Eduardo Valcarce: La reforma judicial a partir de las instituciones existentes

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Me preguntan qué hacer con la justicia, y esto me dispara muchas historias vividas, en distintos temas que se involucran y un marco de actualidad que condiciona la respuesta.

En este contexto y mirando desde el justiciable y su descreimiento en el sistema, comenzaría por intentar poner en marcha la legislación que se encuentra vigente. 

Digo esto porque hay una catarata de proyectos de reforma de códigos de procedimiento y legislación de fondo, que entiendo  deben esperar por un tiempo y hasta que la actual crisis nos permita definir qué justicia queremos y podemos. 

En este sentido lo primero que me surge, es la necesidad de revisar todos los organismos de control, no solo el Consejo de la Magistratura, sino también el de Control de Servicios Públicos, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de  Estado, Superintendencia de Seguros, Banco Central, Aduana, Afip, Inspección Gral. de Justicia, Dirección de Personas Jurídicas, etc.. Cómo están conformados, qué funciones cumplen, qué presupuesto tienen y qué gestión efectiva realizaron en los últimos 10 años. 

El gran malestar de los ciudadanos, se presenta cuando las grandes empresas o la Administración Pública toman decisiones injustas e infundadas, y ante las cuales dichos Entes creados para corregir estas desviaciones no actúan o lo hacen sin eficacia. 

A modo de ejemplo describo una situación muy común y que deriva en el mayor volumen de causas de la justicia Civil y Comercial de nuestro país.

El seguro está considerado un servicio público (Ley 20091), que el Estado regula a los fines de permitir un mejor desarrollo de la vida comercial del país, facilita a los particulares disminuir los riesgos de cualquier actividad que realice desde manejar un auto hasta plantar arándanos. 

Por ello en muchos casos resulta obligado el particular a contratar una póliza y recibe sanciones si no la tiene, asimismo la Superintendencia de Seguros de la Nación (art.64 Ley 20091), habilita a las cías. aseguradoras para funcionar en nuestro país y controla su gestión a los fines de garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

El concepto es que ante un siniestro, y luego de la denuncia del asegurado, rápidamente la aseguradora indemnice cumpliendo con su función original de cobertura del evento (art.49 Ley 17418).

Lamentablemente sabemos que del 100% de siniestros denunciados por los titulares de póliza, un gran porcentaje no se liquidan por disposición de la cía. aseguradora y provocan que nuestros tribunales se encuentren mayoritariamente abocados a resolver cuánto cuesta el capot de un auto o qué indemnización le corresponde al señor que se fracturó una pierna. 

Todos sabemos que a las aseguradoras les conviene la dilación del pago, ya que pueden estos fondos jugarlos en distintas inversiones financieras que les ofrece el propio Estado, con suculentas tasas de interés, mientras que el pobre damnificado deberá penar en el proceso judicial hasta obtener su pago, el que solo se incrementa con las tasas pasivas del Banco de las provincias o Nación.

Si el órgano de control, en este caso la Superintendencia de Seguros de la Nación, verifica que una aseguradora no liquida una parte sustancial de los siniestros en tiempo y forma, e incrementa su litigiosidad, debe actuar poniendo sanciones, que incluso llegan al quite de la autorización para emitir pólizas . 

Por distintos motivos esto no sucede, lo que provoca que los asegurados y/o terceros damnificados deban ingresar al mundo de la industria de los accidentes, donde encontramos involucrados a distintos estamentos del estado, estudios jurídicos, peritos, compañías de seguros etc., que lógicamente lucran con esta actividad en desmedro del asegurado y el damnificado . 

Nos preguntamos cómo llegamos aquí, por qué un servicio público que de una u otra manera afecta a todos los ciudadanos se privatizó y el Estado no ejerce su labor de control, a punto tal que cíclicamente las compañías más negligentes cuando llegan a su quiebra o liquidación dejan un amplio tendal de perjudicados. 

Si esto ocurriera habría muchos menos pleitos,  los juzgados tendrían más tiempo para resolver otras cuestiones, y los ciudadanos estarían gozando de un mejor servicio.

Este ejemplo se puede trasladar a muchas actividades que el Estado fue delegando en terceros y que al no ser debidamente controlados ejercen su poder en perjuicio de los ciudadanos. 

Empresas de servicios eléctricos, agua, gas, telefonía, tarjetas de crédito, etc., ante las cuales el ciudadano no tiene otra respuesta que el acompañamiento de las asociaciones de usuarios y consumidores, algunas de las cuales también han sido creadas por grupos empresarios para utilizarlas políticamente. 

Por último debo señalar las notorias falencias que se presentan en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (yo he sido impulsor de su creación desde el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora). Evidentemente los integrantes deberán hacer un esfuerzo por mejorar su actividad y la de la Magistratura en su conjunto. 

Creo que las Facultades de Derecho deben implementar cursos de formación para los colegas que se quieran integrar al Poder Judicial y estos cursos deben ser obligatorios. 

Con respecto al funcionamiento del Poder judicial en la Provincia, la Corte tiene un Organismo de Superintendencia que cuenta con toda la información necesaria, a través de la informática para saber cómo funciona cada órgano.

También cuenta con una oficina de estadística, que permite acceder al desarrollo del mapa del poder judicial en toda la provincia y respecto a cada zona en particular y sus necesidades. 

Quiere decir que hay que utilizar los mecanismos que ya existen de control y actuar en consecuencia.

En esta etapa, entiendo que sin crear nuevos órganos se puede mejorar y mucho la calidad y transparencia del servicio, para lo cual hay que poner en marcha todo la estructura existente y hacerla trabajar en pos de estos objetivos.



El Dr. Eduardo Rubén Valcarce es ex presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires