Socialistas de la Ciudad y el Día Internacional de los Trabajadores

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En este nuevo 1ª de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores – y nuestra jornada emblemática-, los socialistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires venimos a expresar nuestra posición ante la situación por la que atraviesan las y los habitantes de nuestra comunidad. 
Cuando Alberto Fernández asumió como presidente de los argentinos, hace solo seis meses,  sabíamos que el rumbo del gobierno nacional iba a virar en 180 grados en relación al deslegitimado régimen de la alianza Cambiemos del PRO, la UCR y la CC, habían dejado un país devastado, tras cuatro años de erosión de todas las áreas sociales, caída del 34% del PIB per cápita, duplicación del peso de la deuda en el PIB, más de 40% de inflación anual, desocupación rozando los dos dígitos y  los peores índices de consumo en una década.

Sabíamos desde el comienzo, que si bien el flamante gobierno iba a tomar medidas para revertir el drama de la situación social y proteger a los sectores más postergados del país, por la ominosa herencia recibida, aún para los optimistas era claro que el 2020 no iba a ser un buen año para el país. 

A una situación que de por sí se planteaba como dramática, de modo inesperado se añadió la pandemia de Covid-19, que condujo al país a uno de los mayores desafíos de la historia. La rápida decisión del presidente Alberto Fernández, al establecer la cuarentena obligatoria dio desde el comienzo resultados alentadores ya que Argentina está logrando aplanar la curva de contagios, con menor cantidad de víctimas fatales. 

Así, los rápidos reflejos de un gobierno sensible a los sufrimientos de su población  que adoptó una serie de medidas preventivas de forma ejemplar,  evitaron un desastre aún mayor. Y esa política correcta evitó toda especulación partidaria, lo que queda demostrado en el rol destacado cedido por la Nación a los gobernadores e intendentes opositores. En particular, al titular del ejecutivo local, Horacio Rodríguez Larreta, a quien se incorporó a los esfuerzos comunes para enfrentar la pandemia. 
Consideramos razonable coordinar tareas con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como en el resto de las provincias del país y reconocemos en esa actitud un gesto de responsabilidad democrática. Sin embargo, esa magnanimidad cívica no debiera hacer olvidar cómo la gestión conservadora de Rodríguez Larreta y su antecesor Mauricio Macri, castigaron a los habitantes de la ciudad durante más de doce años con una brutal gestión privatista, de ajuste y exclusión social. Las consecuencias de ello aparecen hoy ejemplificadas en el vaciamiento de la salud pública, cuando pensamos en qué podría haber pasado este año si el gobierno porteño hubiera logrado la unificación de cinco hospitales en el Hospital Muñiz, en los permanentes recortes en la educación, en la falta de inversión en el transporte y la represión sistemática sobre los trabajadores callejeros informales.   

Frente a ésta delicada situación, los socialistas planteamos la necesidad de no subordinar la autonomía política del Frente de Todos y llamamos  a nuestros representantes a defender sin limitaciones tácticas los intereses del pueblo de la Ciudad. Por momentos parece flaquear la voluntad política y asoman en el horizonte las políticas de contemporización entre las cúpulas políticas.

Contamos con una Constitución de la Ciudad que es la más joven de nuestro país y también la más progresista. Fue fundada en una concepción optimista del ser humano al que cree noble y, por lo tanto, capaz del autogobierno, ya en su artículo primero “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”.

No obstante ese preciso mandato constitucional, en la Ciudad el presupuesto participativo no se aplica y las instituciones democráticas intermedias de las comunas se encuentran vaciadas y devaluadas. Con la omisión de las instancias intermedias de participación política locales y una nula participación ciudadana -que ha sido reducida al limitada publicidad de la obra pública de gobierno en algunos portales web, la votación de nuevos nombres de edificios públicos y poco más- queda revelada la intención de fomentar la pasividad ciudadana dejando así  fuera de control una gestión signada por la arbitrariedad y los negociados. 

