Verónica Heredia: Resignificar la Justicia

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La propuesta de escribir acerca de qué hacer con la justicia me encuentra sumida en esa reflexión hace tiempo. La práctica judicial como abogada independiente provoca mi respuesta: resignificarla. 

Para intentar explicar mi respuesta recurro a las teóricas Maria Galindo, quien en el Seminario “Cartografía política de los feminismos. De la confusión en torno al género a la despatriarcalización” advierte que la ocupación del espacio y la significación están en el Génesis; a Carole Pateman, quien en el “Contrato Sexual” desnuda un contrato premoderno, el contrato sexual basado en castas y jerarquías, previo al moderno contrato social entre iguales, y a Rita Segato, quien describe en las “Estructuras Elementales de la Violencia” a las microviolencias imperceptibles y por ello tan eficaces. Recurro a dos casos judiciales que reflejan la urgencia de resignificar la justicia: F.A.L. y “Lucía Perez”.

En el Caso F.A.L. la Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó el 12 de marzo de 2012 que el artículo 86 del Código Penal de 1921 -vigente a esa fecha- no penaba el aborto practicado a mujeres violadas. En diciembre de 2009 F.A.L., madre de la niña adolescente de 15 años A.G., denunció ante el Poder Judicial de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Provincia del Chubut) que su hija estaba embarazada de su padrastro, quien la había violado. En enero de 2010 conoció a la abogada Sandra Grilli, quien se acercó a ofrecerle su ayuda al verla en los tribunales leyendo el Código Procesal Penal para entender quién era competente para atender su reclamo. Grilli desde ese momento acompañó a la señora F.A.L., a su hija A.G. -la sexta de sus 10 hijos e hijas- hasta que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, el 8 de marzo de 2010, ordenó al Director del Hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia le practicara el aborto al que tenía derecho. 

Antes, Grilli advirtió a F.A.L. :

-Mirá que vamos a abrir la Caja de Pandora: vamos a pedir aborto no punible. 

Abogada, madre y niña, abrieron la puerta del Poder Judicial para reclamar el derecho que le es propio a la mujer y todos los males salieron: una jueza penal, dos juezas de familia y dos juezas camaristas, negaron dicho derecho; nueve jueces penales cambiaron la calificación de violación a estupro y convirtieron violencia en seducción; psicólogos y psiquiatras reunidos en Comité de Ética evaluaron a la niña que gritaba su voluntad de suicidarse antes de tener un hijo hermano de sus hermanos; médicos objetores de conciencia que obligaron a la niña a viajar 400 km para acceder a una médica que le practicara el aborto; docentes que no querían que vuelva a la escuela para no perturbar el ciclo lectivo; defensa pública que representaba los intereses del naciturus y del violador; fiscales que aceptaron el cambio de calificación y la pena de 8 años de prisión; el Gobernador de la Provincia mantuvo al violador en su cargo de Policía portando su arma reglamentaria durante el proceso.

Conocí y escuché a la niña A.G., a su madre F.A.L., a su abuela, a la abogada: todas habían sido violadas. Ninguna tuvo justicia, si por ella se entiende la sentencia dictada por un tribunal, independiente e imparcial que, luego de conocer los hechos con todas las garantías procesales para las personas acusadas, determina si esos hechos están previa y legalmente penados, establece responsabilidades y castigo. De ellas, la justicia solo escuchó a A.G., por insistencia, valentía y creatividad de la alianza de esas mujeres, y entonces la castigaron: la condenaron a la pena de que su violador sea su seductor.

Lucía Perez, una niña adolescente de 16 años, fue llevada sin vida el 8 de octubre de 2016 por tres varones -de alrededor de 20, 40 y 60 años de edad respectivamente- a una sala de primeros auxilios en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Ese día fue brutalmente violada y drogada. Tres jueces varones que presidieron el juicio oral y público admitieron que los tres trasladaron el cuerpo sin vida de la adolescente, que dos de ellos tenían drogas para venderlas en cercanías de la escuela donde concurría la adolescente, que uno de ellos tenía la foto de Lucía sin que ella lo hubiera conocido, que uno de ellos había tenido sexo con la niña adolescente hasta su muerte, que Lucía murió producto de asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar que derivaron en una falla cardíaca final, y que su cuerpo daba cuenta de violencia sexual. Sin embargo afirmaron que ninguno de esos varones, ni ninguna otra persona, eran responsables de la muerte de Lucía. A la fecha (octubre de 2019) la causa judicial se encuentra en la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires a la espera de que otros tres jueces confirmen o revoquen la condena a Lucía Perez.  Porque al igual que con el caso de la niña adolescente A.G. violada por su padrastro, los jueces condenaron a Lucía. 

