, en algunos aspectos las manos del gobierno están más atadas que antes por la enmienda constitucional de enero de 1971, que fue el precio que la UP pagó a la Democracia Cristiana para que esta la dejara gobernar. Este episodio ha sido descrito con claridad en el más útil de los libros que se han publicado sobre los antecedentes de la victoria de Allende, Al Chile Rojo (1971) de Eduardo Labarca de Goddard [3]. Entre las facultades con las que admitidamente cuenta el gobierno se encuentra la posibilidad de convocar un plebiscito para así superar a la oposición en el Congreso, pero la delgada mayoría simple del gobierno de Allende – aunque las elecciones municipales de 1971 demostraron que se había convertido en una delgada mayoría absoluta- vuelve a esta convocatoria en un artilugio de consecuencias algo impredecibles.

Tal situación no es inadecuada para los talentos de Salvador Allende quien, entre otras cosas, es un brillante y sofisticado político ortodoxo, totalmente compenetrado con las estrategias y tácticas de lo posible en el Congreso y en las internas partidarias. Además, tiene en sí mismo esa confianza propia del hombre que se ha hecho a sí mismo contra toda probabilidad y predicción -nadie creía que fuera a ganar y en un punto su propio partido intentó desprenderse de él como candidato. Para una persona así no es un gran impedimento llegar al gobierno con las dos manos atadas a las espalda: una por la oposición que controla los poderes Legislativo y Judicial. la otra por las elaboradas fórmulas electorales, divergentes y sospechosas las unas de las otras, que integraron su propia coalición de gobierno. Hay mucho que puede hacerse dentro de las facultades con las que cuenta el Congreso.

La constitucionalidad y la legalidad dotan de un campo de acción notable, que incluye unas 17 mil leyes válidas en las que el ingenio jurídico puede encontrar muchas cosas útiles. De este modo, la UP se ha apoyado extensamente en un decreto, nunca derogado, sancionado por la “República Socialista” de 1931 -que duró dos semanas-: un breve interludio de izquierda durante el peor momento de la Gran Depresión con un gobierno liderado por un coronel que llevaba el llamativo nombre de Marmaduke Grove [4].

Este estatuto permite al Gobierno nacionalizar cualquier fábrica o industria que “fracase en suministrar al pueblo” sus bienes y servicios. El decreto ha sido así usado para nacionalizar amplios sectores de la industria cuando fue necesario, después que los trabajadores hubieran ocupado las fábricas, y de este modo hubiese quedado asegurado que no pudieran “suministrar al pueblo”. Aun sin autoridad legal, “los recursos de la civilización no están agotados” (como se dice que dijo el primer ministro británico Gladstone cuando encontró los medios de meter en la cárcel al líder irlandés Parnell).

La mayor parte del resto del sistema bancario que no estuviera ya bajo control público fue nacionalizado con el simple expediente, aparentemente no anticipado por la oposición, de que el gobierno que comprara la mayoría de acciones a precio de mercado, y que después, una vez dueño del paquete accionario, los administraba como su nuevo propietario. (Este procedimiento desencadenó una furia irracional entre el empresariado, porque los empresarios juzgan que tácticas que ellos emplean se vuelven desleales en manos de un gobierno socialista). De un modo u otro la UP ha avanzado así rápidamente hacia adelante con su plan de acción sin todavía tener que apoyarse sobre la buena voluntad de la oposición.

Por supuesto, tan veloces progresos habrían sido imposibles sin las medidas del gobierno de los demócratas cristianods en 1964-1970- Es un error suponer que la UP se encontró ante el dilema de o bien “feudalismo” o bien una economía simple de competencia y libre empresa. Como sería un error suponer que cualquier gobierno progresista, en cualquier país, y especialmente en un gobierno subdesarrollado, se va a tener que enfrentar con lo mismo. Chile ya era un país que, en teoría, estaba dominado por su sector público, que proveía un 70 por ciento de toda la inversión nacional, que era el empleador directo de una amplia proporción de los habitantes, y que ya interfería, bastante drásticamente, con la propiedad privada nacional y extranjera.

La ruta hacia cualquier tipo de desarrollo económico en América Latina avanza a través de reformas sociales radicales, la gravitación creciente del gobierno en la economía, y algún tipo de control sobre el capital extranjero: en sí mismas, estas acciones de gobierno no son socialistas. Fue así que la UP no precisó hacer sancionar por el Congreso una ley de Reforma Agraria, sino que le bastó acelerar el progreso, hasta ahora bastante titubeante, de las leyes preexistentes. El gobierno de la UP tiene a su disposición un reservorio de facultades constitucionales, pero también cuenta con muchas leyes e instituciones específicas que puede adaptar a sus objetivos. Puede fijar y mantener un buen ritmo de acción, evitando -al menos por el tiempo crucial de un primer año en el poder- las mandíbulas afiladas de la oposición que controla el Congreso y los Tribunales.

El segundo hándicap político de la UP está íntimamente ligado al primero. Además de su apoyo electoral insuficiente, cuenta con inadecuadas reservas de lealtad política. Numéricamente, ahora puede contar aproximadamente con la mitad de los votantes, una mejora nítida con respecto a septiembre de 1970, pero un respaldo todavía estrecho para las crisis de una política constitucional revolucionaria. Tiene un núcleo sólido de partidarios: el proletariado urbano e industrial, especialmente los mineros, y los sindicatos organizados y ahora unificados. Solo con esto -a pesar de la existencia de unos pocos grupos sindical-empresarios moderados que cuestionan aspectos económicos más que políticos, como en las minas de cobre- puede contar Allende como esa reserva de compromiso y apoyo a largo plazo que los partidos y los gobernantes necesitan en los momentos aciagos de sus gobiernos. En Chile, el proletariado clásico de este tipo es más amplio y está mejor organizado que en la mayoría de los países de América Latina, lo suficientemente amplio incluso como para proveer la base de un gobierno; pero constituye una minoría de la población.

