Federico Delgado: La trampa del corporativismo anárquico

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En enero de 1984 Guillermo O’Donnell publicó un texto maravilloso. Se llama “Y mí que mierda me importa[1]” Es un texto fervorosamente leído en algunas universidades. En general se discute mucho la primera parte porque explica palabra por palabra la sedimentación, a partir de los autoritarismos, de la jerarquía y la violencia en las relaciones sociales de Brasil, Argentina y, en menor medida, Chile, Uruguay y los Estados Unidos de Norteamérica. La segunda parte del artículo es un poco menos comentada. En varios pasajes, O’Donnell retoma trabajos anteriores y anticipa algunos que vinieron después, sobre las formas de hacer política en la República Argentina. Me animaría a decir -esto corre por mi cuenta- que lo hace desde una premisa que subyace a todo el texto: la imposibilidad de la república democrática. Me interesa particularmente la noción de “corporativismo anárquico”.

A partir de ese texto, voy a intentar especular y tan solo especular en un nivel muy general, sobre la persistencia de la tesis de O’Donnell. Especialmente, acerca de las implicancias de ella como una de las puertas posibles para entender las razones de la calesita nacional. Esa calesita que nos lleva a repetirnos, que hasta ahora nos impidió extender la república democrática más allá del articulado de la constitución y que en medio de la tragedia humanitaria derivada del Covid 19 mostró el perfil de la sociedad que ningún argentino de bien imaginó. Me refiero los niveles de pobreza que rozan el 50 %. En la anunciada generalidad del artículo, voy a tratar de reflexionar sobre los costos colectivos de la díada violencia – corporativismo anárquico.

 La violencia en la sociedad hay que pensarla en clave identitaria. No es el momento de rastrear su genealogía en la Argentina, pero nuestra vida pública en general está llena de confrontaciones vacuas que no se resuelven nunca y que cuando se resuelven no tienen ninguna incidencia en la vida real. Eso enfatizaba O’Donnell: el hábito de discutir por discutir.  Esas discusiones vacuas, decía, generan estados de furia que alimentan la violencia e incrementan los comportamientos de esa naturaleza.

Las interacciones de ese tipo, además, prescinden casi siempre de los carriles que contempla nuestra infraestructura constitucional. Transcurren en las calles, en las tertulias televisivas, en las redes sociales y en las conversaciones cara a cara con amigos. Sobran los ejemplos obviamente. Pero hay uno que siempre me llama la atención y que no son los linchamientos en los barrios. El que me intriga gira en derredor de la corrupción y es tan violento como la justicia por mano propia.

En efecto, la corrupción entendida como el uso privado de lo público es un rasgo que atraviesa a la sociedad desde los tiempos del virreinato. Es comprensible que sea parte de muchas discusiones públicas. Pero los debates casi siempre permanecen acotados a dos perspectivas contenidas en una sola oración: “¿Quién robó más?” Algunos critican un presente descripto como el infierno a caballo de un pasado romántico y otros explican que, aunque ese presente está lejos de un ideal hipotético, se justifica por la corrupción del pasado. La temperatura de esa tensión no se estabiliza jamás y es una fuente de aumento constante de la violencia, aunque por los propios términos de la discusión es bastante evidente que no puede llevar a ningún lado.  Más grave aún es la forma que toma esa disputa, porque ocurre cuerpo a cuerpo o mediado por las redes sociales. Esto es muy importante. El modo en que se desenvuelve el conflicto lleva a que cada perspectiva intente anular a la otra como sea. Valen los gritos, los empujones, las amenazas e infundir temor a las represalias. A través de ese sendero, entonces, los ciudadanos se alejan de las mediaciones institucionales, se alejan de la ley y aprenden a resolver sus problemas con sus propias herramientas.

Este devenir de una discusión que aparece trágica y en algún punto hasta graciosa por lo fútil, tiene algunas consecuencias de otra naturaleza. Por empezar reduce el campo de la discusión entre personas que se reconocen como recíprocamente iguales, pero -esto es central- en situaciones específicas. Ello lleva a cristalizar en la esfera pública jerarquías propias de la vida privada. Por ejemplo, dos amigos en medio de una simple conversación ocasional o dos dirigentes con poder real en el proceso de toma de decisiones.  Se trata de protagonistas que están en iguales condiciones en ese momento. Pero por las propias características de la puja, jamás va a permitir que se paren frente a frente un ciudadano de a pie y un dirigente con capitales con mayor peso (a la hora de diseñar e implementar políticas públicas, por ejemplo).