Los jueces del juicio en lugar de preguntarse por las circunstancias de la muerte de Lucía y las razones y circunstancias por las que tres varones portaban su cuerpo sin vida con signos de violencia sexual, se preguntaron:

  1. “¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos?”;
  2. “¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?”;
  3. “¿Existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hiciera mantener relaciones sexuales no consentidas?”,
  4. “¿Las conductas previas y posteriores de Farías se corresponden a las de una persona cuya intención es abusar sexualmente de una menor y proporcionarle drogas hasta su muerte?”.

A Lucía la condenaron a que su violación y previa intoxicación haya sido “un incidente de salud” producto de su carácter decidido, su posibilidad de dirigir su voluntad y mantener relaciones sexuales libremente.

Coincido con Segato en que el acto violento es un enunciado con intención comunicativa y que en la violación la víctima no es el interlocutor principal sino los coautores, los socios en la enunciación. Carlot Pateman al develar que aquel contrato social -Hobbes, Locke, Rousseau- está asentado sobre el contrato primigenio, el sexual, construido a partir del primer acto de fuerza originario que es la violación del macho-padre-patriarca que establece la ley del género y la subordinación, nos advierte de quiénes son los interlocutores de la violación: los individuos, los masculinos, los pares de la cofradía como señala Segato.

La justicia, tal como quedó establecida en la Modernidad con el Estado democrático y la división de poderes como garantía de su existencia, tiene el sentido asignado por la coexistencia de esos dos pactos, el premoderno de la desigualdad sexual y el moderno de la igualdad. ¿Quienes son los interlocutores de los jueces de A.G. y de Lucía Pérez? La sentencia que dicta el juez en un caso concreto, para una situación individual determinada, dirigida a las personas partes en el proceso judicial, se convierte en un enunciado genérico que luego tendrá en su horizonte mental el violador. La sentencia es el enunciado lleno de ecos y recuerdos de otros enunciados, que además del destinatario primario que conforman las partes en el proceso judicial, se dirige a un superdestinatario, a un tercero (Bajtin). Así, el diálogo entre violadores y jueces y viceversa, refuerza el orden establecido y el sentido de justicia acordada con libertad, igualdad y fraternidad revolucionaria del siglo XVIII pero que tiene el acto de fuerza fundante: la violación.

Solo el manto de la patriarcalidad/modernidad vuelve invisible la inteligibilidad de la violencia del sujeto masculino hacia quienes muestran signos y gestos de femineidad (Segato). En la medida que tapamos, desconocemos, ocultamos bajo el manto de la igualdad aquella desigualdad subordinación primigenia, seguimos sosteniendo esa justicia que nos excluye. 

Propongo como camino a una vida sin violencia contra las mujeres, que por esencial y fundante se proyectará a la comunidad y a la naturaleza, resignificar la justicia. Para ello, tener como primer acto de fuerza que funda la vida en sociedad la violencia ejercida por el macho-padre-patriarca contra la mujer (el robo según Godelier, la violación según Pateman) en vez de la muerte del padre según reclaman Freud, Lévi Strauss y Lacan; dejar de pensarnos alrededor de un contrato social entre individuos iguales – “contrato” que delinea todas las relaciones en el Estado Moderno- y pensarnos convocantes a un pacto ético (Galindo) en el que estemos incluidas todas las personas a partir de reconocer las desigualdades estructurales, las microviolencias cotidianas, los mandatos sexuales; y dejar de actuar en términos de “derechos” como concepto central de la narración moderna y practicar la desobediencia y las utopías en las alianzas.


Veronica Heredia es abogada, defensora de los Derechos Humanos.