Por todo lo anterior, es necesario fortalecer la coalición política que permita constituirse en alternativa de poder local en nuestra Ciudad. Reconstituirla como distrito que, por todas las ventajas objetivas que tiene, sea el más igualitario, el más sostenible y el más progresista de la república. Que tenga servicios públicos de excelencia, plena participación social, completa accesibilidad, apertura a todas las diversidades, acceso popular a la tecnología, transparencia institucional, control ciudadano y revocabilidad de los representantes. Una Ciudad del Siglo XXI .

A nivel global, la crisis que se ha desatado adopta proporciones bíblicas. A su vez, el carisma hacia el Estado fuerte ha vuelto. Estamos dejando un mundo atrás que no era viable, la pregunta es si el que viene lo será. El futuro no está escrito por lo que el mañana que nazca será consecuencia de las luchas políticas de hoy. Para que triunfe una orientación más humana, debemos tener un programa claro -que entusiasme- y generar un compromiso mayor de la sociedad en la lucha por sus derechos.

Aunque las medidas sanitarias preventivas han sido ejemplares, existe un retraso en las medidas económicas a implementar. Con una restricción de recursos drástica, la pregunta es ¿De dónde se obtendrán los fondos? Aunque la emisión monetaria -la creación de dinero- es una facultad del Estado, a mediano y largo plazo no puede sostenerse un plan de gobierno con esta iniciativa. Los sectores más poderosos no han aminorado su agresividad para evitar una reducción de sus márgenes de ganancia. Los mensajes del ex presidente Macri van en este sentido. A nivel nacional, a pesar de las presiones de los grandes capitales, confiamos en el criterio del Gobierno Nacional Alberto Fernández y Cristina Kirchner para sostener un rumbo de gobierno en defensa de los trabajadores.

Los socialistas apoyamos las medidas económicas hasta ahora implementadas. También observamos que es necesario un paso más. Señalamos con preocupación la falta de políticas para la contención de los sectores comprendidos en la economía social. Las diferentes medidas que se han propuesto ignoran la situación del mundo cooperativo; con más de 15 mil trabajadores en el mundo de las recuperadas y 80 mil en todas las cooperativas de trabajo a nivel nacional. No se comprende si es un prejuicio frente al mundo democrático del trabajo o la ineptitud de algún funcionario. Como sea, antes de un agravamiento irreversible, se deben adoptar resoluciones para la constitución de un fondo extraordinario para la pandemia con el objetivo de asistir a las cooperativas y demás actores de la economía social con el pago de salarios.

La CELAG ha lanzado un “Consenso para la transición económica”- que incluye la condonación de la deuda externa, suspensión parcial de remesas de utilidad, entre otras medidas-  que vemos necesario y acompañamos como forma de fortalecer la economía de nuestro país. La iniciativa de pensar un nuevo consenso social es un acierto; se necesita un pacto para reconfigurar de forma más justa la sociedad del futuro. Por otro lado, algunos sectores han levantado la propuesta de un “salario universal”. Es nuestro deber señalar el error conceptual que moviliza la propuesta. Una asignación económica universal no debe ser tomado como la contraprestación de un trabajo, como un salario. Por el contrario, debe ser un derecho constitutivo por la mera condición humana con el objetivo de garantizar la existencia. Aunque bien intencionada, la propuesta de un ingreso condicionado no nos permite superar las trampas de la pobreza. Por este motivo, en este contexto, es indispensable establecer rápidamente una Renta Básica Universal. Garantizar la existencia de todas y todos los ciudadanos es el primer paso para la construcción de un nuevo consenso más humano e igualitario. Tanto esta, como las medidas para las cooperativas, deben partir de un Fondo Extraordinario financiado de nuevos impuestos establecidos sobre los capitales financieros y el patrimonio sobre los sectores más ricos del país.