El apoyo de los otros tres sectores decisivos de la población es condicional, o no es confiable, o directamente le falta a la UP. El campo (aproximadamente un 30 por ciento de la población) sigue siendo anti allendista en su mayoría a pesar de los triunfos sustanciales de la izquierda en los últimos años, especialmente entre proletarios rurales. El efecto político de una reforma agraria rápida sería casi sin ninguna duda el de profundizar las divisiones dentro de este sector. Sin embargo, el gobierno podría actuar sin contar con estos apoyos rurales.

Los bastante amplios estratos medios de la población, en su mayoría empleados administrativos, muchos de ellos empleados públicos -casi el 12 por ciento de los chilenos trabaja en el Estado- aceptaría un gobierno socialista tanto como cualquier otro. No hay en ellos un compromiso firme y determinado a favor de una sociedad fundada en la libre empresa privada, aunque probablemente sí obren en ellos fuertes prejuicios anticomunistas y carezcan de todo sentimiento de identidad con quienes son más pobres que ellos. Por lo demás, también hay que convencerlos de que un gobierno socialista puede durar en el poder, o por lo menos de que su periodicidad será comparable a la de los gobiernos no socialistas. Todavía no están convencidos de esto.

El grupo mayor de apoyo no movilizado en pro de la izquierda está conformado por aquella mano de obra miscelánea e inclasificable generada en números cada vez más grandes por un proceso de crecimiento económico y cambio social que no logra proveer empleo de una manera correlativa. La jerga de los cientistas políticos y científicos sociales tiende a definirlos como “semiproletarios” (a veces incluso como “lúmpenes-proletarios”) o meramente como “pobladores”, remitiéndolos a las “poblaciones” o asentamientos improvisados y precarios en los cuales vive la mayoría de ellos. Pero no son marginales sino centrales en la sociedad latinoamericana, incluso en la chilena. Es un estrato que desconcierta a la izquierda tradicional, porque no resulta absorbido en un “proletariado” clásico por ningún proceso histórico espontáneo: no es posible organizarlo por los métodos clásicos de, por ejemplo, sindicatos de trabajadores, ni tampoco se sienten unidos por alguna ideología de consciencia de clase como el marxismo.

Para esta gentes, los sindicatos presentan una importancia marginal, porque sus condiciones de trabajo hacen que para ellos no sea fácil organizarse, y es por ello que no pertenecen a la aristocracia de los proletarios radicales, militantes, sindicalizados y relativamente bien pagos como los mineros (ese 4 o 5 por ciento de la población laboral cuyo papel en la política chilena de izquierda es tan desproporcionadamente importante).. Su propio y embrionario populismo político, radical pero no democrático -salvo en la organización de determinadas comunidades locales-, ha sido en el pasado movilizado con facilidad por presidentes o ex presidentes demagógicos, preferentemente militares. Sería un error pensar que su política es puramente coyuntural y operativa, pero no caben dudas de que en las poblaciones un líder patronal con la capacidad de abrir calles, tender cañerías de agua potable o asegurar el pago de planes sociales, y de hacerlo con celeridad y algún brillo, se creará una clientela antes que un líder no haga nada de esto.

Pero sea cual fuere la dificultad de movilizarlos por medio del movimiento socialista y sindical tradicional, los pobladores constituyen un electorado natural para la izquierda, porque son pobres y trabajan [5]. Más aún, ahora que el campesinado es una fuerza en rápido declinar, forman cada vez más el sector decisivo de las masas latinoamericanas. Los Demócratas Cristianos tuvieron éxito en lograr algún predicamento entre ellos. A juzgar por las elecciones municipales de 1971, la UP no ha convertido aún en masse a los “pobladores”.

III

¿Qué ha logrado hasta ahora el gobierno de Allende?¿Qué ha tratado de hacer? Ha sido y está agudamente consciente de los acuciantes límites de tiempo. En consecuencia, el gobierno reconcentra todo su pensar en ese período de entre seis meses y tres años dentro del cual, de acuerdo con varias evaluaciones exteriores, se decidirá su destino. Hasta ahora no se piensa mucho en concreto sobre qué pasará más allá de este punto, lo que es una lástima.

En primer lugar, la política de corto plazo está basada sobre el programa consensuado de seis partes de la UP, una elaborada plataforma negociada con gran dificultad antes de la elección que ahora es vinculante. Nadie sabe qué podría surgir de una nueva fase de discusión, y los políticos sensatos prefieren posponerla. Todos admiten que hoy dos de los seis partidos de la UP ya no cuentan, mientras que los Radicales, que significan un 8 por ciento del voto, están disminuidos y como a la desbandada. Pero el elemento de ex Demócratas Cristianos de izquierda en la  coalición de gobierno no es en absoluto insignificante, a pesar de la debilidad electoral de sus representantes al interior de la UP, al menos porque representa muchos votos que precisaban ser atraídos. Además, mientras que Allende probablemente coincide en su punto de vista sobre los asuntos de mayor importancia con el poderoso PC, que es el núcleo de la UP y de lejos su componente más racional y eficaz, existen divergencias sustanciales entre varios sectores de su Partido Socialista y entre estos socialistas y los comunistas.

En segundo lugar, el presidente sabe perfectamente bien que la situación política favorable, tanto dentro de Chile como en la escena internacional, que le permitió acceder al poder y que desde entonces ha paralizado latamente a sus adversarios en Estados Unidos, probablemente no dure mucho. Hasta ahora, los ejércitos enemigos han hecho maniobras para ganar sus posiciones. Antes o después el gobierno deberá confrontar y batallar, aunque no sea necesariamente en la forma ingenua profetizada por los apocalípticos de extrema izquierda, por ejemplo un golpe militar contra la resistencia de las masas, o una intervención armada del exterior [6]. En el corto plazo, se puede anticipar qué ocurrirá; ya en un plazo mediano nada es seguro.