Ello es así, porque están ubicados en campos diferentes separados por asimetrías de poder. Sencillamente el ciudadano de a pie tiene el temor de recibir alguna represalia por la insolencia de plantear una diferencia a un dirigente que representa, por ejemplo, una instancia de poder en una empresa o en un sindicato. No interesa que el temor tenga algún tipo de ancla en la realidad, lo que es relevante es que exista. Su simple existencia revela la fragilidad del espacio público. Muestra cómo la violencia está embridada con la jerarquía y, en definitiva, como esas discusiones banales constituyen un modo de reafirmar la violencia en clave identitaria y de obturar la creación de un amplio espacio público capaz de garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en la constitución nacional.

Hay otra consecuencia similar pero que se juega en una escala diferente y tiene que ver con el modo en que se resuelve la gestión colectiva de los intereses en tensión propios de una sociedad compleja. Sabemos que las sociedades no son armónicas, sabemos que están habitadas por el conflicto y que precisamente por ello es necesaria la política; es decir, para construir mediaciones capaces de procesar esos conflictos de un modo razonable y para hacer posible la vida en común.  Sin conflictos no haría falta la política. El trabajo de la política, entonces, es permitir que los intereses privados en pugna tengan una instancia pública capaz de articularlos. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad no logra construir espacios dotados de eficacia para lidiar con esos asuntos constitutivos de la naturaleza humana?

En nuestro país, la combinación de violencia y jerarquía, junto a la ausencia de instancias mediadoras reales, generaron lo que Guillermo O’Donnell concibió como “corporativismo anárquico” Un modo de imponer como sea un interés privado en la arena pública. Ello convierte a las propias instituciones en un espacio de esa lucha, fomenta el uso de cualquier recurso para conseguir el objetivo y desalienta la chance de crear lugares públicos de agregación de intereses que fomenten una lógica cooperativa en los asuntos públicos, porque en ese juego suma cero solo vale anular al otro. Concretamente O’Donnell señala que no hay un empate de fuerzas que compiten por “hacerse” del estado, sino que las tensiones se resuelven mediante espirales de violencia en las que la más fuerte se impone sobre la más débil. Como toda espiral, los conflictos tienden a escalar y siempre hace falta una fuerza superior para resolver la puja. De este modo las estrategias de construcción son siempre de corto plazo y la lógica de apropiarse de lo público en provecho propio por medios informales es la expresión macro de aquella violencia en clave identitaria.  

En otras palabras, la infraestructura prevista por la constitución se convierte en un insumo que las corporaciones pueden hacer valer como propio a la hora de satisfacer su interés. Lógicamente que ese movimiento permanece velado. En la práctica, por ejemplo, ningún ministerio que lleva adelante una licitación avisa de antemano qué empresa resultará adjudicataria. Las políticas públicas en el plano de los principios respetan la universalidad de la ley. No obstante, ese respeto es solamente formal, porque la hechura real de ese proceso de antemano define ganadores y perdedores. Allí yace el secreto de la organización anárquica de intereses en corporaciones, porque la cuestión nodal es colonizar las instituciones del estado para direccionarlas.

La república democrática, entonces, aqueda limitada a la letra de la constitución y la vida pública real se edifica a una distancia muy importante. La sociedad aparece ordenada en base a dos grandes grupos. Estos grupos no son homogéneos. Al interior de ellos hay facciones, articulaciones y puntos de contacto. Se trata de una clasificación tan solo analítica. De un lado, los que son parte directa e indirecta del formato del poder. Desde el otro, los que sufren ese formato del poder, porque no integran ninguna organización corporativa (empresarial, política, sindical). El sector público, así, está subordinado a los intereses privados. Este es el punto de llegada del proceso.

