Socialismo para realistas: Programa próximo frente al coronavirus

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La pandemia ha dado el marco para un cambio de paradigma de la forma de pensar la sociedad y el Estado. Bajo esa inquietud, Hernán Martini, sociólogo y miembro de la revista, consultó a especialistas en áreas claves para pensar propuestas en clave socialista a corto y mediano plazo. 

El mundo se ha detenido frente a la pandemia del Covid 19. Vivimos un momento de excepción en el que la economía mundial entra en shock, desplomando las operaciones en la bolsa de valores y dejando a la producción en un parate del cual no sabemos a ciencia cierta cuándo se recuperará. Esto deja al desnudo las debilidades de la visión neoliberal de la autorregulación de la sociedad vía libre mercado. Hoy más que nunca se presenta como una ideología que solo busca defender los intereses de los más acomodados. 

En su mayoría, los gobiernos han hecho lo opuesto, lúcidamente y haciendo uso de su capacidad soberana, no han dudado en intervenir en diferentes aspectos de la vida cotidiana y la economía para superar los efectos del virus. En el plano de la economía, se habla de “keynesianismo de guerra” y medidas que en otro tiempo se veían como extravagancias utópicas hoy se presentan como la solución más eficaz para superar las adversidades sociales. 

Este es el caso de la renta básica, medida que hace tiempo viene siendo militada por diferentes izquierdas y que hoy están en el centro de la agenda de políticas públicas a llevar. Muchos países estudian implementarla. Sociedad Futura ha elaborado un documento introductorio para pensar esta política para la Argentina. Esto también ocurre con otras medidas estructurales que, en una época de normalidad, serían muy difíciles de llevar adelante. 

La posibilidad que esta crisis deje un saldo progresista en términos de políticas públicas depende en gran medida de la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras de defender sus intereses. También de tener un programa claro que signifique un norte al cual apuntar. Sociedad Futura consultó a especialistas para que nos cuenten posibles medidas estructurales necesarias para lo que se viene.

Federico Tonarelli (Vicepresidente del Hotel Bauen y referente de empresas recuperadas)

Mientras el aislamiento ocupa todo nuestro tiempo, comenzamos en paralelo la discusión acerca de las consecuencias económicas de la pandemia.  

Si bien ya comienzan a tomarse medidas para paliar esas consecuencias, no todas las medidas alcanzan al sector cooperativo. Un ejemplo de ello es la creación de un Fondo de Afectación Específico a los fines de afrontar las situaciones de ahogo financiero de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Esta medida no llega a alcanzar al universo de las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas dado que, si bien la medida es buena, está ideada en principio para ayudar a formaciones empresarias constituidas como SRL o SA que mantienen con su personal una relación de dependencia. En tanto que en las cooperativas existe una relación asociativa entre trabajadores de cada unidad productiva que compone una cooperativa. De hecho en el art. 3 inc. b cuando habla de los objetivos de la norma nos dice salarios, aportes y contribuciones patronales. Todos estos elementos nos hablan de una relación de trabajo en relación de dependencia, propia de una SRL o SA, más no de una cooperativa.

Miguel Ángel Pichetto en un reportaje al canal de La Nación mostraba preocupación por el empresariado argentino y planteaba la necesidad de reformar la ley de quiebras. Aconsejaba ampliar el Cramdown o período de salvataje previo a la declaración de quiebra. Lxs trabajadorxs autogestionados asociados en cooperativas de trabajo tenemos mucho que decir al respecto. 

Ampliemos el Cramdown pero siempre y cuando la Cooperativa de trabajadores formada por los ex empleados tenga preferencia para la adquisición de la empresa a través de sus créditos laborales. Hemos visto cómo en los procesos de Cramdown aparecen los «testaferros» de los concursados y resulta que el «salvataje» es siempre para los vivos. Entonces: preferencia para la cooperativa y obligatoriedad para prestar conformidad para el resto de los acreedores so pena de una quita del 40%.

Antes de ayer fué Paolo (Rocca) y sus despidos. Ahora es Benito (Roggio) y la suspensión del pago a sus trabajadores de un aumento acordado con anterioridad.

No confiemos en lo duraderos que pueden ser los acuerdos entre capital y trabajo y menos que menos en este momento. La crisis es muy profunda muchachos! Con facturación 0 (cero) ¿que compromiso se puede asumir?

Economía

Alejandro Rofman -(economista, fundador del plan fénix) 

Una reforma fiscal redistributiva, donde el que más tiene o recibe como ingreso más paga, eliminando toda gabela impositiva que no tenga en cuenta el principio de la progresividad no solamente es una asignatura pendiente en la Argentina sino un disposición legítima en todo sistema que coloque a la plena vigencia  de la igualdad en el reparto de la riqueza como eje fundamental de un programa de transformación social con equidad y justicia social. El grave problema es que la cuestión se complejiza seriamente en términos de la viabilidad política para su aplicación por lo que pasa de ser un instrumento técnicamente irreprochable de justicia tributaria a un engranaje más del proceso de relación de fuerzas en una sociedad desigual como la actual.