En tercer lugar, aunque desde luego es esto lo más urgente, los problemas económicos de Chile se agudizarán como nunca en los próximos dos años. Estos problemas derivan de dos características de los países semicoloniales que por desgracia en Chile se ponen de manifiesto con un relieve gigantesco: la dependencia de la exportación de una única materia prima y la ineficiencia de la agricultura, que hace que (como le ocurre a otros países sudamericanos) cada vez tenga que importar mayores cantidades de los productos que aseguran su alimentación básica. El 80 por ciento de los ingresos de divisas extranjeras de Chile depende del precio del cobre. Casi un tercio del valor de sus importaciones consiste en comida, y como los chilenos bajo el gobierno de la UP comen espectacularmente mejor que nunca antes, este número va a aumentar.

No hay prácticamente nada que Chile pueda hacer en el corto plazo acerca del precio del cobre, que va a estar por encima de los cuarenta centavos si los cálculos de los planificadores se revelan acertados. Varios acontecimientos futuros impredecibles, incluyendo el fin de la guerra de Vietnam, pueden causar que el mercado caiga por un tiempo lo suficientemente largo como para que los efectos sean catastróficos. Sin embargo, incluso si el mercado sigue firme, Chile ciertamente enfrentará una crisis aguda de balanza de pagos comercial en 1972, que, sin embargo, por una sumatoria de razones, se espera que en 1973 sea menos aguda.

Desafortunadamente, las dos acciones obvias para minimizar esta crisis, exportar más cobre e importar menos alimentos, son de ejecución muy dificultosa. La producción de cobre no se va a expandir tanto como es deseable ni como ha sido planeado. Con suerte, la producción agropecuaria permanecerá estable. El boom en el consumo doméstico hará subir la demanda de materias  primas industriales, que es el otro ítem mayor en las importaciones. Los gobernantes chilenos son más bien optimistas en lo que toca a superar las dificultades transicionales en el cobre y en la producción agrícola, que son sus dos problemas económicos más apremiantes. Aun los políticos más prudentes calculan que esto no debería llevar más de tres años. Pero estos tres años serán difíciles y cruciales, y van a mantenerlos enteramente ocupados precisamente con estos problemas.

IV

En esta situación, el gobierno se ha propuesto cuatro objetivos.

El primero: ha buscado introducir “cambios estructurales irreversibles” en la economía dentro del primer año de su administración. La teoría detrás de esto parece ser un determinismo económico bastante simple. En palabras de un ministro: “Si privamos a la burguesía de su base económica, entonces no podrá regresar al poder”. El método ha sido la expropiación, y, fuera de la agricultura, la nacionalización de actividades económicas clave. En su plataforma electoral consensuada, la UP se ha comprometido a una estructura tripartita de la economía: un sector público dominante, un sector mixto público-privado, principalmente en las áreas donde el progreso técnico y la inversión pesada en equipamiento y know-how (incluyendo las del extranjero) son esenciales, y un sector privado de -espera el gobierno- una dinámica de pequeña y mediana empresa. Hasta ahora el cobre, los nitratos, el carbón, el hierro, la banca, el cemento, buena parte de los textiles y una cierta cantidad de otras empresas ha sido nacionalizado de una u otra manera, y presumiblemente también el comercio exterior tendrá que serlo.

Como segundo objetivo, el gobierno de Allende ha apuntado a impulsar la producción y por lo tanto el empleo, y al mismo tiempo subir el estándar de vida, estimulando la demanda, es decir, combinando un aumento agudo en el valor monetario de los salarios con un congelamiento de precios. El gobierno ha asumido, y es una visión correcta en líneas generales, que la industria chilena trabajaba sin utilizar una parte de su capacidad productiva lo suficientemente grande como para que esto fuera posible sin una inversión nueva e inmediata, algo que la empresa privada obviamente no iba a emprender. Al dar más dinero a los pobres, se había argumentado en contra, el empleo se vería estimulado fuera de toda proporción, ya que los pobres entraban en el mercado para consumir mercancías producidas con mayor demanda de mano de obra que los bienes más sofisticados del mercado de la clase media. Nunca hay que olvidar, sin embargo, que no más de 300 mil de los 9 millones de chilenos podían contarse como consumidores efectivos de los bienes industriales. 

El plan era arriesgado, y durante los primeros meses dramáticos que siguieron al 4 de septiembre, cuando la histeria burguesa condujo a fugas de capital y a un colapso temporal de la producción, no lucía prometedor Sin embargo, en la primavera de 1971 esta política dio sus frutos y demostró que había funcionado, para enorme alivio del gobierno y para sorpresa de los observadores extranjeros, por no mencionar el decisivo beneficio que ganó el pueblo chileno. El desempleo era el más bajo de los últimos diez años y, con la excepción de algunas perturbaciones importantes que habían demorado el revival de las industrias de la construcción, nunca habría sido tan bajo en la historia de Chile. El estándar de la vida de los pobres subió espectacularmente. Aun el consumo de harina (es decir: el consumo de pan) creció un 15 por ciento. Los críticos señalaron que con el crecimiento en la producción también había revivido la endémica inflación chilena. Por lo general se encontraba entre 25 y 30 por ciento anual, y durante el último año de Frei había llegado a un 35 por ciento. Sin embargo, este año no superará la mitad de esa cifra. Hasta ahora, la política interna ha sido el éxito más significativo del régimen de Allende.

Demostrar las ventajas materiales de un gobierno popular es indispensable para la UP, porque la coalición debe presentarse a elecciones libres. Aun si quisiera, Allende no podría imponer a su pueblo los sacrificios materiales que los cubanos han hecho durantes varios de los años pasados. Esto impone límites estrechos a la acción de gobierno, aunque algunos de sus seguidores sean reacios a admitir este punto. Dado que son los más realistas, los comunistas adoptan el punto de vista de que durante esta presidencia el objetivo de una rápida industrialización pesada debe quedar subordinado a la industria liviana y a los bienes de consumo. Allende probablemente esté de acuerdo, pero el asunto se sigue debatiendo. Una cuestión totalmente diferente es determinar si elevar el nivel de vida alcanza para dotar al gobierno de un apoyo popular elevado.

El tercer objetivo se deriva de este cálculo. El gobierno debe hacer que la producción aumente, especialmente la de cobre y la del campo, para mantener al menos estable la oferta de alimentos y bienes de consumo. También aquí Allende y el Partido Comunista (PC) ven la misma prioridad. Como el racionamiento o un corte brusco e incontrolado a las importaciones sería un suicidio político, la “batalla por la producción” está antes que cualquier otro fin. Sin embargo, el cobre y la agricultura plantean problemas diferentes.

