Derecho al trabajo y democracia en la empresa

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Por Pablo Scotto*

Este artículo está dividido en tres partes. En cada una de ellas intento dar respuesta a las preguntas: ¿Existe el derecho al trabajo? ¿De dónde viene? ¿Tiene sentido hablar del derecho al trabajo en la actualidad? En la primera parte, que tiene un enfoque predominantemente jurídico, entro en diálogo con un artículo de Gregorio Peces-Barba, titulado “El socialismo y el derecho al trabajo”. La segunda parte, más breve, consiste en un recorrido histórico por los orígenes de este derecho, y actúa como una suerte de puente entre la pregunta inicial y la final. La tercera parte, en fin, tiene un componente más político y actual; en ella defiendo la tesis de que derecho al trabajo y democracia en la empresa pueden y deben ir de la mano. Voy a centrar mi discurso en el caso español, del que puedo hablar con mayor conocimiento de causa, pero creo que mi conclusión es extensible a otros muchos países. 

1. ¿Existe el derecho al trabajo?

La respuesta más inmediata a esta pregunta no puede ser otra que un sí rotundo. Actualmente, el derecho al trabajo goza de un amplísimo reconocimiento jurídico. Figura, por ejemplo, en el artículo 23(1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948:

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Aquí hay dos interpretaciones posibles. O bien decir que el artículo 23(1) reconoce cuatro derechos distintos, o bien afirmar que el derecho al trabajo es el principal y que los tres restantes están, de alguna manera, incluidos en el primero. La interpretación mayoritaria, y la más razonable, es la segunda, pero no interesa ahora que nos detengamos en los motivos. Únicamente, quiero subrayar que el significado del derecho al trabajo que prevalece a nivel internacional es el expresado en este artículo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. El derecho al trabajo se suele entender, por lo tanto, como el compromiso, por parte del Estado, a diseñar políticas públicas que reduzcan el desempleo involuntario. O, dicho de otra manera, a diseñar políticas que aumenten el trabajo asalariado, sea público o privado. No cualquier tipo de trabajo asalariado sino uno que es libremente elegido, que incluye el reconocimiento de una serie de derechos laborales y da derecho a recibir una prestación por desempleo una vez que finaliza.

A pesar de no tener fuerza jurídica en sí misma, la Declaración de 1948 ha servido de referencia para muchos tratados de Derecho internacional. Y esta influencia incluye también al derecho al trabajo, que figura, por ejemplo, en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Por otra parte, es un derecho que está reconocido en las constituciones de Italia, Japón, India, Noruega, Francia, Suecia, Portugal, España, México, China, Brasil, Bélgica y Argentina (entre otras). En el caso español, el derecho al trabajo figura en el artículo 35(1) de la Constitución, que dice lo siguiente:

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

De nuevo aparece un conjunto de derechos. Pero lo más habitual es entender que todos ellos están incluidos en la idea, más general, del derecho al trabajo. Hay, sin embargo, una diferencia relevante con respecto al texto de la Declaración de 1948, y es que el derecho al trabajo aparece vinculado al deber de trabajar. Desde mi punto de vista, es poco acertado que este vínculo entre el derecho y el deber sea establecido en un texto jurídico como la Constitución, pero es una discusión en la que no puedo entrar ahora.

Lo que quiero destacar es que el derecho al trabajo existe, y que existe en un buen número de países del mundo. Con que existe me refiero a que está reconocido jurídicamente. Sin embargo, y aquí vienen los matices. No se puede decir que haya un consenso internacional sobre qué es el derecho al trabajo, como sí que sucede con otros derechos. Pensemos, por ejemplo, en la libertad de expresión: por muchas discrepancias que puedan existir con respecto a los límites de este derecho, o con respecto a los medios necesarios para garantizarlo, existe un consenso de mínimos sobre qué es la libertad de expresión. Algunos serán más restrictivos con respecto al uso de la libertad de expresión para el insulto o para la apología del fascismo, y otros serán más tolerantes. Algunos considerarán que la libertad de expresión está garantizada mientras no exista censura, mientras que otros dirán que la existencia de monopolios mediáticos es un obstáculo para la misma. Pero eso no quita que nos podamos poner de acuerdo sobre qué es la libertad de expresión. Pues bien, esto no sucede con el derecho al trabajo. En el Reino Unido, el derecho al trabajo suele significar, simplemente, permiso para trabajar: es el derecho a firmar un contrato de trabajo. En Estados Unidos, es el derecho a no afiliarse a un sindicato.

