Ariel Pringes: El papel de la justicia en América Latina. Una mirada desde los trabajadores

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La CLTPJ (Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial) fue conformada en el año 1996. Nuclea organizaciones sindicales de poderes judiciales de 13 países del continente y desde sus orígenes viene bregando por la defensa de los derechos de los trabajadores del sector y buscando fortalecer la independencia de la Justicia frente al avasallamiento de los grupos de poder que solo pretenden someter nuestros Pueblos a la condición de colonias. Por eso nuestro lema reivindica América como nuestra Patria, y su destino de independencia y Justicia Social para nuestros Pueblos.

En los últimos encuentros de la CLTPJ se viene poniendo el eje en el intercambio de la situación gremial de los trabajadores judiciales y las estrategias para enfrentarlas. Es innegable el papel preponderante que vienen jugando los poderes judiciales en los fuertes cambios que se vienen produciendo en América Latina. Como organizaciones sindicales tenemos un desafío en cuanto al nivel de compromiso que asumimos en este proceso histórico. Más allá de los posicionamientos políticos internos de cada país, existe una agenda básica que tenemos que seguir construyendo desde el espacio de la CLTPJ. Necesitamos trazar un camino estratégico que facilite la construcción de esta AGENDA COMÚN CONTINENTAL.

Algunos de los puntos fundamentales a trabajar surgen de las agendas de los organismos internacionales:

– Internacional de Servicios Públicos y su Plan de acción internacional y americano. 2018 – 2022. “El Pueblo por encima del lucro” [1].

– Organización Internacional del Trabajo: Convenios y recomendaciones.

– ONU: Agenda 2030 y los 17 ODS.

– OEA: sistema interamericano de DDHH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos).

– Cumbre Judicial Iberoamericana: Reglas de Brasilia.

Creemos que el mensaje del Papa Francisco, contenido esencialmente en su encíclica Laudato Si, y el reciente discurso en la Cumbre de Jueces panamericanos sobre derechos sociales, contienen señalamientos valiosos para nuestra reflexión. 

Presentamos a continuación el Documento surgido del XIII Congreso de la Confederación.

La emergencia del poder judicial: una amenaza para las democracias en América Latina

Los días 21, 22 y 23 de junio de 2019 reunidos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, realizamos un intercambio sobre la realidad latinoamericana y los desafíos de la Justicia en nuestra región.

Compañeras y compañeros de organizaciones sindicales de Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Guatemala, México, Costa Rica, Brasil, Perú y El Salvador, comprobamos que existe una clara tendencia en nuestros países que busca la aplicación de un proyecto económico de corte neoliberal, desarrollando acciones que atentan contra los derechos de los trabajadores sindicalizados, afectando la administración de Justicia y el acceso a los derechos por parte de nuestros pueblos, en especial de los sectores más vulnerados.

Ya en los años 90, cuando nacía nuestra Confederación, alertábamos sobre un proceso de aplicación de reformas neoliberales sobre el Estado y la Justicia en nuestros países, que apuntaba a proteger las inversiones extranjeras y los procesos de privatización.

Ahora han vuelto. Y pretenden imponer un nuevo proceso de reformas. Esta vez lo hacen de la mano de una ola de gobiernos que aplican programas de ajuste a lo largo del continente, y cuentan con el impulso de los organismos y grupos económicos internacionales, generando nuevos procesos de endeudamiento, que buscan imponer acuerdos y Tratados de Libre Comercio.

Queremos ser categóricos: estos procesos perjudican el acceso a los derechos por parte de nuestra población, atentan contra la calidad de la administración de Justicia y ponen en jaque el sistema democrático.

Hacemos nuestras las palabras de Francisco, cuando denuncia “la ‘injusticia social naturalizada’ y, por tanto, invisibilizada, que sólo recordamos o reconocemos cuando “algunos hacen ruido en las calles” y son rápidamente catalogados como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de postergaciones y olvidos. Permítanme decirlo, esto es uno de los grandes obstáculos que encuentra el pacto social y que debilita el sistema democrático. Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres (cf. Laudato si’, 158). Esto exige los esfuerzos de las máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad” (Discurso junio de 2019).

Los principales rasgos de esta emergencia en la que se encuentra la Justicia son:

1. Grave injerencia sobre la Independencia del poder judicial

Constatamos esto a través del manejo del presupuesto del poder judicial, que sufre procesos de ajuste y recorte que condicionan incluso la viabilidad misma del buen funcionamiento de la Justicia.

Los mecanismos de nombramiento de jueces supremos, magistrados y funcionarios -aun existiendo diversos métodos-, se encuentran fuertemente influidos por intereses espurios, con un sesgo ideológico funcional a los grupos de poder nacionales e internacionales que buscan ejercer control sobre las decisiones judiciales.

Constatamos, además, una nueva forma de intromisión en el escenario político de los países mediante el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales (lawfare). Estos procedimientos amenazan la democracia y propenden a violación sistemática de los Derechos sociales.

2. Regresión de los derechos de los trabajadores y persecución de las organizaciones sindicales.

El ajuste del sector causa la existencia de condiciones edilicias y de trabajo que en muchos casos son altamente críticas y precarias. Va de la mano de la precarización en las condiciones de estabilidad laboral y en la afectación de las condiciones de ingreso y la carrera judicial, que afecta de una manera especial a los jóvenes, así como un impacto negativo en las políticas de equidad de género; y constituye una de las principales causales de violencia laboral.  

Avanzan modalidades diversas de privatización y tercerización de sectores y servicios de la Justicia.

Por eso, son cada vez más los países en los que aumentan los casos de cercenamiento de derechos sindicales que desconocen y violentan la aplicación de normas y convenios internacionales.

3. Duro ataque de los medios de comunicación hegemónicos a los trabajadores y al poder judicial.

Buscan desprestigiar el rol de la Justicia, acusando a los trabajadores judiciales de ser un sector que goza de privilegios y en el que abunda la corrupción.

Estas campañas constituyen un ataque al sistema democrático; porque no existe democracia real sin el buen funcionamiento del sistema judicial, que es el último garante para la defensa efectiva de los derechos de nuestros Pueblos.

Es por eso que hemos decidido realizar una Campaña Latinoamericana para denunciar el estado de emergencia que pone en crisis a los poderes judiciales y afecta la debida administración de Justicia de calidad.

El objetivo es hacer visible los efectos y las causas de la crisis del sector justicia; hacer un llamado global en defensa del servicio de administración de Justicia; reclamar por los derechos salariales y laborales que tenemos como trabajadores y exigir el cumplimiento en cada uno de nuestros países del Sistema Interamericano de DDHH de la CIDH y de las normas y convenios internacionales de la OIT, como el reciente Convenio 190 sobre Violencia y Acoso Laboral.


Ariel Pringles es Presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial


[1] Congreso Mundial: http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2018/02/ES-Vol-1-PoA-adopted-by-Congress-Nov-2017.pdf