La mayor parte del cobre chileno viene de tres minas que antes eran propiedad de empresas norteamericanas: El Teniente, Chuquicamata y Salvador. Desde septiembre, la producción ha sido escasa, lo que preocupa al gobierno, y los costos han subido agudamente, lo que es menos grave [7]. Hasta qué punto esta situación se deba al sabotaje de Kennecott y de Anaconda o, más plausiblemente, a la tentativa de estas mismas empresas de liquidar las vetas más ricas y de acceso más fácil, anticipándose a la expropiación, es materia de discusión. Lo seguro es que se debe a una gran quita de colaboración por parte de los ejecutivos y del personal supervisor, .según la oposición, unos 300 renunciaron a sus puestos de trabajo-, en especial aquellos acostumbrados a recibir sus pagos en dólares, que después cambiaban en el entonces mercado libre, y hoy negro, de divisas, por cantidades cada vez más astronómicas de escudos. El efecto inevitable de cortar estos pagos de dólares a los chilenos ha sido bajar el ingreso real de los asalariados, a pesar de la prontitud poco entusiasta del gobierno a pagarles un salario tan alto como sea, siempre que fuera en escudos. (En el verano de 1971, el cambio no oficial del dólar era casi tres veces más alto que la cotización máxima fijada por el Estado).

Pero las dificultades también surgen de los intereses colectivos de la pequeña aristocracia sindical que representan los mineros del cobre, quienes vivían bien en el enclave económico que representaban en Chile las empresas norteamericanas, y que probablemente, en términos relativos, no vivan tan bien en el futuro. Hayan o no apoyado realmente al gobierno democristiano de Eduardo Frei Montalva (y en Chuquicamata la UP no llegó a obtener una mayoría en las elecciones presidenciales), el sindicalismo espontáneo de tales grupos tiende con facilidad a operar a expensas de los más amplios intereses populares. Las huelgas de obreros y técnicos que estallaron durante el pasado verano reflejan ambos factores.

El problema de la producción agropecuaria es mucho más complejo. En líneas generales, el gobierno de la Democracia Cristiana había subordinado la tarea de reforma agraria al crecimiento de la producción, algo que logró con éxitos sustanciales. Solo treinta mil familias entre las 250 mil sin tierra o minifundistas recibieron un terreno. Como consecuencia, al fin de la presidencia de Frei el descontento rural explotaba, y la explosión se traducía en ocupaciones de tierras y otros conflictos en el campo. Aun si Allende no hubiera ganado las elecciones, la reforma agraria tendría que haberse acelerado o en el campo habrían surgido conflictos de creciente magnitud. La UP aceleró la reforma agraria, pero con un costo inmediato en la producción, como es usual en tales casos.

Hasta qué punto se discontinuó la producción, es difícil de evaluar porque la caída no puede desbrozarse de los efectos de algunas catástrofes naturales que azotaron Chile durante la primera mitad de 1971, en parte porque esos cálculos en definitiva siempre son una conjetura. La discontinuidad se debió al sabotaje o la liquidación de los activos por parte de quienes temían ser expropiados, especialmente durante el otoño de 1970, cuando una buena parte del ganado dedicado a la producción de leche y a la cría fue vendida como hacienda en pie para ser faenada, ante la incertidumbre de los medianos productores agropecuarios y la desmoralización de los trabajadores rurales en el sector donde tenía lugar la reforma agraria. Esto a su vez era causado por el fracaso de la UP para aplicar políticas claras y uniformes. Cuando cada reunión de funcionarios de la reforma agraria es proclive a convertirse en una discusión ideológico-programática entre tendencias rivales, la gente en el campo puede muy bien sentir que el gobierno anterior puede haber sido lento, pero que por lo menos se sabía quién tomaba las decisiones y qué era lo que se decidía.

Los elementos más utópicos o suicidas en la UP han exagerado el alcance de esta discontinuidad productiva hablando desaforadamente, y no solo de manera inverosímil sino sin evidencia alguna, de una caída del 50 por ciento en la producción de las áreas involucradas en la reforma agraria: que, argumentan, se verá sin embargo más que compensado por el progreso de la lucha de clases rural. La estimación más aproximada es que en efecto puede haber una caída en la producción, aunque la opinión oficial es que la siembra de esta primavera (austral) va a compensar la caída del otoño (austral) anterior, que se puede calcular en un 10 por ciento. La reacción del gobierno ha sido hacer más lenta la expropiación, originariamente muy rápida, de los latifundios, para lograr que las más o menos setecientas haciendas que fueron efectivamente expropiadas empiecen a producir de acuerdo con las expectativas. El programa oficial de las expropiaciones se ha detenido hasta después de abril de 1972. En cuanto a las ocupaciones de tierras no oficiales, el punto de vista del gobierno es el que Allende expresó en su Mensaje al Congreso Pleno:

(…) las ocupaciones indiscriminadas de latifundios y haciendas son innecesarias y perjudiciales, y lo que el gobierno de la UP ha dicho y hecho debería ser suficiente para que el pueblo tenga confianza en él. De ahí se sigue que los planes del gobierno, sus plazos y su implementación deben ser respetados. 

En este punto, Allende (apoyado por el PC) choca con la oposición del MIR y también con elementos en el ala izquierda de su propio partido.

El punto de vista de Allende asume que las ocupaciones de tierra son controlables. Probablemente lo sean, porque sólo en pequeña medida son el producto de un malestar inmanejable de las masas. De las aproximadamente 150 que se registran en un día tomado al azar en el verano de 1971 [8], un 25 o 30 por ciento fueron intentos de los indios mapuches por recuperar lo que consideran tierras comunales perdidas, algo que por cierto constituye la parte más espontánea de la agitación agraria en estos días, pero aún así no llega a conformar -o ya no conforma- un movimiento de masas, Todas estas sentadas sumadas involucraron quizás a unos setecientos u ochocientos individuos, y sólo tres de ellas movilizaron a más de cien, lo que es insignificante si se tienen en cuenta los estándares latinoamericanos habituales de ocupación de tierras por campesinos.