Significa subvertir el esquema de la constitución, que apunta a subordinar todos los comportamientos sociales a las leyes. De este modo, la constitución es desafiada porque rige y no se cumple. La distribución del trabajo constitucional aparece anclada a intereses privados y son esos intereses los que compiten por apropiarse de la constitución, ya que el premio es verdaderamente atractivo, en tanto y en cuanto se traduce en la posibilidad de utilizar en beneficio propio las cláusulas universales de la ley fundacional, pero para sí. Es ese desplazamiento el que explica la ausencia de una arena capaz de crear las condiciones para la agregación de intereses y gestionar el conflicto. Por ello, el régimen político realmente existente se asemeja a una familia en el sentido romano, que se regía por la sola voluntad del páter familias quien encarnaba la ley, impartía justicia y establecía la división del trabajo familiar jerárquicamente. Dicho más sencillo, los poderes privados de la sociedad civil se imponen y subordinan al espacio público.

En este esquema, un interrogante relevante se relaciona con la función de la ley. La ley, desde la previsión constitucional, debería ser una extensión de la constitución. Esto es, el modo de ordenar y gestionar una sociedad organizada en base a derechos y embridada en una trama institucional apropiada que no deja de ser el marco legal para que se procesen los conflictos mediante las propias leyes. Parece un juego de palabras, pero no lo es. El estado republicano es el resultado de la composición de intereses ciudadanos. Su obligación irrenunciable es intervenir con la propia ley que el estado produce, para ordenar la convivencia y evitar que cualquier poder privado desafíe el público que es el poder común.

 La ley, en ese marco, sería la expresión de los intereses de esos ciudadanos. La relación entre la ley positiva y los valores históricamente situados deberían estar en una tensión permanente, porque ese es el juego de la democracia. Dicho de una manera más sencilla, la república democrática es el modo en que se discute la magnitud de los derechos en el espacio público. Por ello, obedecer la ley equivale a obedecerse a sí mismo. Sin embargo, entre ese plano de los principios y la realidad material hay un hiato profundo. La ley es percibida, en líneas generales, como un elemento externo a los valores medios, carente de componentes políticos, sin vínculo con el mundo de la vida cotidiana. Los ciudadanos desconfían de la ley y por esa, entre otras razones, tienden a violarla o a usarla en beneficio propio.

La ley, así, se transforma y se desplaza desde la capacidad de unir y ligar el cuerpo político, hacia un privilegio que protege a unos pocos. Los protege en un sentido doble, porque obtura cualquier acción destinada a transformar la realidad por parte de quienes no forman parte de esa sedimentación del poder y los tutela también de la propia ley, en tanto y en cuanto el hecho de tener bajo su esfera de custodia la posibilidad de hacer y aplicar la ley, hace que sus acciones no sean alcanzadas por el estado republicano.  Expresado de otra manera: están exentos de cumplir la ley. Son impunes. Además, porque disponen políticamente del marco legal pueden “defender” sus privilegios de otras alternativas de organización social, incluso usando ilegalmente la ley[2].

Repasemos. Violencia, ausencia de mediaciones institucionales, intereses privados que utilizan el entramado institucional para expropiar a las grandes mayorías de la arquitectura republicana y democrática. Arriban a esa instancia mediante elecciones regulares.  Mantienen el esquema porque el uso particular de la ley les permite repeler cualquier alternativa política, ya sea mediante prohibiciones formalmente lícitas o bien mediante la persecución y el encarcelamiento liso y llano de todo aquello que es percibido como “peligros”

El rol de la justicia es central y en general se presta a confusiones. El aparato judicial inscribe su trabajo en una dinámica general que no prioriza resolver los casos. En efecto, lo hace siempre midiendo el impacto de esa decisión en el formato general del poder. Esto es decisivo.  Frente a la situación específica, la primera aproximación incluye una tercera variable, cuando en rigor de verdad deberían operar solo dos. Lo explico.

Los magistrados tienen bajo su órbita el caso. El primer paso es examinarlo, el segundo es analizarlo a la luz de las leyes vigentes, pero agregan un tercero. Miden los efectos de su decisión no en función de los ciudadanos, sino con respecto al modo en que está organizado el poder político realmente existente. Aquí yace otra de las razones que alimenta la distancia entre la ley y los ciudadanos. Me refiero al trabajo judicial que transformó, en general, la potencia de las leyes como extensión de la constitución en un privilegio para los que integran el esquema de poder.

