Vanesa Maura Risetti: Las tareas de la Justicia

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1. ¿Qué debe hacer el Poder Judicial por la Justicia? 

La respuesta es: tener un plan. 

Por mandato constitucional el Poder Judicial debe dictar los reglamentos que hacen a su organización y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia, como así también designar a sus empleados.  

Esa facultad conlleva la del ejercicio de un poder de transformación hacia adentro. Entonces cabe que nos preguntemos ¿qué podemos hacer internamente para lograr algún grado de transformación del poder judicial?, la respuesta es: elaborar un plan estratégico que permita emplear esa facultad constitucional para generar una transformación que quite al sistema de justicia de la zona penumbra en la que se encuentra. 

El Poder Judicial Nacional y Federal carece de liderazgo, eso se ve agravado por la falta de democratización de sus bases y ausencia de un proyecto propio. Es un poder que parece funcionar a impulso del poder político de turno, ya sea para resistir o para asentir, y sin mirar hacia adentro y trabajar en un diseño adecuado para su organización. 

La Justicia Nacional y Federal carece de diagnóstico integral, de plan, de propuestas, de diseño propio y, entre otras cosas, de canales públicos para rendir cuentas de su trabajo. Todo lo que existe es escaso y espasmódico. Va detrás de un reflejo ante una crítica que no puede evitar y que no sabe resolver de manera integral. 

La jerarquía del Poder Judicial argentino concentra esfuerzos argumentales para convencer a propios y ajenos de una actuación de los órganos judiciales ajena a los intereses del gobierno de turno; pero no abre el debate a su rol como poder del Estado y a lo necesario para robustecerlo. 

2. ¿Qué funciona mal en la Justicia? 

La pregunta puede ser respondida de diversas formas; pero por mucho que busquemos no sabremos qué evaluación hace el Poder Judicial de sí mismo. Probablemente porque no trabaja para informarse acerca de ello, no hay instancias de diálogo horizontal, no hay espacios de puesta en común de problemas, necesidades, propuestas, para pensarse como una organización dinámica y vital. No hay diálogos con la sociedad civil. No hay divulgación de su función, ni espacios para una rendición democrática de cuentas. 

2.1. Mirada interna:

La justicia nacional y federal goza de un anomia incompatible con una organización de su jerarquía. Cada Cámara resuelve por su cuenta cuestiones tales como el ingreso de su personal, si a los ascensos los habrá de preceder capacitación —que en ocasiones ella misma establece—, de qué manera se conceden y justifican las licencias, cómo habrán de cubrirse los cargos, si habrá o no de exigirse la obligatoriedad del uso de los sistemas de registro y gestión judicial diseñados expresamente, etc. 

Todos los intentos de estandarizar criterios han fracasado por falta de convicción acerca de su propósito, por falta de capacitación o por falta de consenso para su desarrollo. 

Es común que la Corte Suprema dicte una y otra vez acordadas en las que imparte órdenes que luego no se acatan y sin un adecuado estudio de campo del problema sobre el que debe incidir la decisión. Se trata de un ejercicio de notoria fe en la función performativa del lenguaje. Ejemplos sobran: Base de Registro de Efectos; Publicación de Sentencias; Publicación de Resoluciones y Acordadas de las Cámaras; Uso del Sistema de Gestión Judicial, etc. 

No hay capacitación obligatoria impartida por la Escuela Judicial ni exigida por la organización. Una vez que se adquiere el rango de funcionario no hay que acreditar ninguna capacitación para permanecer en el cargo. 

Lo que aumenta cuando se llega al rango de Juez son las entidades ONG, embajadas, etc. que invitan a los funcionarios a capacitarse, sustituyendo de esa manera un rol que debiera ser cumplido por el propio Poder Judicial. No parece ello estar acompañado por una valoración seria y exhaustiva de eventuales conflictos de intereses. 

No hay un reglamento integral y moderno que abarque situaciones actuales, que incluya las problemáticas y las obligaciones de estos tiempos. 

Se carece de un Código de Ética para los jueces, funcionarios y personal del Poder Judicial. 

Los Oficinas Judiciales permanecen con la misma dotación que hace más de 50 años cuando se diseñaron las dependencias. Se fue incorporando personal por medio de contratos que por el paso del tiempo se efectivizaron, generando desigualdades enormes entre distintas dependencias. Recursos que se solicitaron por un problema concreto, luego se perpetúan. Algunos fueros gozan del privilegio de contar con cuantos contratos soliciten mientras otros no consiguen ninguno. No existe criterio transparente que gobierne la lógica de esas decisiones. Es común que los jueces pidan por su cuenta a la Corte Suprema de Justicia mayores recursos y  personal y que se conceda el pedido sin evaluar espacio fisico, necesidad real, pertinencia, mérito, productividad, etc. 

La provisión de recursos materiales es otra muestra de lo señalado, los elementos tardan tanto en llegar que cuando se proveen ya no son necesarios. Y en otras ocasiones, se proveen sin una evaluación concreta de necesidad, como ocurre cuando aparece una provisión de equipamiento no solicitado y para el que no hay lugar en el juzgado.

La discrecionalidad de provisión de vehículos a algunos jueces, que terminan siendo empleados para uso personal cuando no cumplen ninguna diligencia fuera de su despacho, aparece como un privilegio acordado.  