En cualquier caso, la principal dificultad para que se pueda hablar de la existencia de este derecho en sentido estricto es otra: el amplio reconocimiento del derecho al trabajo en los textos jurídicos nacionales e internacionales no viene acompañado de los mecanismos institucionales necesarios para garantizarlo. Es decir: si yo estoy en paro, no puedo ir ante un juez a reclamar mi derecho al trabajo ―cosa obvia―; pero, además, tampoco los poderes públicos están realmente obligados, en sentido fuerte, a acabar con el desempleo. En esto el derecho al trabajo se diferencia de otros derechos, lo cual ha llevado a algunos a defender que el derecho al trabajo no es un verdadero derecho. 

Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución española de 1978, defiende justamente esta idea en “El socialismo y el derecho al trabajo” (1990). La conclusión de su artículo es que el socialismo debe renunciar al derecho al trabajo. Aunque no lo formule de forma explícita, lo que Peces-Barba está diciendo no es solo que el socialismo deba renunciar a centrar su discurso en la idea del derecho al trabajo, algo que no sería muy llamativo y que tiene todo el sentido defender. Está diciendo algo más, está defendiendo una tesis más sorprendente que esa. Esa tesis es que el derecho al trabajo no existe. ¿En qué sentido no existe? No existe porque, a pesar de estar reconocido jurídicamente como derecho (en la Constitución), no es un verdadero derecho.

Peces-Barba da tres argumentos para defender su postura. En el texto aparecen un poco mezclados, especialmente el primero con el tercero, y el segundo con el tercero, pero aquí voy a intentar separarlos, para que se vean de forma más clara.

En primer lugar, el derecho al trabajo no es una pretensión moral justificada. Peces-Barba dice que no lo es porque no es posible afirmar, en nuestras sociedades contemporáneas, que el trabajo sea una condición necesaria para la realización personal, o para el desarrollo moral del ser humano.

En mi opinión, una buena forma de responder a esta objeción consiste en señalar que se trata de una exigencia desmesurada. Una exigencia que nada tiene que ver en realidad con el derecho al trabajo o, dicho de forma más precisa, que no es necesaria para fundamentar o defender ese derecho. Para defender la legitimidad del derecho al trabajo no hace falta entrar en el debate sobre si las personas nos realizamos más trabajando, tomando unas cervezas con los amigos, haciendo deporte o yendo al cine. Es un debate sin duda muy interesante, pero no es necesario entrar en él para aceptar o rechazar el derecho al trabajo. 

Basta con darse cuenta de que el trabajo es una necesidad social. Toda sociedad, desde las sociedades más simples hasta nuestras sociedades desarrolladas, necesita que sus miembros trabajen, a fin de seguir existiendo como sociedad. El trabajo es, desde este punto de vista, el medio a través del cual los individuos que pertenecen a una determinada sociedad satisfacen sus necesidades. Desde las necesidades más simples, como la de alimentarse, hasta las más sofisticadas. Si un individuo no trabaja en absoluto y tiene satisfechas todas sus necesidades, es porque otros están trabajando para él, ya sea de una forma más directa o más indirecta. Darse cuenta de esto, que es muy simple, es suficiente para defender el derecho al trabajo en tanto que pretensión moral. La idea es que, en la medida en que el trabajo es una necesidad en nuestra sociedad, entonces lo más justo es que todos contribuyamos al trabajo social de una forma aproximadamente equivalente. Es decir: que no haya quienes quieren trabajar pero no pueden, y por ello ven mal cubiertas sus necesidades; y que no haya quienes pueden trabajar pero no quieren o no lo necesitan, porque ya pueden satisfacer sus necesidades a costa de otros. Esta idea ―la de que el reparto del trabajo social debe ser justo― es, en mi opinión, lo que hace que el derecho al trabajo sea una pretensión moral justificada.