Repito, el sistema judicial no deja de hacer su trabajo. Respeta el rol que le asignó la constitución. No obstante, lo hace subordinando la sentencia al impacto que pueda tener en la sedimentación del poder. La distinción es sutil, pero no por ello menos importante. La administración de justicia “adapta” sus resoluciones de modo tal de no alterar el estado de las cosas. Y lo hace a través de un lenguaje privado que torna más difícil es escrutinio público, a la par que asegura aquel funcionamiento del poder político.

La vida pública funciona como un corporativismo anárquico. Como lo expuso O’Donnell, los grupos sociales de aglutinan corporativamente en derredor de sus intereses. Prescinden de los partidos políticos que deberían desempeñar el rol de mediadores. No hay instancias, así, institucionales aptas para crear las condiciones para que funcionen esas mediaciones. La política se transforma en un juego suma cero para ocupar los roles de gobierno, porque quien lo consigue tiene la ventaja de tener el estado de su lado.  El propio modo en que se ejerce el poder obtura las chances de crear un espacio público porque ese formato repele y percibe como una amenaza cualquier iniciativa que viene desde la sociedad con aires de cambio. Los mecanismos para bloquear las perspectivas que se comprenden como diferentes son variados y van desde la invisibilidad de los reclamos, pasan por las trabas legales para acceder a las instituciones públicas y llegan al uso del sistema penal como un arma.

La pregunta es ¿Se trata de una coalición de diablos que usurpó la estructura institucional? ¿Hay alguna fuerza trascendente que congeló a la sociedad? ¿Es el capitalismo que está mostrando su peor rostro? No tengo una respuesta para ello. Tan solo algunas intuiciones que simplemente abren escenarios para pensar y luego comprender las causas de un fenómeno tan singular.

Creo que la premisa es bastante obvia. El capitalismo posindustrial y la versión de una democracia liberal mínima en la que se objetivó el neoliberalismo constituyen el punto de partida. Voy a presentar brevemente los efectos de esta pareja, porque exceden el nivel de generalidad de estas líneas.

 Un modo de acumulación que sustituyó la puja por el salario y lo reemplazó por el crédito para estimular la demanda agregada fracturó a una sociedad organizada en derredor del trabajo asalariado. Las grandes empresas que proveían empleo se diversificaron de manera tal que directa o indirectamente pasaron a ofrecer servicios financieros [créditos]. Por lo tanto, se redujeron las fuentes de trabajo, menguó la necesidad de afiliarse, mermó la capacidad de los sindicatos, bajó la necesidad de asociarse para pujar colectivamente por el salario, los ciudadanos se volvieron más egoístas y el banco reemplazó a la asamblea[3].

Paralelamente la versión neoliberal de la democracia funciona en base a una paradoja. Se afirma en dotar nominalmente cada vez con más derechos a los ciudadanos. Basta comparar la constitución de 1853/60 con la que fue reformada en 1994 para verificar que, en términos cuantitativos, los ciudadanos tienen cada vez más derechos. No obstante, esos mismos ciudadanos cada vez tienen menos posibilidades de hacer efectivos esos derechos. Esa es la paradoja de la democracia neoliberal.  Además, y como la lucha por el crédito reemplazó la lucha por el salario, los espacios de socialización, tales como los sindicatos, y movimientos sociales, capaces de organizar reclamos de justicia sustantiva eficaces se volvieron políticamente más débiles.

Dicha forma de la democracia, entonces, se afirma en una ampliación de derechos formal y es muy ineficaz a la hora de generar condiciones que permitan el goce de esos derechos. O sea, profundiza las dimensiones del corporativismo anárquico. Además, tiende a concentrarse en valorar el momento electoral y se despreocupa de cualquier otra intervención política que no sea custodiar el formato del poder en términos de dicho corporativismo anárquico. Ello, en este esquema, es perfectamente coherente, porque la infraestructura formal de la república democrática permanece afectada a los usos privados que de ella hacen los grupos que detentan los roles de gobierno.

