Martín Giambroni: Los trabajadores no somos el problema, somos parte de la solución

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En el mes de marzo de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó a cabo un encuentro nacional del que participaron todos los sectores y estamentos de la Justicia Nacional. Los motivos de la convocatoria eran claros: “El Poder Judicial necesita una transformación profunda para mejorar su funcionamiento con la finalidad de lograr una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos”.[1]

El documento que acompaño a la convocatoria, “Lineamientos de una política de estado para la transformación de los poderes judiciales”, fijaba los siguientes objetivos, considerándolos centrales para la transformación: 

  • fortalecer la independencia del Poder Judicial.
  • mejorar la gestión medida en función de parámetros cuantitativos (cantidad de sentencias dictadas) y cualitativos (disminución de la litigiosidad, paz social, proceso de democratización).
  • actualizar instituciones y procesos.
  • lograr mayor acceso, igualdad e inclusión de los ciudadanos y el fortalecimiento del estado de derecho en todos sus aspectos.

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación recibió con expectativa la convocatoria, centrados en el histórico reclamo de transformación del Poder Judicial que venimos manifestando desde los orígenes mismos de nuestra organización sindical. Dicho anhelo se ha visto reflejado en numerosas iniciativas, jornadas de reflexión y cursos de capacitación organizados por el Instituto de Capacitación de la UEJN, que hoy lleva el nombre de quien su fundador, el entrañable compañero Julio Gómez Carrillo. Recientemente creamos el CIPJE, Centro de Investigaciones y Proyectos en materia Judicial y Políticas de Estado.

Frente a la convocatoria, elaboramos un documento que sirvió de base para la participación de trabajadores judiciales en todas y cada una de las nueve comisiones de trabajo que sesionaron a lo largo de las jornadas.[2]

Los caminos de la transformación

Si bien existen coincidencias con algunos de los puntos críticos que conforman el diagnóstico sobre el estado actual del Poder Judicial, estamos convencidos que las soluciones pasan por la implementación de políticas públicas, que se omiten en el documento de la Corte.

En primer lugar, y desde nuestra perspectiva sindical, afirmamos que ningún foro de debate remplaza la necesidad de discutir un Convenio Colectivo de Trabajo para el Poder Judicial; ya que muchos de los puntos propuestos afectan las condiciones de trabajo de los empleados y funcionarios judiciales, que deberían ser tratados en un ámbito paritario. En este sentido, es bueno recordar que en reiteradas ocasiones fue presentado en el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece la negociación colectiva para el sector, y que se ha denunciado ante la OIT al gobierno nacional por violación a la libertad sindical.[3]

Esta herramienta permitiría encarar no solo el aspecto salarial, sino lo referido a las condiciones de trabajo, entre las que destacan las siguientes:

  • ingreso democrático a la justicia y un régimen claro y justo de concursos y ascensos.
  • acceso a la justicia y gestión social de calidad, incluyendo la actualización de las plantas funcionales y resolver la escasez de oficinas necesarias para que la justicia cumpla el rol que le ha dado nuestra Constitución Nacional.
  • condiciones de infraestructura que cumplan con las mínimas condiciones de salubridad, higiene y seguridad.
  • régimen moderno de licencias de paternidad y maternidad.
  • erradicación del acoso laboral del ámbito de tribunales.
  • jubilación igualitaria para todos los judiciales.
  • falta de insumos y sistemas informáticos obsoletos.

En este sentido, la UEJN ha exigido ante la Corte y el Consejo de la Magistratura, que se declare la EMERGENCIA JUDICIAL, se garantice la autarquía financiera y se implemente un Plan de Modernización del Poder Judicial de la Nación.

Los trabajadores somos (parte de) la solución

Se llevaron a cabo asambleas y reunión de equipos de trabajo en todo el país, en las que se sistematizaron las propuestas a ser discutidas y presentadas en las nueve comisiones que funcionaron durante las jornadas. Las mismas pueden consultarse en el documento anteriormente citado.