Salud

Miguel Cappiello (Ministro de salud de la provincia de Santa Fe 2007-2013):

En Argentina existe pluralidad de prestadores tales como efectores privados, mutuales, obras sociales, entidades prepagas, etc. Pero hay grandes grupos de la población -marginados o directamente excluidos- a los que aquellos prestadores no llegan. Estos grupos necesitan que sea el propio Estado quien asuma la empresa, que es cada vez más costosa por el gran número de familias y comunidades que han quedado fuera del sistema y por la complejidad de los recursos necesarios. El Estado Nacional es quien debe llevar adelante la política sanitaria nacional siendo único rector, único garante, y quien asegure una única calidad  

Hace tres meses volvimos a tener Ministerio de Salud. Tuvimos una pandemia de Gripe A, de la cual no hemos aprendido, hoy estamos otra vez necesitando camas y respiradores. 

De las crisis debemos aprender. Es el estado quien debe garantizar accesibilidad, equidad, calidad y participación en la atención integral de la salud, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un Sistema Único de Salud (SUS) con el objetivo de construir una Argentina solidaria y justa. La fragmentación del sistema de atención es una de las causas de la heterogeneidad del acceso y de la calidad de la atención recibida, aún para aquellos grupos poblacionales que cuentan con cobertura.

Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, es definir qué es lo que se le puede y se debe brindar a los usuarios del sistema; y que esa definición sea adoptada por todos los actores del sistema de salud y de la sociedad,

El cómo: planificación estratégica, coordinación en redes y descentralización ejecutora, lo cual implica la participación popular y la decisión política.

Vacunas y patentes

Maria Julia Bertomeu (Comité de redacción de SinPermiso, filósofa especialista en bioética y patentes)

No debemos dejar de indignarnos, tampoco, con un elemento fundamental de lo que se ha dado en llamar la “ecología de la gripe”: la ausencia de sistemas nacionales públicos de salud robustos, pero tambien de un sistema público internacional de salud que se corresponda –en escala y en nivel de impacto- con la globalización económica vendida como la panacea. (…)

una vacuna no es costosa por lo que implica producirla y distribuirla, lo que aumenta de manera exponencial el precio de las vacunas y los medicamentos es el monopolio

que crean las patentes. Y las patentes son también las que impiden la colaboración libre y desinteresada de los científicos de la “república de la ciencia”, de la que nos habló Michael Polanyi al trazar una fantástica analogía entre la sociedad libre y la ciencia libre; esa ciencia libre que según Polanyi haría posible que los esfuerzos de cada uno de los científicos se ajustaran a los resultados obtenidos por los otros.

(leer el artículo completo en “El coronavirus (Covid19), la “república de la ciencia” y los derechos humanos.”)

Precios y consumo

Héctor Polino (Diputado nacional MC. – Titular de Consumidores Libres)

En materia de precios y consumo es imprescindible poner en funcionamiento de una buena vez las leyes vigentes: la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de tarjetas de crédito, la ley de defensa de la competencia ,constituyendo además, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que establece la ley, la ley de góndolas, y convocando a las entidades de defensa del consumidor ,para que puedan opinar y transmitir sus conocimientos y experiencia en la toma de decisiones fundamentales por parte de los organismos públicos competentes.En la nueva etapa que vivirá nuestro país, para atenuar y  superar la profunda crisis económica y social que agravará el coronavirus, se deberá impulsar una política de claro apoyo a las cooperativas de trabajo, de consumo, de servicios públicos, agropecuarias, farmacéuticas, de vivienda, para que las empresas de la economía social puedan contribuir a contrarrestar la acción especulativa que llevan a cabo  los grandes grupos del poder económico.

Comercio electrónico

Hernán Martini (Lic en Sociología – Secretario parlamentario 2015-2017 Bloque PS)

“El comercio electrónico viene creciendo de forma galopante en el mundo y en Argentina. 

Hoy Mercadolibre es la empresa más valuada del país y una de las mayores de América Latina. Para intervenir desde el Estado en pos de dinamizar la economía, Mercadolibre tiene una gran ventaja: es el 80% del espectro del comercio electrónico en la Argentina. En el mundo ya se debate el rol de estas plataformas en la sociedad: Por un lado, tienden a un monopolio natural (el hábito y la masividad tienen a reforzar su predominio en el mercado). Lo cual hace difícil generar diversificación y competitividad. Por otro, concatenadamente, estas plataformas se han vuelto un servicio público al igual que sucedió con otros monopolios naturales. La luz, el teléfono y el gas son algunos ejemplos. Cumplen un rol esencial en la sociedad que no podemos dejar librado a la -mala- regulación del mercado. 