La asimetría derivada de “tener” el dominio sobre los recursos públicos torna más difíciles las competencias electorales, precisamente por la diferencia de recursos políticos, económicos y simbólicos. El régimen, entonces, radicaliza la potencia del acto electoral, porque en las condiciones en que se llevan adelante las elecciones lo ubican en una zona de confort por la diferencia de recursos.

Recapitulemos. Sociedades fragmentadas, espacios institucionales de lucha impotentes porque se resintió la sociedad organizada en derredor del salario, incentivos de lucha individual para conseguir créditos o ayudas sociales directas para sobrevivir, mecanismos estatales de intervención que previenen el acecho popular o uso del aparato institucional para reprimir todo aquello que se percibe como una amenaza, grupos sociales  organizados de manera corporativa que anárquica y violentamente se disputan el uso privado del estado, el propio estado como un campo de luchas, democracias ceñidas al acto electoral y que producen derechos formales, pero que no intervienen políticamente para hacerlos efectivos, sino que lo hacen para congelarlos en la letra de las leyes. Además. reclamos societales múltiples, pero carentes de una racionalidad colectiva que los torne eficaces políticamente, ausencia de mecanismos públicos que permitan desafiar este panorama ¿Cómo se articula todo ese esquema? Lo hace el partido invisible.

Obviamente que no cae desde el cielo este formato de ejercicio del poder. Su genealogía, que no puedo hacer aquí, combina razones históricas de nuestro devenir y contingencias propias de estos tiempos, envueltas en las transformaciones derivadas del capitalismo posindustrial. Pero me interesa acercarme un poco más a la forma en que se gestionan este tipo de regímenes de gobierno alojados en la definición que de la democracia liberal hace el neoliberalismo y que, en nuestro caso, se edificó en medio del corporativismo anárquico.  Probablemente quien mejor la definió fue Guillermo O’Donnell con su “democracia delegativa[4]” Esto es, un régimen que se legitima en el acto electoral anclado en un lazo vertical entre los ciudadanos y un salvador elegido plebiscitariamente casi siempre en contextos de crisis permanentes. En esa figura yace la clave, en el sujeto que emerge con la “solución” a la crisis en sus manos.

En efecto, aquel se presenta como un salvador que necesita concentrar la mayor cantidad de poder político en sus manos para salvar a la constitución de la crisis. A caballo de esa concentración, se concibe a sí mismo autorizado para “remover” los obstáculos que le impiden hacer su trabajo. Esos obstáculos son los medios de control formalmente institucionalizados al interior del estado, pero también constituyen obstáculos el parlamento por su lentitud, que es reemplazado por los decretos presidenciales, al igual que el sistema judicial, que tiene que dejar de poner palos en la rueda y “acompañar” la dirección política que fija el ejecutivo.

Esta concepción de la democracia que, repito, lo apuesta todo a la legitimación electoral, en la práctica subvierte la constitución sin tocarla. Gracias a la tríada crisis-emergencia-concentración de poder, deja en suspenso la distribución del trabajo previsto en la constitución y naturaliza uno diferente cuya fuente es la voluntad de quien detenta el ejecutivo. Así la constitución rige, pero no se cumple. Es el terreno perfecto para una competencia política anárquica, violenta y protagonizada por intereses organizados en corporaciones.

El resultado es conocido. Las instituciones son expropiadas a los ciudadanos y los poderes públicos se subordinan a los intereses privados. El punto es ¿Cómo consigue obediencia un dispositivo de estas características?  Las crisis son muy importantes en ese aspecto porque generan temor y ansiedad con respecto al futuro. Las crisis disciplinan. Constituyen un terreno fértil para que germine un “salvador” quien, por los propios efectos desintegradores del régimen político se convierte en una figura que condensa una esperanza colectiva.

En derredor del “salvador”, que puede ser una persona o un grupo, se despliegan estrategias de legitimación que naturalizan esta sedimentación del poder político. Estas estrategias de legitimación son globales y se adaptan a los contextos nacionales.  Lo importante es que, con sus variantes, recorren Occidente. Casi siempre se trata de fórmulas abstractas con poco anclaje en la realidad, pero que apelan a estados de ánimo y se apoyan en palabras que tienen mucho prestigio. Un prestigio que por sí mismo genera respeto porque remite a un horizonte normativo identificado con la ciudad justa. Hago un paréntesis. Quizá un ejemplo paradigmático de la globalidad de estas estrategias se puede ver en las marchas anti – confinamiento que recorren el mundo, porque basta comparar fotografías para ver los mismos carteles y muñecos, aunque todos con los mensajes apropiados para su contexto. Decía que las fórmulas discursivas escogidas de legitimación están ancladas en palabras de mucho prestigio, pero a las que se vacía de contenido.