La segunda objeción de Peces-Barba es que el derecho al trabajo no puede ser positivizado como derecho. Este es el argumento más extraño, en mi opinión, de los tres que emplea. En primer lugar, por motivos obvios: el derecho al trabajo ya está positivizado en el artículo 35(1) de la Constitución española. No se trata de reconocer jurídicamente un derecho que no está presente en nuestro ordenamiento jurídico, como el derecho a la autodeterminación o los derechos de los animales; se trata de un derecho ya reconocido. Pero, en realidad, el argumento de Peces-Barba es un poco más sofisticado. Lo que viene a decir es que el derecho al trabajo, aunque esté reconocido en el artículo 35(1), entra en contradicción con el artículo 38, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Lo que Peces-Barba no hace es explicar los motivos por los cuales el artículo 38 debe prevalecer sobre el 35(1). Y aquí hay que decir que, desde un punto de vista sistemático, ambos artículos pertenecen a la sección segunda del capítulo 2 del título primero de la Constitución y, por lo tanto, están situados al mismo nivel. El motivo de que el 38 pese más que el 35(1) debe buscarse, pues, fuera del texto constitucional. Esto nos lleva al tercer argumento.

La tercera objeción ya no tiene que ver con que el derecho al trabajo sea una reclamación moralmente justa o no (primera cuestión), o con que pueda o no ser reconocido jurídicamente (segunda cuestión), sino que tiene que ver con la realidad social. Este tercer argumento consiste en señalar que el derecho al trabajo no es compatible con nuestra sociedad. Y esto básicamente por dos motivos. Por un lado, porque el trabajo se ha vuelto un bien escaso. Es decir, el desempleo estructural que existe en todos los países desarrollados hace imposible garantizar un puesto de trabajo a toda la población. Por otro lado, porque las sociedades contemporáneas privilegian, precisamente como resultado de esa escasez, el ocio frente al trabajo. Es decir: ya no es solo que el desempleo sea estructural, sino que está socialmente aceptado que eso no es un problema. El objetivo de la sociedad no es que todos trabajen, como lo era después de la Segunda Guerra Mundial, sino más bien aumentar el tiempo de ocio de todos. 

Estas dos razones por las que el derecho al trabajo no es compatible con nuestra sociedad descansan, en realidad, en una razón más de fondo, que es la consolidación de lo que Peces-Barba llama “economía de mercado”, y que quizás sería mejor llamar fase madura del modo de producción capitalista. La idea es que allí donde existe este tipo de sistema económico, hay necesariamente paro y que, además, el trabajo se desarrolla en unas condiciones que hacen que la mayoría de la población prefiera dedicarle el menor tiempo posible, buscando, en cambio, maximizar su tiempo de ocio. La clave de este argumento descansa no solo en que este sistema económico está firmemente asentado, sino en la consideración de que ha demostrado ser el único viable en las condiciones actuales (y Peces-Barba pone como ejemplo el colapso de la URSS), y también en el hecho de que no solamente está asentado, sino que es un sistema deseado, o al menos aceptado, por la mayoría de la población. 

En resumen: en la medida en que solo es posible garantizar el derecho al trabajo con un sistema económico de planificación centralizada, como el de la Unión Soviética, y en la medida en que este sistema es poco viable y poco deseable, no queda otra que renunciar a la idea misma del derecho al trabajo. Creo que para responder adecuadamente a este tercer argumento de Peces-Barba es conveniente acudir a la historia, y en concreto a la historia del socialismo. Hacerlo nos permitirá poner en duda esa asociación que él establece entre derecho al trabajo y planificación central de la economía.

2. ¿Cuál es el origen del derecho al trabajo? 

El ministro francés Turgot es, seguramente, el primero en usar la expresión “derecho a trabajar”. Lo hace en 1776, en un edicto en el que suprime los gremios. La idea es que, en la medida en que cada gremio tiene el monopolio sobre su respectiva actividad económica, esta prerrogativa va en contra del derecho de cualquier persona a dedicarse a una profesión de su elección. Es decir:  si para ser zapatero hay que aceptar las normas del gremio de los zapateros, y si además esas normas favorecen a los hijos de los zapateros, e impiden a los demás ejercer esa profesión, entonces este tipo de sistema, dice Turgot, va en contra del derecho al trabajo de las personas. La solución que propone para garantizar este derecho es la supresión de los gremios y, de forma más general, la liberalización de la economía. Hay que “dejar hacer” a los agentes económicos, sin ponerles impedimentos, y hay que “dejar pasar” a las mercancías, sin establecer gravámenes sobre ellas.

