La financiación de la renta básica: La respuesta de los economistas.

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La revista socialista Sociedad Futura intenta sumar propuestas frente a la crisis social por venir, por eso el 16 de marzo comenzamos a publicar nuestros primeros trabajos al respecto, con un documento titulado “Coronavirus y Crisis mundial: la propuesta de la Renta Básica Universal para Argentina”. En este artículo describíamos la grave situación económica que supondría implementar las necesarias medidas sanitarias frente a la pandemia; así como también abordábamos la viabilidad de la Renta Básica Universal (RBU) como respuesta desde el Estado. 

Casi un mes ha pasado desde que publicamos ese material y el debate sobre la necesidad de implementar ya mismo una RBU no ha parado de crecer. Argentina se encuentra en una lógica cuarentena preventiva para atenuar la exponencial propagación del virus. Las tensiones sociales producto de la consecuente hibernación económica también van en aumento. 

Por este motivo, desde Sociedad Futura creemos más necesario que nunca insistir en el tema. Como continuación de ese documento, el presente material tiene como objetivo presentar a nuestros lectores una serie de caminos tentativos de financiación e implementación de la RBU para la Argentina.

Para eso nuestro secretario de redacción, Maximiliano Suárez, consultó a respetados economistas sobre la propuesta de la renta básica, las formas de financiarla, y el sistema tributario argentino.


“Cualquier reforma fiscal profunda debe vincularse al modelo político y económico que se pretende llevar adelante para organizar a la sociedad”

Martín Mangas es investigador-docente de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento y docente de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Consultor de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales sobre finanzas públicas, política fiscal y administración financiera gubernamental. Integrante del Foro Universitario de Estudios Fiscales y el colectivo Economía Política para Argentina (EPPA).

Sociedad Futura – Podrías definirnos en tus palabras, ¿qué entendés por Renta Básica Universal, y para qué sirve?

Martín Mangas: La renta básica universal es un ingreso monetario y periódico abonado por el Estado operando como un derecho sin ninguna condición, ni contraprestación.  En un sistema de renta básica la percepción no está determinada por la situación personal del beneficiario.

Lo que se busca con este tipo de políticas es garantizar un nivel mínimo de ingresos para todos los habitantes  y de esa forma reducir la brecha de ingresos.

SF -Nosotros pensamos que es necesario generar un sistema integrado de fiscalidad, entendiendo las dos formas de tratar a un ciudadano, como beneficiario del gasto público, y como contribuyente de impuestos. Esto generaría una simplificación administrativa, mayor eficiencia y equidad en la redistribución. ¿Cuán lejos está Argentina de lograr esto, lo ves factible?

MM -El sistema tributario argentino consolidado (incluyendo a los gobiernos provinciales y municipales y sin contar en el total a los ingresos de la seguridad social), adolece desde hace varias décadas de algunos problemas serios en materia distributiva, a saber:

a)   Los impuestos a los bienes y servicios (consumo), cuyos principales exponentes son el IVA e Ingresos Brutos, representan el 65% del total.

b)     La imposición a las utilidades y ganancias de capital alcanzan a un 22% de la recaudación total. Incluso algo que agrava este guarismo tan bajo es que el 60% de la recaudación está en cabeza de las personas jurídicas (sociedades comerciales), con la cual, la traslación a costos y precios del impuesto permite distorsionar la característica directa que posee el tributo.

c)  Los impuestos patrimoniales (bienes personales, impuestos inmobiliario y automotor provinciales) representan tan sólo $ 7 de cada $ 100 que recauda el Estado. Es un valor que está en el orden del 1,5% del PBI y eso impide dotar al sistema tributario de mayor progresividad, debido a que la imposición a la riqueza en nuestro país es injustamente baja.

d)    Algo de la escasa progresividad fiscal se compensa con las impuestos al comercio exterior (derechos de exportación e importación), pero durante el macrismo (por la eliminación de esos tributos a algunos productos o por la reducción de alícuotas) su recaudación cayó a la mitad de lo registrado en la década anterior (1,5% del PBI entre 2016 y 2019 versus 2,9% del PBI entre 2005-2015).

e)   Los gastos tributarios (exenciones impositivas) son elevadas representando casi 3% del PBI (dentro de ellas está la exención del pago del Impuesto a las Ganancias de magistrados y funcionarios del Poder Judicial).

 Darle al sistema tributario un carácter redistributivo es la principal orientación de política que debe encararse para incentivar la acumulación productiva, favorecer la creación de empleos formales y, por sobre todas las cosas, morigerar las desigualdades sociales que determina el mercado.

 La justicia tributaria sólo puede ir de la mano, si es capaz de enfrentar, en todos los campos de política, a la fracción más concentrada del ingreso y la riqueza, para encarar y propender a un país igualitario.

SF -Hace mucho tiempo que se viene insistiendo en la necesidad de hacer una reforma fiscal, por ejemplo desde la izquierda, en el sentido de sacar la presión de los impuestos indirectos a los sectores populares, como son los que atañen a los alimentos, y lograr un tributo directo en las clases ricas sobre todo en lo que hace a títulos de propiedad, herencia, ganancias extraordinarias, flujos de capitales, especulación financiera, etc. ¿Cómo analizas las condiciones para lograr estas necesarias reformas?

