Alejandro Olmos: Un país al margen de la ley

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“Un país al margen de la ley” es el título de un  libro de Carlos Nino donde con indudable precisión mostró la anomia que caracterizó durante décadas a nuestro país, y donde más allá de la fraseología habitual sobre el cumplimiento de la ley, se  la violentó sistemáticamente produciéndose un acostumbramiento a convivir en un estado donde la transgresión a la norma se convirtió en algo habitual no solo en el ciudadano, sino en los propios organismos del Estado. Se hizo un culto de la transgresión, siendo más representativa la que ejercen los grupos de poder por los perjuicios económicos que causan,  a través de la utilización de diversos mecanismos, que sería largo de explicar.

En el sistema penal abundan las causas por hechos delictivos que involucran a sectores marginales de la sociedad, a personas en situación de pobreza, donde se suman los robos ocasionales, las acciones violentas, aún dentro de grupos familiares de precaria condición social, lo que no excluye que esas situaciones también se produzcan en otros medios. Pero la marginación de la legalidad no se reduce a focos que son proclives a la comisión de diversos delitos, sino que ha alcanzado una entidad mucho mayor, en sectores concentrados del poder económico, que siempre sortearon el cumplimiento de las normas, para acrecentar sus negocios. Quiebras de bancos, insolvencias fraudulentas, créditos no pagados y otorgados discrecionalmente, obras públicas que costaron mucho más de lo presupuestado y realmente gastado, privatizaciones injustificadas, saqueo del patrimonio público, fueron aspectos relevantes de cómo se desarrolló nuestra historia, más allá del indudable crecimiento del país en ciertas épocas. Un crecimiento desigual que  benefició a los sectores más concentrados, en desmedro de los olvidados de siempre, que recibían apenas las sobras de la riqueza que generaba el país .

El sistema judicial se ha revelado impotente para afectar los grandes intereses, y los juzgados penales se atiborraron de causas, donde generalmente los delitos eran acciones individuales o de bandas organizadas, además de cuestiones vinculadas al ejercicio de la violencia en las relaciones sociales y familiares. Se hizo uso y abuso de la prisión preventiva y las cárceles se llenaron de procesados que debían habitar durante años repugnantes habitáculos, manejados por un Servicio Penitenciario que cultivó desde siempre el uso de la violencia como elemento disuasorio, ante cualquier conflicto, hasta hacerlo parte de un procedimiento habitual que se hizo extensivo a los familiares de los que habían delinquido, cuando los visitaban en cualquier penal. Mientras tanto, y salvo excepciones contadas, los jueces y fiscales se han hecho los distraídos sobre lo que ocurre en cualquier establecimiento penitenciario, donde el sistema implantado y las condiciones del mismo, resulta violatoria de las normas constitucionales.

No resulta fácil cambiar una estructura legal de décadas, que parecería funcionar de modo automático, y donde las normas son aplicadas a través de criterios rutinarios que deberían modificarse. A estos se suma los criterios tan extendidos en la justicia federal penal de ser muy permeable a la influencia del gobierno de turno, lo que determina que siempre se investigan hechos del pasado, y cualquier denuncia que afecte a la actual gestión, es archivada o demorada inexplicablemente a través de una burocracia reglamentaria, donde el destino inevitable es la prescripción de delito investigado.

Cierto que hay normas que deberían respetarse, pero los jueces que son sus intérpretes, pueden llegar a manejarse con gran discrecionalidad, ya que no existe un organismo de control riguroso, que impida que delitos de gran significación económica queden impunes, ya que el Consejo de la Magistratura también está condicionado por el sector político que ejerza el poder ejecutivo.

Hacer una reforma integral del sistema judicial es una necesidad cada vez más acuciante, para terminar con situaciones, donde la justicia pareciera estar ausente, y solo se trabaja dentro de la formalidad.

Algunas propuestas que contribuyan a modificar el actual funcionamiento del Poder Judicial podrían ser:

1.- Modificar el Código Procesal Penal haciéndolo más ágil en cuanto a la duración de los procedimientos, estableciendo limites muy precisos respecto del uso de la prisión preventiva. También facilitar la declaración de las personas condenadas en otra jurisdicción por delitos similares que se investiguen en el país, evitando la doble condena.

2.- Incorporar al Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público.

3.- Modificar la Ley del  Ministerio Público: a) crear una policía judicial que dependa de los fiscales, a los efectos de colaborar en todo aquello que se esté investigando; b)crear una fiscalía específica para los delitos ambientales, c) establecer la obligatoriedad de la defensa de los pobres e indigentes por parte de los defensores; d) establecer la obligatoriedad de la visita periódica a los establecimientos carcelarios por parte de fiscales y defensores.

4.- Dictar un nuevo Régimen Penal de la Minoridad, como lo solicitara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2013, en el caso Mendoza c/ el Estado Nacional, a los efectos de evitar la violación de los derechos humanos de los menores que son habituales en los establecimientos carcelarios donde se los detiene.

5.- Crear un organismo de control sobre el funcionamiento de Juzgados y Fiscalías, monitoreando anualmente la tarea que desarrollan y el cumplimiento de las normas legales.

6.- Instrumentación del juicio por jurados, lo que ya existe en otras provincias, como una forma de lograr la democratización del sistema de enjuiciamiento y la transparencia necesaria.

7.- Modificar el Consejo de la Magistratura, para convertirlo en un organismo con mayor independencia del poder político.

8.-  Modificar las normas de funcionamiento en la designación de magistrados y representantes del Ministerio Público Fiscal haciéndolas más transparentes,  para evitar las manipulaciones en las designaciones que se efectúen.

9.-. Modificar sustancialmente las normas de funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, y los diversos servicios provinciales, a los efectos de que observen el riguroso cumplimiento de los derechos humanos de los detenidos.


Alejandro Olmos Gaona es historiador, especialista en derecho internacional, y asesor del diputado nacional electo Fernando Pino Solanas