Las otras fueron en parte ocupaciones por campesinos sin tierra que reclamaban expropiaciones en su beneficio, pero principalmente incidentes en disputas laborales en las cuales la propiedad de la tierra no estaba en cuestión. Apenas un puñado de personas está habitualmente involucrado en una ocupación de cualquiera de estos tipos. Las tomas de fundos llegan a los titulares de la prensa extranjera, porque sugieren tumulto y anarquía y propone algunas figuras coloridas de los márgenes incontrolables de la extrema izquierda que actúan en ellas, pero en la actualidad Chile está muy lejos de la insurrección rural.

El cuarto objetivo del gobierno es no ser derrocado. El peligro de un golpe militar, aunque presente, no parece inmediato. La principal razón no es el respeto por la Constitución que existe entre las filas del Ejército sino el conocimiento de que un golpe llevaría a una guerra civil.

Una cosa es ocupar silenciosamente algunas calles y edificios y hacer un bulto con el Presidente y subirlo al primer avión que se va del país, y otra muy distinta es iniciar un conflicto armado de consecuencias impredecibles. En esto quizá radique la ventaja principal de un gobierno marxista legal, diferente en esto de reformistas populistas y civilistas ordinarios, cuyas políticas a corto plazo no seguramente no lucen muy diferentes. Tales populistas han debido por lo general abdicar al poder cuando llgó una no querida pero lógica confrontación con la derecha: en Brasil, Gétulio Vargas cometió suicidio (en 1954), Janio Quadros se retiró (en 1961), Joao Goulart se exilió (como consecuencia de un golpe militar en 1964). Los reformistas marxistas saben que la transformación social deberá enfrentar esos desafíos, están preparados para enfrentarlos -al menos eso esperamos- y en consecuencia disminuye el riesgo de tales golpes.

No hay mucho que la UP pueda hacer acerca de las Fuerzas Armadas, excepto colocar a la policía bajo control políticamente confiable y rodear al presidente de una sólida guardia de corps reclutada de los cuadros políticos (principalmente, ex miristas) que podrían ganar unas pocas pero preciosas horas antes de que las masas sean movilizadas. Pero estas medidas han sido interpeladas como una animadversión histérica por parte de la derecha. Si, llegado el caso, la UP pudiera ganar una guerra civil, es otra cuestión por completo diferente, pero en el corto plazo su determinación evidente desanima cualquier intentona militarista.

La derecha, por su parte, preferiría entonces no regresar al poder por vía de la insurgencia de las Fuerzas Armadas; ciertamente, este es el punto de vista de la Democracia Cristiana. Los gobernantes han gozado en Chile por demasiado tiempo de un constitucionalismo estable y pacífico como para tirarlo por la borda a la ligera. De hecho, en la actualidad se presenta una estrategia alternativa que les parece prometedora: reunir a las fuerzas anti marxistas, cuya división le dio a Allende su victoria electoral, y votar la reelección presidencial del formidable Frei en 1976. Esta posibilidad es realista. Si la UP no puede hacer crecer sustancialmente los sólidos apoyos con los que cuenta, y especialmente si sus apoyos marginales se ven erosionados por las predecibles turbulencias económicas de 1972-1973, entonces la derecha podría ganar con buenas armas la contienda electoral en 1973, perpetuando así su control del Congreso y su poder de dilación y sabotaje. En otras palabras, todo lo que tiene que hacer la oposición de acuerdo con este análisis es esperar que la UP pierda potencia. Es la estrategia clásica para derrumbar los frentes populares, y con anterioridad ha funcionado para estos fines.

El objetivo inmediato sería así una victoria antiizquierdista en 1973, seguida por un final de figura decorativa para la presidencia de Allende. Esto, antes que una confrontación en el corto plazo, es lo que preocupa a los realistas en la UP, aunque nadie olvida por entero la amenaza de una contrarrevolución hecha y derecha. Hay motivos de preocupación, aun cuando la derecha sobrevalora la probabilidad de una catástrofe económica, así como ha sobrevalorado las perturbaciones económicas desde 1970, y ha sido sorprendida con desagrado por los éxitos sustanciales del gobierno en la economía.¿Qué puede hacer Allende acerca de la amenaza de la derecha? Más de lo que ha hecho hasta ahora.

V

Muchos de los problemas que afectan a la UP están fuera de las posibilidades de su control, pero hay tres cosas que están a su alcance.

La primera es su tempo. Las transformaciones revolucionarias dependen de conseguir la iniciativa y mantenerla. En esto las revoluciones constitucionales no son diferentes de las otras. Simplemente, como las ofensivas en una partida de ajedrez, deben mantener la iniciativa dentro de un sistema de reglas dado de antemano. A mí me parece que la UP todavía no ha sabido ganar este tempo. La campaña electoral generó su propio ímpetu, que se vio reforzado por la enorme e inesperada satisfacción de la victoria y el fracaso de los intentos para impedir que Allende asumiera la presidencia. A la inversa, una derrota inesperada y un genuino terror a una revolución inminente desmoralizaron y paralizaron temporalmente a la derecha chilena. Durante unos pocos meses no tuvo ninguna estrategia eficaz, e hizo muy poco más allá de correr a buscar refugio. Nuevamente, la UP tenía su plataforma electoral bien diseñada y la necesidad de hacerlo avanzar en su primer año en el poder fue lo que impulsó al gobierno en esos meses, al menos hasta que empezaron a surgir las dificultades en la aplicación del programa político.