MM- La estructura tributaria es la expresión fiscal de las relaciones de hegemonía en una sociedad. En ese sentido, la orientación de la cuestión fiscal guarda relación con el proyecto político y económico de las fuerzas políticas que conducen el Estado. Para una reforma, será necesario acordar un verdadero “pacto fiscal”, es decir, un acuerdo  entre el Estado y la sociedad civil (empresarios, sindicatos, consumidores), de modo de hacer aplicable las reformas para que no queden sólo en la letra de la ley. En este sentido, hay que rechazar la pretensión de identificar una reforma tributaria solamente con los cambios legislativos que la han originado. Cualquier reforma fiscal profunda debe vincularse al modelo político y económico que se pretende llevar adelante para organizar a la sociedad.

Una mayor imposición directa y progresiva podría ser el reflejo de la consolidación de una sociedad más democrática e igualitaria. Así debería ser, y para eso, algunas reformas deberían ir en la línea de:

 a)     Quitarle regresividad al IVA aplicando un esquema de “personalización”, es decir, con devoluciones en compras con medios de pago electrónicos (tarjetas de débito / crédito) a los estratos poblacionales de menores ingresos. Esta iniciativa puede presentar la dificultad de que el impacto buscado sea menguado por la falta de bancarización de la población y la economía informal. Otra opción es reducir las alícuotas para un conjunto amplio de bienes y servicios.

 b)     Por ser algo de estricta justicia, debe fortalecerse el impuesto a la renta/ganancias de personas físicas y potenciar así sus efectos recaudatorios y distributivos, promoviendo un tributo general que considere en la base imponible todas las rentas del contribuyente. Reforzar el impacto sobre la equidad, ya sea en relación con el principio de la capacidad de pago (equidad vertical) o con un tratamiento impositivo igualitario para aquellos que tengan ingresos equivalentes (equidad horizontal), aunque sean de diferente fuente (salario o capital) o diferente modalidad contractual (asalariado o autónomo).

 c)     Por el lado de los impuestos patrimoniales, la enorme riqueza y productividad de la tierra permite aspirar a un incremento de al menos 1% del PBI en los impuestos a la propiedad inmueble. Otro tanto podría obtenerse por un impuesto a la riqueza que grave con mucha fuerza el patrimonio neto del 20% más rico de la población.

SF -La crisis sanitaria y económica que generó la irrupción del coronavirus ha logrado atravesar culturalmente a las clases medias y bajas, en el sentido de borrar el prejuicio y la estigmatización que había con respecto a las transferencias monetarias desde el Estado. Ha llegado el momento de instaurar en la agenda pública la necesidad de una Renta Básica Universal como un derecho humano, el más elemental, que es el de la existencia. ¿Crees que con las reformas fiscales necesarias, y la reasignación de recursos por parte de los gobiernos, sea posible llegar a una renta básica universal e incondicional, que nos garantice umbrales aceptables de supervivencia, y por lo tanto de libertad?

MM -Un antecedente en este sentido, de un indudable impacto redistributivo, es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que si bien es una transferencia monetaria personalizada (alcanza a uno de los padres, por cada hijo menor a 18 años y hasta un máximo de 5) y una parte del ingreso está condicionado al cumplimiento de asistencia escolar y controles de salud, alcanza a un universo de casi 4 millones de beneficiarios. Si bien, durante el macrismo, en términos reales, el ingreso de esa percepción ha perdido poder adquisitivo, es un política que lleva once años de implementación.

Recientemente, por el impacto de la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino ha dispuesto, por única vez, un Ingreso Familiar Extraordinario de $ 10 mil. Sin dudas, está en la línea de un criterio de renta básica personalizada (alcanza a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y del régimen general de las categorías más bajas), y si bien es insuficiente, es un avance más en este sentido.

La catástrofe económica y social que vive la Argentina desde hace décadas (por los altos niveles de desempleo, pobreza e indigencia), sumado a las impredecibles consecuencias de la pandemia (que agravarán el cuadro de situación), deberían dar lugar, aprovechando esa externalidad negativa, para encarar dos cosas: a) de una vez por todos la necesaria reforma tributaria, en un sentido progresista, y b) redefinir las políticas de ingreso para dar por tierra con los programas focalizados, personalizados y condicionados y alcanzar un renta básica universal que permita garantizar, en materia de cantidad, calidad y accesibilidad, los bienes y servicios necesarios para una vida digna a todo el pueblo argentino.

