Pablo Slonismqui: Las arbitrariedades del esquema judicial

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Difícilmente alguien que esté vivo hoy pueda ver en nuestro país alguna vez una administración de justicia racional, que refleje en sus decisiones un acabado conocimiento de las múltiples complejidades y desigualdades que nos caracterizan como sociedad.

Para mejorar nuestro poder judicial, evidentemente no podemos contar con el Consejo de la Magistratura: creado en 1994, su principal función es la de designar y remover jueces. Se trata de un organismo completamente cruzado por la política, totalmente desdibujado. Todo lo que se quiso evitar con su creación, las peores prácticas de la política como límite a la independencia judicial, volvió con renovados bríos. De garantía de transparencia, el Consejo de la Magistratura pasó a ser un ámbito de especulaciones e intrigas. Decir que es disfuncional sería elogiarlo. Desde allí se presiona a los jueces, o se los protege. Y los concursos para acceder a un juzgado parecen obra de Stephen King. Hay trampas en todas sus etapas, en el marco de un diseño que invita a la conspiración permanente. Imposible que alguien sea designado juez si no cuenta con un padrino de peso.

Los modos que regulan la incorporación de jueces a la actividad judicial reflejan y traducen el tipo de jurisdicción que se estructura. Y así estamos.

El ideario de un juez es clave para definir un comportamiento independiente, capaz de limitar el poder autoritario. Y por eso debe prestarse atención al contexto sociológico, histórico e institucional en el cual los jueces se forman y luego actúan, y cómo ese contexto incide sobre su predisposición y habilidad para ejercer una independencia positiva.

Tampoco podemos contar con los jueces: ellos están bárbaro, tienen un horario privilegiado, vacaciones generosas, privilegios varios y jubilaciones de escándalo.

En nuestro país, buena parte de la magistratura judicial, si no su gran mayoría, está constituida por representantes de la clase media que, sin embargo, tienen actitudes –expresadas a través de sus decisiones- que no se corresponden con las de su extracción social y protegen, en cambio, los valores de la clase superior.

Eso se explica, por la falsa convicción de que, por ejercer una función pública elevada, ya se ha pasado a integrar una posición social destacada.

El ejercicio de la tarea del juez se constituye, así, en una ocupación reservada a cierta categoría de personas provenientes de las clases medias, siempre que hayan contado con el respaldo de los estratos superiores.

De este modo, los intereses sociales que representan nuestros jueces no son muy difíciles de comprender, a la luz de este panorama de sumisión al que éstos se incorporan como miembros de estratos sociales manipulados.

Y los mecanismos de ingreso de empleados a nuestros tribunales forman también parte del problema: únicamente se ingresa a un tribunal a partir de la recomendación de un conocido (y esto, en el mejor de los casos). 

Impresiona la cantidad de jueces que gestionan nombramientos de parientes en este ámbito.

Los abogados tampoco están del lado de las soluciones: en su gran mayoría prefieren mil veces ganar plata antes que alentar la posibilidad de tener un país mejor.

 Ven en este caos mil negocios posibles y lo único que se proponen es aprovecharlos

Y esta realidad se proyecta a nuestras facultades de derecho, donde por lo general no hay profesores, sino abogados, jueces y fiscales que enseñan, que claramente no es lo mismo.

Los gobernantes conocen de primera mano la trascendencia que tiene la actividad judicial respecto de su programa de gobierno, y la justicia suele acompañar todos los procesos políticos, tolerante con el gobierno de turno hasta que deja de ocupar roles institucionales. 

Por eso, cuando un gobierno tiene fuerza para modificar esquemas judiciales arbitrarios, suele pactar. Y cuando advierte su error, ya es tarde.

Difícil encontrar jueces que resuelvan casos resonantes sin tomar en consideración las consecuencias personales que podrían sufrir si su decisión no es bien recibida en alguno de los tantos ámbitos con posibilidad de perjudicarlos.

Se necesitan jueces que sean independientes del poder político, de los intereses económicos, de los medios de comunicación concentrados, de sus superiores o de su grupo de pertenencia.

La independencia de los jueces es vista como garantía de una justicia no subordinada a razones de Estado, a intereses políticos contingentes o a cualquier otro interés extraño a la administración de justicia.

Quien crea que en nuestro país los jueces actúan de esta manera está para que lo internen. 

En lo personal, no celebro especialmente hacer esta clase de reflexiones: es una actividad más desagradable de lo que se puede creer y que culmina, en algún momento, con la alternativa de ir a ejercer la profesión a Singapur.

Pero de nuestros jueces no comparto nada, estoy en contra de todo.   

Y creo que la realidad judicial hay que enfrentarla con la actitud de que los problemas son complejos, y las soluciones son complejas.

¿Cuál es mi aporte?

Ninguno. No tengo ideas, siquiera malas. Forma parte de mis limitaciones. 

Cuando alguien me consulta al respecto, sobre cómo mejorar las cosas, etc, lo  único que me queda es encogerme de hombros y luego dar la espalda. 

Alejarme con las manos en los bolsillos y olvidarme del tema.


Pablo Slonismqui es abogado, actualmente ejerce la profesión de manera independiente. Publicó los libros: La ley antidiscriminatoria (2001), Derecho penal antidiscriminatorio (2002), Estudios sobre discriminación y xenofobia I y II (2003-2005), Derecho de Admisión (2006), Forum Shopping (2008) y Forum Shopping Reloaded (2018)