La siguiente aparición de la expresión “derecho al trabajo” no tiene nada que ver con la anterior. Se la debemos a Charles Fourier, quien entiende este derecho como el equivalente, en una sociedad compleja, a los derechos naturales o primitivos a la caza, la pesca, la recolección de frutos y el pastoreo de animales. Fourier utiliza este derecho tanto para criticar la sociedad de su tiempo, como para proponer una sociedad alternativa, a la que llama Armonía. Su argumentación es la siguiente. En la actualidad, dice, los pobres no aspiran a ser tratados como los ricos. Aceptan su condición subordinada, siempre que se les garantice poder ganarse el pan a través del trabajo, siempre que se les garantice el derecho al trabajo. Pues bien: en la civilización, ni tan siquiera este derecho tan modesto puede serles concedido, prueba de que la sociedad contemporánea es menos justa que la sociedad primitiva, en la que al menos todos podían cazar, pescar, recolectar y pastorear. Esto nos muestra, concluye Fourier, que es necesario avanzar hacia un nuevo orden industrial y social, llamado Armonía, en el que todos tienen, entre otras muchas cosas, derecho al trabajo.

En la época de Fourier, el socialismo se desarrolla en diferentes escuelas, rivales entre sí, y todas ellas alejadas de la política oficial. Sin embargo, unos años más tarde, después de la Revolución de 1830, surge en Francia un nuevo tipo de socialismo, al que podemos llamar “socialismo republicano” o “socialismo democrático”, y cuyo exponente más destacado es Louis Blanc. El proyecto político de Blanc consiste en que el Estado, una vez reformado o democratizado, pueda servir como instrumento para llevar a cabo una profunda reforma social, apoyando y financiando la creación de lo que llama “talleres sociales”. Se trata de cooperativas de producción, que irán absorbiendo paulatinamente a las empresas convencionales, sustituyendo la competencia entre empresas y entre individuos por la asociación de los productores en condiciones de igualdad.

Muchas veces se ha acusado a Blanc de ser un estatista, pero lo cierto es que su ideal es la realización del derecho al trabajo a través del movimiento cooperativista, no a través de la creación de puestos de trabajo por parte del Estado. Su pretensión no es que un Estado orwelliano, por muy socialista que sea, conozca y satisfaga las necesidades de todos. Su proyecto apunta a que todos puedan satisfacer sus necesidades por sí mismos, sin tener que pedir permiso a nadie. Para Blanc, que todos tengan derecho al trabajo equivale a que todos puedan coger de la sociedad aquellos instrumentos de trabajo que necesiten en cada momento. No es la satisfacción de una necesidad desde arriba, no es un derecho de prestación. Es la satisfacción de una necesidad desde abajo: indisociable, pues, del deber libremente elegido de contribuir con el trabajo del que uno es capaz.

Unos años más tarde, cuando ya ha desarrollado su teoría socialista, Blanc participa activamente en la Revolución Francesa de 1848. Es en este momento en el que el derecho al trabajo alcanza una popularidad que nunca antes había tenido. Hago un resumen rápido. La revolución se inicia en febrero, momento en el que se proclama la República, bajo la promesa de que esta garantizará trabajo a todos los ciudadanos. En abril es elegida una Asamblea constituyente mediante sufragio universal masculino, por primera vez en la historia. En mayo se elige un Comité constitucional. Victor Considerant, que es el principal discípulo de Fourier, forma parte de esta comisión constitucional. En parte debido a su influencia, el derecho al trabajo es incluido entonces en el primer proyecto de la futura Constitución. Este derecho al trabajo de Considerant es bastante parecido al teorizado por Fourier, aunque tiene un punto un poco más conservador (no interesa ahora explicar la diferencia). Poco después, en junio, en un contexto de desempleo generalizado, y en el que no se habían cumplido las promesas de febrero, los trabajadores de París inician una insurrección, que es duramente reprimida. A partir de ese momento, el derecho al trabajo queda asociado a los insurrectos y al socialismo, lo cual supone un cambio respecto a la forma más moderada en que era concebido (mayoritariamente) hasta entonces.