 Me refiero a la libertad, la felicidad, la seguridad, la propiedad, el temor a los totalitarismos, la pluralidad, la democracia, la república. En fin, un sin número de abstracciones sobre las que es difícil no estar de acuerdo pero que, en este caso, se presentan como una propiedad del régimen político. Esas palabras forman parte de la expropiación institucional y tienen un rol vital en el proceso de legitimación. Permanecen asociadas a determinadas personas o grupos. Especialmente, porque parte de la organización corporativa que se disputa el poder público está integrada por empresas muy diversificadas que, entre otras actividades, explotan los medios de comunicación masiva. Ellos sueldan algunas palabras a la persona o al grupo “salvador”. Con lo cual, esas expresiones tienen un peso “verdadero” cuando las pronuncia aquel, y son simples mentiras cuando salen de la boca de quienes son percibidos como “desafiantes”.

Hace algunos años, este esquema ofrecía la posibilidad de ponerle rostro. En cada país había organizaciones políticas que se paraban en posiciones muy claras y a partir de ellas cualquiera podía descifrar el tipo de sociedad a la que aspiraban. Hace ya algún tiempo esa tarea es más compleja por el hiato que separa lo que se dice de lo que se hace.  La política real es bastante parecida más allá de los nombres.  No puedo detenerme en esa suerte de desplazamiento hacia un centro convergente de las facciones políticas. Alcanza con señalar que es un hecho real y que, en general, más allá de las declamaciones, las políticas públicas son bastante similares en la mayoría de los países de Occidente. Podría decirse que en términos generales aparecen subordinadas a los movimientos del capitalismo posindustrial.

Pero lo que me interesa remarcar es que todas esas alternativas más o menos similares, aparecen envueltas en discursos y prácticas análogas que son incesantemente repetidas por los medios de comunicación ligados a las empresas organizadas corporativa y anárquicamente. Y más importante aún, no se encarnan en personas, movimientos o partidos. Se encarnan en aquella facción que ocupe los roles de gobierno. Funciona como un traje de palabras impersonal que no se puede asociar a tal o cual persona o grupo, sino que es parte de los mecanismos de legitimación de esta versión de la democracia que sedimentó el neoliberalismo.  

La notable Marilena Chaui[5] describe algo semejante a través de lo que denomina “el partido invisible”. Aunque ella se refiere al caso de la República Federativa del Brasil, su reflexión es compatible con el proceso que vive la organización política occidental. Ella razona políticamente y se refiere al neoliberalismo brasileño. Dice “el neoliberalismo es una mutación destructiva de la política republicana-democrática surgido a partir de la configuración de una nueva extrema derecha planetaria que opera por medio de un partido invisible. Los integrantes de este «partido» son los oligopolios mediáticos, los líderes empresariales locales y globales, fracciones neoliberales de los partidos políticos tradicionales, intelectuales conservadores y fundamentalismos religiosos, cuyo modo de funcionamiento es horizontal, descentralizado y en red, interviniendo en la política institucional por medio de la ocupación de centros de poder político por parte de individuos de fácil manipulación situados en la periferia del poder económico propiamente dicho

Esta versión de la democracia no escapa a las características de la democracia delegativa de O’Donnell, sino que la perfecciona. En efecto, el líder es plebiscitado mediante elecciones regulares y luego el régimen funciona de manera horizontal, descentralizada y en red. Por ello se hace tan pero tan complejo asirlo. La elección es el primer paso. Ineludible. Es el momento constitucional inicial. Allí yace la caja que contiene las políticas públicas pero que persiguen la satisfacción de intereses privados. Muchas de ellas impopulares y casi siempre van en la dirección contraria a la del contrato electoral. El momento de la legitimación por ello es más complejo.