En conclusión, necesitamos que el Estado tome conciencia del rol de este tipo de plataformas como un servicio público en este momento. 

De esta manera, los algoritmos utilizados no pueden quedar libres de la regulación del Estado. Sobre todo en contextos de emergencia como el actual donde se podría beneficiar a Pymes o fomentar el mercadoshop para todos los comercios cerrados, e impulsar medidas de favorecer el federalismo impulsando a las provincias con más restricción económica. Sistemas como los de MercadoPago cuentan con amplias posibilidades para aportar en materia de inclusión financiera, no solo colaborado en mayor higiene de las transacciones comerciales. Acortar o suprimir los tiempos de acreditación de los pagos para pequeñas empresas, facilitar flexibilizaciones en las cadenas de pago de corto plazo, así como financiar pequeños gastos a sus usuarios, son algunas de las medidas que solo pueden tomarse con una seria regulación por parte del Estado. Es una gran oportunidad.”

Politicas de genero

Julia Martino (Articulación de la Campaña Nacional por del Aborto seguro legal y gratuito y Miembro de la Mesa Directiva Nacional del PS) : En tiempos de pandemia se agudizan todas las desigualdades, entre ellas las de género.  La emergencia en violencia contra las mujeres ya existía antes del corona virus. Muestra de ello son los 63 femicidios  perpetrados entre el 1° de enero y el 29 de febrero de 2020, 59 % de ellos producidos en el hogar de la víctima. Por lo tanto la medida, necesaria, “quedate en casa”, agrava aún más la situación. En lo que va del aislamiento obligatorio se registró un aumento de 30% en los pedidos de ayuda y asistencia en violencia realizados a través del 144 y el 137 en todo el país.  La respuesta del Estado es escasa a pesar que son vidas en riesgo. Urgen políticas públicas que den respuestas rápidas y eficientes y pongan un freno a los femicidios. Por otro lado es clave para las mujeres y sus familias poder sostener su salud sexual y reproductiva y para eso es fundamental que, durante la pandemia, se instruya a los servicios de salud para que garanticen  la provisión de métodos anticonceptivos y las interrupciones legales del embarazo.

Migrantes

Sandra Gil Araujo (miembro del área de migraciones del Instituto Gino Germani)

La problemática principal de la población migrante es la imposibilidad de acceder, en algunos casos, al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que está brindando el gobierno para quienes no pueden garantizar sus ingresos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una de las condiciones para acceder al IFE es residir de manera regular en el país hace mínimamente 2 años. Y una gran parte de la población migrante -o un número importante- no cumple con una de las dos condiciones. Esto es un problema a tener en cuenta porque la irregularidad creció mucho durante el macrismo debido a diversos factores como por ejemplo la dificultad de tramitar los documentos o renovarlos. Incluso hay migrantes que están en nuestro país desde hace muchos años pero que vieron imposibilitada la renovación de sus documentos.

Esto se suma a una discriminación anterior, que no es del gobierno de Macri, sino que tiene que ver con el tema de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando se trata de familias migrantes. A estas se les exige un tiempo de residencia -3 años- que de alguna manera implica una discriminación porque, teniendo en cuenta que la AUH es un derecho de los niños, no solo se establecen diferencias entre niños no nacionales y nacionales sino entre los nacionales nacidos de argentinos y los nacidos de familias extranjeras. 

En este contexto, me parece un grave error considerar el estatuto de irregularidad o regularidad como determinante de acceso a un recurso en este momento de extrema necesidad. Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la población migrante trabaja o se inserta en el mercado de trabajo informal. Por ejemplo, muchas de las mujeres son trabajadoras domésticas que probablemente no estén cobrando su salario en estos momentos.

Otra cuestión importante es que la exigencia del tiempo de residencia -o sea que incluso gente que es regular pero que llegó hace un año y medio tampoco puede acceder al IFE- también va en contra de la lógica que demuestra que los migrantes recién llegados son los más vulnerables, los que tienen peores condiciones económicas, peores condiciones de vivienda, peores condiciones de trabajo. En consecuencia, de alguna manera se los está penalizando y creo que también es algo que debería tomarse en consideración.

Concretamente, creo que habría que tener políticas dirigidas a la población que reside en el país sin tener en cuenta su nacionalidad ni su estatuto migratorio. Que estos factores no sean los que definan el acceso a recursos vitales como lo es, por ejemplo, la comida o el dinero para garantizar el acceso a la alimentación.