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“La pandemia ha puesto el tema de la necesidad de eliminar de modo progresivo las desigualdades estructurales del sistema capitalista, a la que los socialistas -si queremos ser así denominados- debemos consagrar todas nuestras fuerzas”

Alejandro Rofman es Economista (UBA). Doctor en Ciencias Económicas (UNC). Master of Arts, con especialización en economía regional por la Universidad de Pennsylvania, EEUU. Investigador Principal del CONICET. Profesor en Programas de Posgrado en Economía y Planificación Regional, en universidades argentinas y de Brasil, Chile, Venezuela, e Israel. Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el Equipo de Economías Regionales del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Director del Programa Integral y Maestría en Economía Solidaria de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene artículos y libros publicados sobre el sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, economías regionales, desarrollo local y economía social.

Sociedad Futura ¿Podrías definirnos en tus palabras qué entendés por Renta Básica Universal, y para qué sirve?

Alejandro Rofman -La cuestión de ofrecer (una transferencia monetaria) a toda persona nacida en el país, o que migró a nuestro espacio nacional, trasciende el hecho fiscal en sí, en el sentido de que intenta establecer, ante todo, un principio general: todo habitante residente legalmente en el país, desde que nació o migró a nuestro espacio nacional, adquiere por ese hecho fundacional el apoyo estatal para asegurar su supervivencia. Se trata entonces de un derecho legítimo a la vida, en condiciones tales que coloca, por el hecho de existir, a todos los nuevos habitantes en un plano igualitario en el punto de partida de su existencia. Desde esta perspectiva ética y de reivindicación del principio de igualdad, como socialista, apoyo fervientemente tal normativa como un pilar necesario en la construcción de una Nueva Sociedad.

SF- Nosotros pensamos que es necesario generar un sistema integrado de fiscalidad, entendiendo las dos formas de tratar a un ciudadano, como beneficiario del gasto público, y como contribuyente de impuestos. Además esto generaría una simplificación administrativa, mayor eficiencia y equidad en la redistribución. ¿Cuán lejos está Argentina de lograr esto, lo ves factible?

AR -El principio de la fiscalidad constituye otra norma básica que reivindica al habitante en su  vivencia cotidiana y califica el aporte estatal en consonancia con la capacidad contributiva del mismo. Creo que, al ser válido como enunciado ético, puede ser complicado desde el punto de vista operativo. En Argentina implicaría una reestructuración de su sistema impositivo, que supondría una adecuación del mismo (para implementar la Renta Básica Universal), lo que sin duda llevaría tiempo y recursos hoy no disponibles para tal fin, pero que corresponde se establezcan en su oportunidad.

SF- Hace mucho tiempo que se viene insistiendo en la necesidad de hacer una reforma fiscal, por ejemplo desde la izquierda, en el sentido de sacar la presión de los impuestos indirectos a los sectores populares, como son los que atañen a los alimentos, y lograr un tributo directo en las clases ricas sobre todo en lo que hace a títulos de propiedad, herencia, ganancias extraordinarias, flujos de capitales, especulación financiera, etc. ¿Cómo ves las condiciones para lograr estas necesarias reformas?

AR- Una reforma fiscal redistributiva donde el que más tiene, o recibe como ingreso, más paga, eliminando toda gabela impositiva que no tenga en cuenta el principio de la progresividad, no solamente es una asignatura pendiente en la Argentina sino una disposición legítima en todo sistema que coloque a la plena vigencia  de la igualdad, en el reparto de la riqueza, como eje fundamental de un programa de transformación social con equidad y justicia social. El grave problema es que la cuestión se complejiza seriamente en términos de la viabilidad política para su aplicación, por lo que pasa de ser un instrumento técnicamente irreprochable de justicia tributaria a un engranaje más del proceso de relación de fuerzas en una sociedad desigual como la actual.

SF- La crisis sanitaria y económica que generó la irrupción del coronavirus ha logrado atravesar culturalmente a las clases medias y bajas, en el sentido de borrar el prejuicio y la estigmatización que había con respecto a las transferencias monetarias desde el Estado. Ha llegado el momento de instaurar en la agenda pública la necesidad de una Renta Básica Universal como un derecho humano, el más elemental, que es el de la existencia. ¿Crees que con las reformas fiscales necesarias, y la reasignación de recursos por parte de los gobiernos, sea posible llegar a una renta básica universal e incondicional, que nos garantice umbrales aceptables de supervivencia, y por lo tanto de libertad?

AR- Remito mi respuesta a lo que se plantea en el comentario a la pregunta inicial. Por supuesto que la pandemia ha puesto el tema de la necesidad de eliminar de modo progresivo las desigualdades estructurales del sistema capitalista, a la que los socialistas -si queremos ser así denominados- debemos consagrar todas nuestras fuerzas. El principio de la necesidad de una creciente igualdad social quedó claro en esta circunstancia tan dramática. El extremo debilitamiento en la provisión de servicios de salud a que llevaron algunos gobiernos, dadas sus posturas valorizadoras de la salud privada en vez de la pública en la perspectiva del capitalismo financiero, impidió a los Estados actuar eficazmente en defensa de los segmentos de la población más desfavorecidos. En varios países del Primer Mundo el retorno del Estado de Bienestar deberá ser, de ahora en más, una prioridad en las sociedades que lo abandonaron siguiendo los criterios regresivos del neoliberalismo dominante.