Puedo citar un ejemplo grosero de la ineficiencia cotidiana en cuestiones de menor cuantía, un batallón de ordenanzas sale diariamente a la calle trasladando expedientes o diligenciando oficios, del mismo edificio parten a las mismas dependencias sin que nadie coordine y organice su gestión para una más eficiente tarea. En muchas dependencias no hay para ellos destinado un vehículo. 

En el diseño actual los jueces se encuentran a cargo de oficinas judiciales, reposando en ellos la obligación de ocuparse de gestionar los recursos administrativos, los recursos humanos con los que cuentan, y resolver casos. Ello responde pura y exclusivamente a un diseño organizacional que puede ser cambiado por vía de reglamentación interna, lo que permitiría que los jueces se dediquen exclusivamente a su función jurisdiccional y que dejen en manos de administradores idóneos la cuestiones de funcionamiento que no hacen estrictamente a ello. 

No hay una oficina de Recursos Humanos que cense y redistribuya el personal de acuerdo a sus incumbencias profesionales. 

El único plan estratégico que se puede consultar es el edilicio, que generalmente no se cumple. 

Los Jueces eligen a sus colaboradores directos generalmente por vínculos de confianza personal, no hay que justificar la idoneidad o la competencia. Terminan siendo fedatarios sin opinión.  

Las nombradas son sólo algunas de las cosas que podrían considerarse en un cambio de criterio estratégico cuyos objetivos se alcancen por medio de planes a corto, mediano y largo plazo. 

2.2. La mirada social o externa:

De cara a la sociedad a la que le debe rendir cuentas por el servicio que presta, el Poder Judicial evidencia faltantes básicos. 

No hay estadísticas confiables. Lo que se publica es escaso, inconexo, desarticulado, no se confeccionan con la seriedad y rigor de estándares internacionales, de manera que reporten utilidad para el diseño de una política judicial y mucho menos para que la organización se piense a sí misma y se modifique.

No hay formas de acceder a las agendas de los jueces.

No hay agendas públicas de juicios.

No hay acceso a las sentencias de los jueces de primera instancia.

No hay información sobre la productividad de cada una de las oficinas judiciales.

No hay vínculos consensuados con la sociedad civil para tomar nota de las demandas que ella pueda generar con relación al sistema de justicia.

No hay posibilidad de saber cuántos recursos materiales y humanos están destinados a una oficina judicial concreta.

No hay información acerca de las licencias concedidas los Jueces de la Corte Suprema, ni a los integrantes del Consejo de la Magistratura, y en este último caso se carece de adecuada información respecto de la conformación de su personal.

3. ¿Qué hacer con el Poder Judicial para que mejore el servicio de justicia? 

  1. Exigir que diseñe y exhiba su plan estratégico, elaborado en un proceso que deberá contemplar la realización de audiencias públicas para que, al igual que ocurre con otros servicios en los que se encuentra involucrado un interés social relevante, el producto normativo lo refleje. 
  2. Imponer la rendición de cuentas de gestión ante la sociedad civil de parte de los administradores de los recursos destinados al Poder Judicial. 
  3. Establecer criterios de evaluación de productividad en el desarrollo de la tarea jurisdiccional, con publicación de sus resultados. 
  4. Exigir que el Poder Judicial elabore un reglamento actualizado, que se haga cargo de las problemáticas que lo atraviesan y de las exigencias de transparencia en un sociedad democrática. 
  5. Establecer pautas objetivas y uniformes para el acceso a los recursos materiales y humanos por todos los fueros en los que se encuentra segmentada la labor jurisdiccional. 
  6. Imponer la publicación de la agenda de los órganos jurisdiccionales, con la respectiva lista de las audiencias diarias e indicación de si se concretaron. 
  7. Exigir la publicación de la totalidad de las sentencias que se dictan.
  8. Requerir estadísticas que permitan evaluar la productividad de las oficinas judiciales. 
  9. Exigir que la Escuela Judicial diseñe un plan estratégico de capacitación obligatorio para la totalidad de los servidores del sistema de justicia. 
  10. Elaborar y poner en vigencia un Código de Ética para Jueces, Funcionarios y personal del Poder Judicial. 
  11. Implementar una oficina de RRHH que proponga mejoras en las condiciones laborales y la distribución adecuada del personal, según su formación.
  12. Sugerir  el diseño de una oficina administrativa que evite a los funcionarios distraer sus funciones especificas en problemas burocráticos.

Parte de la transformación del sistema de Justicia requiere de decisiones heterónomas, de los otros poderes del Estado; pero éste no puede desertar de la obligación de concretar lo que puede ser cambiado en el ámbito de su autonomía constitucional, lo que está “a tiro de acordada”.

Es imperioso que se elaboren y difundan reglas claras que, sin lugar a duda,  van a contribuir a la independencia de los jueces y sus colaboradores. 

El sistema de justicia es el único de los Poderes del estado que no se renueva con la frecuencia de los restantes, la continuidad en el tiempo debe ser usado para robustecer su diseño e independencia. 

Es necesario que lo haga, ello debería casi responder a un mecanismo de supervivencia institucional, pero se impone como parte de su deber de garantizar debida protección constitucional a quienes no tienen quien los proteja en una sociedad cada día más compleja.


Vanesa Maura Risetti es Secretaria del Juzgado n°2 en lo Criminal y Correccional