Después del verano, se produce un gran debate parlamentario en torno a si se debe incluir o no el derecho al trabajo en la Constitución. Se oponen al mismo los monárquicos, los republicanos burgueses y los economistas liberales. Están a favor de su inclusión los republicanos demócratas y los socialistas republicanos. Estos últimos defienden el derecho al trabajo, pero ya no el derecho al trabajo de Fourier o Considerant, sino un derecho al trabajo más ambicioso, un derecho al trabajo socialista. Su idea es que la República, para ser verdaderamente tal, para ser una comunidad política en la que los intereses particulares no estén enfrentados al interés público, tiene que ser una República social, una República que extienda la igualdad política a la esfera económica. Finalmente, tanto el derecho al trabajo como este programa socialista son dejados de lado, triunfando, por así decirlo, las tesis conservadoras.

Lo que quiero destacar es que no se alcanza a comprender plenamente el significado de la expresión “derecho al trabajo”, al menos en su sentido histórico, si se la entiende únicamente como la garantía, por parte del Estado, de un puesto de trabajo para los desempleados. Eso está presente en el 48, no cabe duda, pero lo que está en juego es algo distinto. A lo que aspiran los socialistas es a que la esfera social esté regida por los principios igualitarios de la esfera política. Aspiran a que la República baje al taller, a ser tratados como ciudadanos también en su puesto de trabajo.

3. ¿Tiene sentido hablar del derecho al trabajo en la actualidad?

Si se recuerda, habíamos terminado la primera sección de este artículo afirmando que queríamos cuestionar esa asociación que Peces-Barba establece entre derecho al trabajo y planificación económica. Vayamos con ello, y volvamos para este fin a la Constitución española y, en concreto, a aquellos artículos que están más directamente relacionados con el 35(1).

Lo más habitual es poner en relación el artículo 35(1), en el que se reconoce el derecho al trabajo, con el artículo 40(1), en el que se dice que los poderes públicos promoverán una política orientada al pleno empleo. Ahora bien, se añade siempre: esta política orientada al pleno empleo tiene sus límites en las sociedades capitalistas, porque el Estado no puede controlar de forma plena los mercados, y tampoco el mercado de trabajo. Por lo tanto, se continúa, el derecho al trabajo no es un verdadero derecho. ¿Por qué no? Porque su realización plena solamente sería posible a través de una planificación central o estatal de la economía, lo cual iría en contra del artículo 38, en el que se reconoce la libertad de empresa. Es decir: el derecho al trabajo solo sería posible en un país comunista, en el sentido peyorativo de la palabra; esto es, un país sin elecciones libres, con derechos civiles limitados, un país en el que no existe la iniciativa individual, y cuyo ejemplo paradigmático es la extinta URSS.

Parece que hemos entrado en una vía muerta, y que Peces-Barba está en lo cierto cuando formula sus objeciones al derecho al trabajo. Sin embargo, una buena forma de salir de esta senda, ciertamente poco prometedora, es fijarse en otros artículos constitucionales, como el 129(2):

Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

¿Por qué no vincular el artículo 35(1) con el artículo 129(2)? ¿Por qué no garantizar el derecho al trabajo a través del fomento público de la democracia en la empresa (entre otros posibles medios)? Lo que pretendo poner de relieve es que en España existen mecanismos constitucionales ―no divagaciones de algún grupúsculo desconectado de la realidad, ni recuperaciones del patrimonio folclórico del socialismo, sino principios constitucionalmente reconocidos― que permitirían establecer este vínculo. Un vínculo, además, que no es meramente posible o contingente. Lo que nos demuestra la historia del socialismo es que, en su origen, y especialmente en 1848, el derecho al trabajo significaba precisamente extender los derechos políticos (que en aquella época se acababan de conquistar) a la esfera social, al mundo del trabajo.