 Crear las condiciones para aplicarlas, entonces, es una tarea que se lleva adelante desde distintos espacios, con instrumentos diferentes y de un modo segmentado para grupos de ciudadanos con ideas afines. Allí se despliegan dispositivos singulares de captura de audiencias.  A través de ellos se administran los temores y las esperanzas de segmentos de la población con imaginarios afines. En otro plano, desde los medios más clásicos como la televisión, la radio y los diarios se organizan tertulias cuyo único objetivo es distinguir lo bueno de lo malo y volver sencillo lo que es por definición difícil. Esto es, se simplifica la complejidad social y se crean ambientes sociales en que solo admiten políticas “racionales”; es decir, las que protegen el modo en que se ejerce el poder.

El “partido invisible”, entonces, es el guardián estructural de esta forma de ejercicio del poder que escinde a la sociedad en dos grupos bien concretos. Los que integran el formato del poder y los que están fuera. Claro que al interior de cada grupo hay heterogeneidad, pero grosso modo esa es la arquitectura del funcionamiento del poder. Es el trabajo del “partido invisible”, un fiel servidor del corporativismo anárquico. Es el que admite o rechaza a los grupos sociales que buscan imponer su interés en la arena institucional. Y los admite o rechaza porque sus dispositivos de legitimación ubican a los aspirantes del lado de los racionales o de los irracionales.

No estoy descubriendo nada nuevo. Tampoco es la intención. Trato de aproximarme a una descripción del funcionamiento real del poder político que no se focalice en el desempeño de actores puntuales. Sé que hay dirigentes políticos corruptos, empresarios prebendarios, sectores sociales violentos, lugares institucionales privatizados, medios de comunicación que ajustan su línea editorial de acuerdo con sus necesidades desafiando la obligación constitucional de suministrar información veraz. Todo eso se discute en una multiplicidad de ámbitos. Pero son discusiones parciales y, en tanto tales, son atractivas, ricas y pertinentes. Pero no explican por qué las cosas se repiten desde hace tanto tiempo y por qué es tan difícil el cambio; sobre todo, cuando las grandes mayorías son las que sufren. Quizá una de las posibles vías de explicación pase para concentrarse en la expropiación institucional en su conjunto.

O’Donnell, cerraba su “Y a mí que mierda me importa” deslizando que la crueldad de la última dictadura había sido de tal magnitud y había penetrado con tanta profundidad capilarmente a la sociedad, que quizá hacía posible un proceso social capaz de construir arenas institucionales apropiadas a procesar los inevitables conflictos de intereses. Para simplificarlo, deslizaba que tanto dolor podía mostrarnos con nitidez las potencialidades de una vida más plural y democrática y menos violenta. Actualmente, la combinación de un proceso de desintegración social que pocos argentinos imaginaron, junto con una pandemia que nos ubicó en medio de una crisis civilizatoria que está haciendo crujir a todo Occidente al menos, invita a pensar en un sentido similar.

En el caso argentino, el funcionamiento real del poder político es la principal causa de la desintegración social. Sencillamente porque la captura de los espacios comunes por parte de grupos con intereses particulares anuló en la práctica la chance de construir una república democrática y, con ello, cercenó el primer derecho humano. El que hace posible todos los demás. El derecho a la existencia y a los medios para conseguirla. Impidió, dicho de manera más sencilla, extender el derecho de propiedad y crear chances reales de fundar políticamente la libertad republicana; es decir, vivir, como decía Marx, sin pedir permiso[6]. Sin temor a que nadie ejerza, real o potencialmente, un poder arbitrario sobre cada uno de los ciudadanos.

El desafío, entonces, es hacer real la república democrática. La mejor guía para recorrer ese camino es bastante obvia.  Es el preámbulo de la constitución nacional.  Brevemente, se trata de “afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” El obstáculo inicial, es verdad, tiene que ver con las desigualdades materiales. No obstante, la única posibilidad de removerlo yace en la recuperación del entramado institucional para todos los ciudadanos para crear sujetos de derechos y dejar atrás una situación en la que muchos ciudadanos son objetos de derecho. Recurrentemente, en nuestro país al menos, se intentó afrontar ese problema discutiendo decisiones económicas escindidas de las prácticas políticas. Intuyo que el camino debería ser inverso.