Hasta ahora la UP ha rodado movida por este ímpetu inicial y, de algún modo, extrínseco. En la medida que se va a agotando a sí mismo, debe ser reemplazado por una iniciativa estratégica intrínseca. Cualquier gobierno reformista tiende a comenzar siempre, al menos en potencia, con parejo estallido de velocidad. Las administraciones no revolucionarias no pueden reemplazarlo fácilmente una vez que se ha agotado, y algunas, como el gobierno laborista británico de 1945, simplemente se desembarazan de pel. Al no poder fabricar tales ímpetus nuevamente, estos gobiernos se encuentran a sí mismos arrinconados en una posición defensiva por los adversarios internos y externos así como por los imprevisibles azares del mundo exterior, como las crisis en la balanza de pagos. Entonces están perdidos. Se desvanecen, como tantos de los viejos frentes populares, entre pleitos intestinos crecientes; o ellos mismo proveen las precondiciones para ser derrocados. En 1970 y 1971 la UP no necesitó generar la fuerza que la ponía en movimiento, pero a partir de ahora sí precisa hacerlo.

Esto se vuelve difícil por el hecho de que la UP es una coalición: esta es la segunda gran debilidad del gobierno. Para decirlo brutalmente, la UP es un vehículo mejor diseñado para frenar que para ponerse en movimiento. Con el propósito de prevenir que ningún partido de la coalición (léase: el PC) tome por sí solo el control de ningún departamento del gobierno, todos los empleos gubernamentales fueron distribuidos según un rígido sistema de cupos, de modo que ningún funcionario tiene ni un superior ni un subordinado directo de su propio partido. Con el propósito de prevenir que ningún partido de la coalición (léase, otra vez: el PC) domine la dirección de las políticas del gobierno, “la acción del Presidente y de los movimientos que forman el Gobierno serán coordinados por un Comité Político de todas estas fuerzas”, el que tendrá a su cargo considerar “la practicabilidad y la operatividad de las medidas económicas y sociales del gobierno y las que conciernen al orden público y la política internacional así como más especialmente los medios por los que pueden realizarse”[9].

En la práctica, esto significa que cada departamento y agencia del Estado encarna una maquinaria partidaria entrelazada y rival. Cada funcionario debe su lealtad primaria a su partido, a través del cual procura operar, puenteando a los otros cada vez que sea posible y neutralizándolos donde esto es imposible. Las disputas se deben resolver por medio de la negociación interpartidaria, y las más importantes llegan hasta la cima del gobierno para dirimirse. Esto significa, incidentalmente (a) que los pocos ministros o funcionarios independientes, apartidarios, se deben anexar a una u otra estructura partidaria si quieren poder cumplir con sus funciones, y (b) que es extremadamente difícil despedir de sus empleos a los funcionarios que resulten inútiles para su trabajo, porque todos los cargos son políticos y entonces están protegidos por la necesidad de mantener el equilibrio del sistema de cupos.

Sobre todo, significa que nada que no haya sido específicamente previsto en el pacto preelectoral es duro y lento de resolver, y que decisiones rápidas y nítidas son casi imposibles. El efecto de esta parálisis es desastroso, notablemente en la reforma de la agricultura. Cualquier gobierno que no puede tomar (y ejecutar) rápido sus decisiones está en problemas, pero un gobierno revolucionario que no puede hacerlo está en grandes problemas.

Se debe admitir que la confianza recíproca entre los partidos es hoy mayor que antes de la elección. Aun el MIR ha llegado a un entendimiento y establecido una relación operativa con el PC y el Partido Socialista (PS): una relación que, sin embargo, es mejor con los comunistas que con los socialistas, porque en la opinión del MIR (sin dudas verdadera) “es posible mantener relaciones orgánicas con el PC que llevan a acuerdos racionales”. Tales relaciones no son fáciles de establecer con los socialistas, un partido que es poco más que un plexo de grupos rivales, sistemas de clientelismo y cupos de barones políticos, virtualmente incapaz de actuar como un partido. Su problema principal está hoy en su ala izquierda. A diferencia del MIR, pocos a la izquierda del PS son revolucionarios serios a pesar de su retórica guevarista y ultraizquierdista. Algunos dirían -cito a un progresista apartidario desilusionado- que “son gente que no se hace la idea de que ahora el gobierno son ellos, porque ser la oposición era algo mucho más simple”. Algunos observadores menos comprensivos añadirían que el izquierdismo es una escapatoria muy conveniente para todos los que descubren que no son buenos o no sirven en sus nuevos empleos en el Estado que consiguieron gracias a la coalición de gobierno.

Hasta qué punto es importante el ala izquierda dentro del PS es difícil de calcular. Es cierto que la izquierda fue la que en el partido eligió al nuevo secretario general a principios de este mismo año, aunque es poco probable que Carlos Altamirano, quien claramente aspira a ser el próximo candidato presidencial de la UP (la reelección inmediata para un próximo mandato consecutivo no es posible en Chile para el Presidente), se identifique con alguna de las corrientes en pugna en especial. La izquierda socialista se verá fortalecida por su deseo de competir con el PC, que puede ser muy fácilmente superado en esa ala, y también por forma familiar de reacción a las desilusiones e incertezas del gobierno popular. Si la izquierda, o cualquiera de sus grupos, fuese a ganar un control genuino del partido, esto podría ser, al menos, una solución para el perenne problema de la desunión partidaria. Es poco probable que esto ocurra, y entonces las mejores esperanzas están en Allende, cuya posición (al menos como verdadero captador de votos) le dan un considerable poder de maniobra dentro de su partido. Por desgracia, hasta ahora ha sido demasiado lento en usar este poder.

En pocas palabras: la UP sufre de la consabida debilidad de las alianzas partidarias y las coaliciones en una democracia parlamentaria. Resulta organizacionalmente incompetente para las tareas que ha aceptado. La “vía chilena al socialismo” no implica necesariamente un partido de izquierda único, ni mucho menos monolítico, y de todos modos esa posibilidad tampoco era realista. Pero sí implica dotar a la alianza existente de una mayor unidad de decisión y de acción.

Tercero, la UP ha fracasado en su intento de movilizar a las masas como un apoyo propio adecuado. En esto, una vez más, refleja una debilidad de sus padres históricos, la democracia parlamentaria burguesa y el movimiento sindical y obrero socialista clásico. Los políticos parlamentarios piensan de la movilización de masas esencialmente que es un medio para conseguir votos. Los líderes obreros tradicionales piensan que una movilización sucede cuando el partido o el sindicato sacan a los trabajadores de las minas o de las fábricas hacias las calles. (Uno podría agregar que el complemento histórico de la democracia burguesa y democracia sindical es ese tipo de izquierdismo que repudia a la vez las elecciones y las movilizaciones ordenadas por organizaciones “burocráticas” y en cambio propone multiplicar las acciones masivas de las bases sin importarle las circunstancias).