I) CELERIDAD EN LOS JUICIOS PENALES. NARCOTRÁFICO. CORRUPCIÓN, TRATA DE PERSONAS Y DELITOS EN GENERAL

  • Implementar el sistema acusatorio a nivel federal que tome las mejores experiencias de aquellas provincias en las que se implementó.
  • Fuero especial para flagrancia, de modo que las dependencias que investigan los delitos más importantes no se vean saturadas como ocurre en la actualidad.
  • Re-federalización del narcomenudeo. La experiencia muestra que la aplicación de la ley, lejos de solucionar el problema lo agravó. Porque generó un cruce con las investigaciones federales y la persecución focalizada en los eslabones más débiles de las estructuras mafiosas.
  • Fortalecimiento de la DCAEP (ex Patronato de Liberados) a nivel nacional. Los recursos con los que cuenta la Dirección a cargo no son suficientes para la cantidad de detenidos y liberados de los que debe ocuparse. Creación de una Oficina Especial que realice un seguimiento diferenciado sobre aquellas personas que delinquen por primera vez
  • Policía Judicial. Con capacitación para el abordaje teórico-práctico de los delitos complejos. Principales funciones: a) tareas investigativas-periciales b) seguridad en los edificios judiciales c) asistencia a oficiales de justicia para diligencias judiciales. 

II) FUERO CIVIL Y COMERCIAL

  • Avanzar hacia la oralidad de los procesos civiles, comerciales y de familia, en la que el juez dirige las audiencias preliminares y da vista de causa, asegurando el principio de inmediación, mayor transparencia y celeridad en el trámite de los procesos. Con sentencias dictadas al concluir las audiencias finales, para las cuestiones de escasa complejidad.
  • Capacitación continua de los Jueces. El Consejo de la Magistratura debería encarar un programa de capacitación destinado a jueces, fiscales y defensores públicos.
  • Sistema de Selección de Peritos, en coordinación con universidades, colegios profesionales; con programas de capacitación específicos que permitan profundizar la formación profesional de estos auxiliares de la justicia y listados en grado suficiente como para que el trabajo generado por las designaciones periciales pueda distribuirse adecuadamente entre ellos.
  • Creación de un cuerpo interdisciplinario para el abordaje de los problemas de niñez y familia que acompañen a los menores en los diferentes procesos en los que se puedan ver involucrados, cualquiera sea el fuero de origen. 
  • Implementación de la justicia del consumidor que brinda herramientas procesales a los ciudadanos para poder hacer valer sus derechos frente al poder de grandes empresas que en la actualidad abusan de su posición monopólica frente al consumidor.


III) FUERO LABORAL Y PREVISIONAL.

  • Federalización del fuero del trabajo, para el fortalecimiento de la instancia judicial en el ámbito de las relaciones laborales a nivel nacional.
  • Creación de nuevos juzgados laborales y previsionales con sus respectivas salas de apelación a fin de acortar la duración de estos procesos.
  • Fuero previsional: definir una política de Estado que sea consensuada con el Poder Ejecutivo con el fin de poner fin a las interminables apelaciones por parte del PEN que solo hacen que se dilate el cobro de los juicios y retardan aún más el sistema.  Derogación definitiva de la ley que creó las Cámara de Casación respecto de estas dos materias con el fin de tener un diseño institucional dinámico que apunte a la celeridad. Derogación de última reforma del sistema previsional, ya que por su carácter regresivo y por ende inconstitucional, abrirá sin dudas una gran cantidad de demandas de los pasivos actuales y también de los futuros jubilados que se verán perjudicados al momento de jubilarse.

IV) FUERO ELECTORAL

  • Plataforma de análisis para la Reforma Política-Electoral para trabajar tres ejes de vital importancia: a) escrutinio Provisorio bajo la órbita de la Justicia Nacional Electoral; b) modo de sufragio: Boleta Única de Papel (BUP); y c) nueva ley de financiamiento de Partidos Políticos.

V) ACCESO A LA JUSTICIA.

  • Constitución de tribunales más accesibles para los sectores más necesitados, de forma descentralizada.
  • Asistencia letrada gratuita respetando las disposiciones de las Reglas de Brasilia.
  • Prioridad para las víctimas de violencia de género y las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral.
  • Creación de un cuerpo normativo único que regule las sanciones contra todos los tipos de esclavitud moderna como los son el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación sexual.
  • Descentralización de la Oficina de Violencia Doméstica.
  • Creación de la Secretaria Judicial en el territorio de la Antártida Argentina para reafirmar la presencia y soberanía plena del Estado argentino en todo el territorio nacional.