Me parece que este viejo ideal tiene hoy más sentido que nunca, dado el nivel de formación educativa y profesional de la población. Creo, por lo tanto, que es un ideal que puede y debe ser actualizado. Solamente una precisión: con democracia en la empresa no me refiero simplemente a que los empleados puedan rellenar formularios de quejas o a que puedan tomar algunas decisiones poco relevantes. No me refiero, tampoco, a que puedan tener derecho a elegir a sus representantes en los comités de empresa (algo sin duda muy importante, pero insuficiente). Cuando digo democracia en la empresa estoy pensando en una igualdad de poder en la toma de decisiones significativas para la compañía. Una igualdad que, para ser real, debe ir acompañada, como dice el artículo 129(2) de la Constitución española, de la participación de los trabajadores en el capital de la empresa. Estas decisiones tendrían que ver con qué, cómo y dónde producir, y también con la forma de distribuir los beneficios.

Este vínculo entre derecho al trabajo y democracia en la empresa será más complicado de establecer, quizás, en aquellos países en los que estos dos principios no gozan de reconocimiento jurídico. Veamos el caso argentino, antes de pasar a la conclusión. El texto original de la Constitución argentina data de 1853, pero ha sufrido importantes reformas, la última en 1994. En ella no se reconoce explícitamente el derecho al trabajo, sino solamente la libertad para elegir profesión (artículo 14) y una serie de derechos laborales (artículo 14 bis). Sin embargo, el alcance de estos últimos es más amplio que en otros textos constitucionales, incluyendo la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Además, en 1986 Argentina ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el cual reconoce el derecho al trabajo, como hemos dicho antes. A esto hay que añadir que, desde la reforma constitucional de 1994, y de conformidad con el párrafo 22 del artículo 75, la Constitución especifica que este Pacto (junto con otros tratados internacionales) tiene una jerarquía superior a las leyes (es decir, tiene rango constitucional).

En resumen: en la medida en que el derecho al trabajo reconocido en el Pacto Internacional de 1966 tiene rango constitucional, y en la medida en que el artículo 14 bis reconoce la participación de los trabajadores en la gestión empresarial, ese mismo vínculo que hemos establecido para el caso español, es aplicable al argentino.

Conclusión

Peces-Barba acaba su artículo preguntándose si la tesis que él defiende es o no reaccionaria. Dice que un amigo le ha dicho que sí, pero que su pretensión es, obviamente, que no lo sea. En mi opinión, el rechazo del derecho al trabajo no es, efectivamente, una tesis reaccionaria. Ahora bien, creo que es una tesis neoliberal. 

Me explico: creo que es un síntoma de eso a lo que Nancy Fraser ha llamado ―pensando fundamentalmente en Estados Unidos, pero no solo― neoliberalismo progresista. Es decir: la alianza establecida, en los años 90, entre una parte de los sectores progresistas de la sociedad (partidos socialdemócratas y ciertas corrientes de los nuevos movimientos sociales) y algunos sectores económicos punteros, básicamente del sector servicios (Silicon Valley, Hollywood) y de las finanzas (Wall Street). Esta alianza, cuyo inicio puede ejemplificarse con los mandatos de Bill Clinton en EEUU (1993-2001) y de Tony Blair en Reino Unido (1997-2007), llevó a los partidos clásicos de la izquierda a abandonar las políticas sociales que los habían caracterizado y a renunciar, por así decirlo, a su discurso clásico, sustituyéndolo por otro centrado en las identidades y el respeto a las diferencias. Simplificando, se trataría de la aceptación, por parte de los sectores progresistas, de las tesis económicas de los partidos conservadores, al tiempo que mantenían un discurso de izquierdas en el terreno de los derechos civiles, derechos de las minorías, etc. Este neoliberalismo progresista sería algo así como el heredero amable del neoliberalismo conservador de los año ‘80, y que se suele identificar con los mandatos de Reagan en EEUU (1981-1989) y Thatcher en Reino Unido (1979-1990).

Fraser opina que la razón de la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales de EEUU es haber sido capaz de articular un populismo conservador o reaccionario, en el que se promete protección social a los perdedores de la globalización. Un discurso, en definitiva, en el que se atacan las debilidades del neoliberalismo progresista, y en el que se busca en los inmigrantes y en el mundo financiero a los culpables del empobrecimiento de las clases populares. Fraser opina que la izquierda, para frenar a este movimiento, debe adoptar un populismo progresista. Es decir, en vez de aceptar el dilema que opone emancipación a protección social, debe construir una nueva alianza entre el avance de los derechos civiles y políticos y el desarrollo del Estado social. Yo no sé si “populismo progresista” es el mejor nombre para esa alternativa. Creo que se podría hablar, simplemente, de socialismo democrático. Sea como sea, me parece que Fraser lleva razón y que el socialismo (entendiendo “socialismo” en el sentido más amplio de la palabra) debe avanzar por esta vía. Debe buscar formas renovadas de hacer más habitable el mundo para aquellos que tienen menos.