Ninguna de ellas es adecuada para alcanzar objetivos revolucionarios, y menos aún en países donde las elecciones nacionales pueden no ser parte de la cultura política popular o donde el proletariado industrial organizado no es la forma típica de los trabajadores pobres. Todas las tradiciones que provienen del liberalismo y del movimiento sindical socialista clásico han sido, además, sospechadas de estilo carismático, la política personalizada, la relación cara a cara, por no mencionar la demagogia sin freno, que normalmente han acompañado a la efectiva movilización de “los marginales”.

En la UP se habla mucho de cómo conseguir más votos en las elecciones futuras o de cómo formular un plebiscito que gane una mayoría absoluta; hay incluso una tendencia a considerar contiendas electorales menores mucho más seriamente de lo que merecen. Mucha planificación se orienta a cómo movilizar a los trabajadores por medio de los sindicatos, a cómo instaurar del mejor modo posible consejos campesinos o comités fabriles diversos. En cambio, la izquierda parece guiarla la creencia bastante simple de que todo va a estar bien con solo “transferir la lucha a las fábricas, las haciendas, las poblaciones, las escuelas secundarias y las universidades”.

Pero el hecho es que, entre elecciones, hasta ahora los pobres no organizados no se involucran en modo continuo con el gobierno, y que el gobierno tampoco está presente para ellos de manera constante. En la UP no existe un equivalente del diálogo perpetuo, aunque unilateral, de Fidel Castro con su pueblo, ni de las charlas junto a la chimenea de Franklin Delano Roosevelt, transmitidas puntualmente por la radio. No se trata solo de una cuestión de oratoria. No hace falta, y puede que ni siquiera sea deseable, una técnica machacona para el mantenimiento de una conversación permanente de esta índole entre un gobierno popular y su pueblo. Lo que está en cuestión es un estilo de política más que de oratorio o de campaña.

Este problema concierne al presidente Allende como individuo más que a la UP, aunque también se deba superar los recelos por lo que sus camaradas y compañeros de coalición consideran un exceso de presidencialismo. (Bien podrían recordar que las masas que se hicieron demócratas en Estados Unidos por causa de Roosevelt nunca dejaron de ser demócratas después de su muerte: la política personalizada puede precipitar cambios de fidelidad a una organización que después resultan permanentes).

Los trabajadores pobres y sin filiación sindical van a oír a Allende porque él detenta el prestigio, el poder y la función paternal de cualquier presidente, y porque representa un gobierno que ha dado pruebas de estar de su lado. Pueden ser movilizados por él con mayor prontitud como una fuerza nacional, permanente, y decisiva, que es lo que Perón logró en Argentina. Acaso él deba elegir un estilo personal diferente del de su amigo Fidel, pero conviene no olvidar una de las pocas lecciones de la Revolución Cubana aplicable en Chile, a saber, que un líder capaz de hablarle directamente a sus conciudadanos más pobres, remotos y políticamente menos comprometidos, es un valor de importancia máxima para cualquier revolución, y probablemente un valor indispensable para una que no puede obligar a la gente sino que debe persuadirla.

VI

¿Cómo podemos resumir el primer año de la “vía chilena al socialismo”? La UP ha demostrado algo que apenas si necesitaba probarse, y es que una alianza de izquierda puede ganar el poder a través del voto popular. Ha demostrado también algo más importante, a saber: que una vez en el gobierno esa alianza puede actuar con celeridad y decisión a pesar de faltarle el control de las Fuerzas Armadas y de partes cruciales de la maquinaria constitucional. Ha demostrado determinación para proceder con la construcción del socialismo, aunque su primer año no haya llevado a la UP más allá de los límites de la reforma no socialista.

Hasta ahora lo que ha hecho no ha sido cualitativamente muy diferente de lo que otros, varios, gobiernos latinoamericanos habían hecho, han hecho, están haciendo o podrían decidirse a hacer ahora. Pero a diferencia de otros gobiernos reformistas, estás basado firmemente en un movimiento obrero, y su inspiración primaria no es el nacionalismo o la “modernización” sino la emancipación de los explotados, de los oprimidos, de los débiles y de los pobres. Ha demostrado considerable inteligencia y habilidad política. Por último sus logros, en especial en el campo económico, son sustanciales.

Nada de todo esto garantiza su éxito. Para decirlo sin ambages: como la mayoría de los países semicoloniales sub o mal desarrollados, está a la merced de fuerzas más allá de su control, por ejemplo el mercado internacional del cobre, al cual resulta tanto más sensible porque Chile es, después de todo, según los estándares del Tercer Mundo, un país altamente urbanizado e industrializado, con una estructura social compleja y un patrón de consumo acendrado. Todavía no podemos saber si Chile será capaz de superar el peculiar estancamiento económico (combinado en este caso con un permanente porcentaje alto de inflación) que comparte con el resto del Cono Sur sudamericano, pero también, desde este punto de vista y en este momento, con Gran Bretaña, de cuya economía dependió esta área del planeta durante tanto tiempo. La experiencia muestra que esas debilidades resultan más difíciles de remediar de lo que creen los planificadores estatales. Tampoco se sabe todavía cómo la “vía chilena” puede superar el problema mayor de las economías subdesarrolladas:la brecha y el retraso entre el empleo y la población. Las dificultades a corto plazo de la producción, aunque serias, no son en sí mismas decisivas.

Políticamente, la “vía chilena” no ha demostrado todavía que un frente popular, muy dinámico y bien intencionado, sea una revolución, ni siquiera una revolución constitucional. La UP permanece encadenada no solo por las fuerzas exteriores sino también por el sistema político y por la situación de la que emergió y por las fuerzas políticas que se combinaron para formarla. Sin duda, todavía es muy pronto para emitir un juicio. Todavía no se ha probado en una crisis seria, ni en un desafío genuino, y no se debe subestimar la capacidad de la UP para superar su debilidad actual. El año próximo puede sacudirla, y puede también transformarla. Pero no se transformará espontáneamente.