VI) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL

  • Consejo de la Magistratura. Establecer un nuevo acuerdo político que permita una nueva composición que garantice la independencia del Poder Judicial respecto del estamento político. Participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la elección del Administrador del Consejo de la Magistratura con el fin que exista un trabajo más integrado entre ambas instituciones. Democratizar el Consejo de forma que participen actores de la sociedad que por ahora no forman parte de la administración de la justicia: participación de la representación de los trabajadores judiciales.
  • Selección y control de Magistrados. Establecer plazos claros; ningún concurso puede superar un año calendario desde que se produjo la vacante a cubrir. Terminar con la eternización de las subrogancias. Establecer un régimen de control periódico de la salud psicofísica de los Magistrados, evaluando sus conductas profesionales y en especial sobre el necesario cambio del régimen sancionatorio sobre los casos de acoso laboral o mobbing.
  • Ingreso democrático en todas las instancias del Poder Judicial, para erradicar definitivamente sus prácticas elitistas, nepóticas y plutocráticas.


VII) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES

  • Creación de un ámbito adecuado para discutir un convenio colectivo de trabajo como ocurre en el resto de las actividades laborales.
  • Organización del trabajo del personal. Implementar la Gestión Social de Calidad, que se encuentra en las antípodas de los sistemas de Juzgados Modelo y normas ISO impulsados por el Ejecutivo y financiados por países extranjeros a través del Banco Mundial y empresas privadas. La eficiencia del Poder Judicial no debe medirse con el frío número de la cantidad de sentencias dictadas, sino con una evaluación permanente de la satisfacción de quienes acceden a la justicia para que se le garanticen sus derechos fundamentales. La mejora de los índices de satisfacción de los justiciables, no implica sacrificar ningún derecho de los trabajadores judiciales, ni afectar el proceso de administración de Justicia. 

VIII) NUEVAS TECNOLOGIAS. EXPEDIENTE DIGITAL.

  • La modernización de los sistemas del Poder Judicial debe realizarse con la participación activa de los usuarios, los trabajadores judiciales y los abogados de la matrícula; ya que en muchas ocasiones las mejoras incorporadas al proceso solo generan mayores atrasos por haber sido pensadas por equipos técnicos que no conocen los procedimientos habituales.
  • Ampliación de recursos propios a fin de contar con un equipo de desarrolladores capaces de mejorar los sistemas y adaptarlo velozmente a cada nuevo desafío procesal.
  • Avanzar sobre la compatibilidad de los diferentes sistemas que existen en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.  
  • Sistema de sorteo de causas transparente, que le brinde seguridades a los justiciables.


IX)  EDUCACIÓN LEGAL

  • Propuestas variadas de formación práctica para los trabajadores judiciales. Ampliación de la oferta de la Escuela Judicial de manera de ofrecer cursos de práctica tribunalicia gratuita, oficial y dictada en horario laboral de forma tal que de que puedan participar todos los trabajadores. Incorporación formal e integral de la propuesta de capacitación del Instituto de Capacitación de la UEJN, extensivo a todo el ámbito de la Justicia Nacional.
  • Sistema único que articule la formación práctica de forma directa con los puntajes a la hora de ascender y para participar de concursos convocados por el Consejo de la Magistratura.

El momento actual del país, en medio de una de las peores crisis de su historia fruto de la aplicación de políticas de ajuste y saqueo; y en los umbrales de un nuevo gobierno, que deberá afrontar esta durísima situación; el Poder Judicial cobra una importancia fundamental.

Será responsabilidad de todos los operadores jurídicos trabajar en pos de una agenda democrática que evite, por un lado, la tendencia conservadora que históricamente anida en el Poder Judicial; que no se ajuste exclusivamente a las demandas mediáticas orientadas por los principios de la demagogia punitiva; y que aporte respuestas concretas a la desigualdad social y a la vulneración de derechos constitucionales, consolidando su independencia y resistiendo a las presiones políticas y de los grupos de poder constituidos.


Martín Giambroni es docente y miembro del Instituto de Capacitación “Julio Gómez Carrillo” de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.


[1] En el siguiente link puede consultarse la convocatoria realizada por el entonces Presidente de la CSJN, Dr. Lorenzetti, el documento elaborado para la discusión y las comisiones de trabajo. https://www.cij.gov.ar/nota-29160-La-Corte-Suprema-realiz–este-martes-el-acto-de-apertura-del-a-o-judicial.html

[2] Documento de la UEJN – CIPJE http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/03/miscelaneas46395_0.pdf

[3] https://www.eldiarionuevodia.com.ar/nacional/info-general/2019/6/20/dura-denuncia-de-judiciales-contra-el-estado-argentino-en-la-oit-87250.html