¿Quiere decir esto que el socialismo debe hacer del derecho al trabajo uno de sus caballos de batalla? Yo no diría tanto. Un discurso socialista inteligente, que comprenda y dé respuesta a los problemas de nuestro tiempo, seguramente se puede articular de muchas formas distintas. No sé si el derecho al trabajo debe ocupar un lugar destacado en este proyecto o si es mejor centrar la atención en otras cuestiones y servirse de otras expresiones. Me parece, eso sí, que deberíamos evitar caer en eso que Marx llama “socialismo vulgar” en la Crítica del Programa de Gotha.

El socialismo vulgar […] ha tomado de los economistas burgueses la consideración y el tratamiento de la distribución como algo independiente del modo de producción y, por tanto, la exposición del socialismo como algo que gira principalmente en torno a la distribución.

En el contexto de la actual crisis sanitaria, se ha deseado y se ha dicho, en más de una ocasión, que lo sucedido debería servir para darse cuenta del carácter esencial de los sistemas públicos de sanidad y, en consecuencia, para reforzarlos y desarrollarlos. Se ha deseado y se ha dicho, también, que lo sucedido debería redundar en la implementación de subsidios públicos permanentes para aquellos con menos recursos.

Ojalá que así sea, pero tengamos cuidado de llevar nuestros deseos demasiado lejos si permanecen inalteradas las actuales relaciones de producción, porque corremos el riesgo de que se conviertan en piadosos y yermos deseos. Durante esta crisis se ha hecho patente algo que lleva en marcha unos cuantos años: la creciente dependencia que la mayoría de países del mundo tienen respecto al comercio exterior y, en particular, respecto a la economía productiva china. Una dependencia que no tiene únicamente que ver con productos de ocio o accesorios, sino con bienes esenciales. Una dependencia, además, que no afecta solamente a mercancías que requieren un elevado nivel de desarrollo tecnológico para su fabricación, sino también a bienes relativamente sencillos de producir. Por ilustrarlo: no afecta solamente a la fabricación de respiradores o test de diagnóstico, sino a la de mascarillas.

Sin pretender entrar en cuáles son las razones económicas y políticas de esta dependencia, sin duda complejas y difíciles de analizar, sí que me gustaría llamar la atención sobre las implicaciones que tiene para el asunto que he tratado aquí. La principal es la siguiente: los partidos socialistas han dejado de ser los representantes de aquellos que realizan el trabajo socialmente necesario. No solo porque dichos partidos hayan abrazado las tesis del “neoliberalismo progresista”, olvidándose de los trabajadores, sino porque buena parte del trabajo socialmente necesario se realiza en la otra punta del mundo. Sería conveniente que empezáramos a buscar formas de reducir esta dependencia, al menos respecto a los bienes y servicios esenciales. Lo contrario, además de ser insostenible desde un punto de vista ecológico, va en contra de la garantía de nuestros derechos y de nuestro bienestar.

En definitiva: ojalá la sanidad pública se consolide definitivamente como lo que es, un bien común esencial, y ojalá se establezcan mecanismos más amplios de redistribución de los ingresos dentro de cada país (mejor si se trata de una renta básica universal e incondicional, y no los subsidios para pobres que se están implementando). Ahora bien: no nos olvidemos de que todo ello no es posible (a largo plazo) si no existen los medios para que todos los ciudadanos puedan contribuir al trabajo socialmente necesario en su comunidad política. Como he intentado argumentar, esta garantía del derecho al trabajo no tiene por qué equivaler a que el Estado proporcione trabajos públicos poco cualificados a los desempleados. Puede significar, también, la extensión de la democracia al mundo del trabajo.


*Doctor de la Universidad de Barcelona (UB). Sus principales líneas de investigación son la Filosofía política y jurídica contemporánea, la Filosofía política de la Modernidad y la Ilustración, la Historia del socialismo y la Historia del derecho al trabajo.