(…)¿Puede la UP superar [esas crisis y desafíos]? La oposición, que por cierto llega hasta incluir al gobierno de Estados Unidos, está convencida de que no puede. Los líderes del gobierno y varias figuras políticas son prudentemente optimistas o, quizá, no pesimistas, incluso en privado. De igual temple se muestran algunos chilenos con quienes he hablado, muy capaces y sin compromiso político. Un apostador que permitiera inclinar su juicio, apenas, a su natural simpatía por Allende, le daría una probabilidad de seis a favor y cuatro en contra, lo que no es desalentador. Si dejara de lado por completo su simpatía, diría una a que gana, dos a que pierde. Incluso así, es mucho más de lo que nadie hubiera apostado por los bolcheviques después de la Revolución de Octubre. O, ya que estamos, por la victoria de Allende trece meses atrás.

Septiembre de de 1971

[Algunas notas del ensayo original han sido omitidas en la versión que se publica en este volumen]. 


Notas

[1] La vía chilena, del primer mensaje del presidente de Allende al Congreso en pleno, el 21 de mayo de 1971 (Santiago, 1971)

[2]  Cf. la declaración del MIR desmintiendo el asesinato del ex ministro democristiano del Interior por la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), un pequeño grupo terrorista, Punto Final, 23 de junio de 1971.

[3] Labarca, periodista del semanario comunista El Siglo, ha sido criticado por su tratamiento de la ultraizquierda (ver Manuel Cabiese Donoso, “Puntualizando la Historia”, Punto Final, 25 de mayo de 1971), pero el libro rebosa de información valiosa sobre la formación de la UP, los complots militares, y otros asuntos.Grosso modo, un pacto preelectoral cuidadosamente redactado entre Allende y el candidato (izquierdisra) demócrata cristiano Radomiro Tomic iba a regir sus relaciones después de la elección.El pacto disponía que (a) si el candidato de derecha (el ex presidente Jorge Alessandri) saliera tercero, la UP y la DC iban a aceptar como ganador a cualquier candidato que hubiera obtenido la mayoría simple, con tal de que el margen de diferencia superara los treinta mil voto, (b) si Alessandri ganaba, tanto la UP como la DC iban a aceptar su victoria dentro de las veinticuatro horas, con tal de que la mayoría simple de Alessandri superara los cien mil votos; © si Alessandri salía segundo, el candidato que saliera tercero -en los hecho, fue Tomic- concedería de inmediato la victoria al primero, con tal de que el ganador tuviera una mayoría simple de al menos cinco mil votos sobre Alessandri (de hecho, la mayoría simple de Allende fue de 39 mil votos). Sin embargo, después de la elección, la dirigencia de la DC, bajo la influencia del ex presidente Frei, quien, incidentalmente, parece no haber desalentado los complots militares de los cuales estaba enterado, condicionó el apoyo del Congreso para la asunción presidencial de Allende a la promesa de una enmienda constitucional que garantizara formalmente “la supervivencia del régimen democrático”. Después de algunas negociaciones y modificaciones, finalmente se aprobó esa enmienda. Ver Fernando Silva Sánchez, Primeras Reformas Constitucional del Presidente Allende (Valparaíso, 1971).

[4] El papel en la vida pública chilena de la comunidad, relativamente pequeña, de descendientes de inmigrantes es completamente desproporcionado. De ahí la alta frecuencia de apellidos no hispánicos en la vida política de Chila, empezando con el libertador Bernardo O ‘Higgins, Fei, Tomic, Pérez Zujovic, en la Democracia Cristiana (DC), Allende, Grossens, Toha en el Partido Socialista (PS), Chonchol en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Teitelboim en el Partido Comunista (PC), Schneider y Viaux (y Pinochet) en las Fuerzas Armadas. La ausencia de xenofobia (contra los europeos septentrionales) es una de las características más agradables de este país.

[5]  Por lo demás, si otra experiencia latinoamericana puede servir como guía, los eslóganes de la izquierda les resultan cada vez más atractivos. El más grande de los movimientos de masas actuales, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) colombiana, es alimentado con grandes dosis de retórica izquierdista -Che Guevara, Camilo Torres y tutti quanti– por líderes que sin duda habrían preferido limitarse a generalidades demagógicas si no hubieran olfateado entre el ánimo de sus seguidores.

[6] Cuando este artículo va a imprenta, parece tomar cuerpo una confrontación con Estados Unidos en torno a la compensación por las minas de cobre nacionalizadas. Las dos partes están bajo presión para no bajarse de sus posiciones y dar pelea: Washington, porque se trata de mucho dinero y porque se estaría asentando, por la confiscación, un precedente peligroso; Santiago, porque sería un alivio considerable para una balanza negativa el no pagar todos esos dólares. Además, “Compensación Cero” es un eslogan popular y la confrontación entre una pequeña nación y el gigante imperialista de Estados Unidos ofrece ventajas políticas internas para el gobierno de la UP. Como contrapartida, unos y otros tienen buenas razones para evitar un choque abierto y directo. Dado el rol clave del cobre tanto en la economía chilena como en las relaciones chileno-norteamericanas será difícil evitar algún tipo de crisis, pero sus repercusiones, más allá de un diferendo puramente económico entre los dos países, por ahora resultan imposibles de predecir.

[7]  En principio, dado que los costos son en moneda local y la facturación de lo exportado es en dólares, el comercio exterior seguirá siendo rentable en la medida en que se venda el suficiente cobre a un precio adecuado.

[8]  Mi fuente es el informe policial confidencial diario sobre estas cuestiones, que gentilmente me autorizaron a consultar.

[9]  Labarca Goddard, Al Chile Rojo, p.235.

Fuente: Hobsbawm, Eric, «¡Viva la revolución!». Editorial Crítica. Buenos Aires. 2018. Pp 391-422