Hasta tanto los ciudadanos no recuperen la esfera institucional y, con ella, el derecho inalienable a decidir por medios de las instituciones el bienestar general y a emprender todas las acciones necesarias para hacerlo efectivo, probablemente permanezcamos sujetos a los altibajos del corporativismo anárquico y esperando como espectadores el momento progresivo de esa forma de funcionamiento del poder.

Es bastante sencillo de comprender, entonces, el formato del poder. Primacía de lo privado por sobre lo público, ausencia de mediaciones institucionales capaces de gestionar la disputa de intereses diversos, modos violentos de imponer intereses particulares y presentarlos como generales en la esfera estatal, concepción de la ley como un insumo para hacer política, dispositivos institucionales informales para bloquear perspectivas percibidas como desafiantes, cooptación del sistema judicial para asegurarse de la “última” palabra. Todo ello edificado sobre una concepción que reduce la democracia a una competencia electoral, que entiende a las ciudadanos como consumidores que escogen la mejor oferta del mercado electoral y que, esto es decisivo, asocia la democracia a un régimen político que se mueve en derredor de consensos unánimes sobre las políticas públicas y en la que quien no es parte del consenso unánime cae automáticamente fuera del orden social y, en tanto, sujeto externo al cuerpo político es automáticamente invisibilizado y/o encarcelado.

El partido invisible es el entramado impersonal que gestiona y reproduce el formato del poder, más allá de las personas o corporaciones, porque lo que protege es precisamente la forma. Reniega de la infraestructura institucional. Se alimenta del vínculo directo entre quienes detentan el poder político y el resto de la sociedad.  A menudo ubica a los máximos dirigentes casi por fuera del orden legal y justifica como “necesario” o como parte del “interés nacional” que algunos funcionarios violen la ley porque se supone que están “trabajando por cosas superiores” o porque “los anteriores hicieron lo mismo con más intensidad” y el actual “quiere terminar con esos métodos y para terminar no tiene otra alternativa que usarlos”. El ejemplo más nítido probablemente sea el de la deuda externa, contraída siempre por expertos que hablan un lenguaje privado, sin escrutinio público y sin conocer jamás en que se gastó concretamente el dinero.

La república democrática es otra cosa. Ello es claro. Se alimenta, precisamente, del conflicto. Los ciudadanos, auténticos titulares del poder político, delegan en basa a la confianza su ejercicio, se las ingenian para crear mediaciones institucionales capaces de crear las condiciones para gestionar los intereses diversos en base a la ley que es la expresión de esa voluntad ciudadana y que, como horizonte normativo al menos, apunta que la creación política de la libertad. La libertad política se define como la posibilidad de vivir de manera autónoma; es decir, sin reconocer ningún otro señorío que el de la ley y no tener que siquiera representarse la posibilidad de intromisión arbitraria de un tercero en la toma de decisiones.

El lenguaje de la república es el lenguaje de los derechos. Entendidos como artefactos políticos dirigidos a conciliar la igualdad y la libertad en sociedades estratificadas en clases. El mecanismo de los derechos, producto de la gestión del conflicto social en la arena institucional, tiene como objetivo, en clave republicana, extender el derecho de propiedad de modo tal de satisfacer el primero de los derechos humanos. Esto es, como decía, el derecho a la existencia y tener a mano los medios para conseguirla. Ese camino es el camino de creación de la libertad republicana y es un sendero envuelto en conflictos permanentes que se dirimen, en definitiva, entre grupos que buscan conservar por un lado y transformar por el otro el formato social objetivado en derechos. Y decía que la república democrática se alimenta del conflicto, porque lo que se disputa en todo momento es el poder común que, a diferencia de las visiones neoliberales de la democracia, reside en un no lugar. El poder no es apropiable, es común, yace en la esfera pública y se juega en medio de instancias institucionales a través de las que los ciudadanos gestionan sus asuntos comunes.  La república democrática es quizá el régimen que mejor se ajusta a los asuntos humanos, porque su diseño fue concebido para soportar los cambios sociales y el rasgo que distingue a la vida humana organizada en sociedades es justamente el cambio.


Notas

[1] https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/009_0.pdf Consultado el 9-11-2020.

[2] Ver Delgado. Federico “República de la Impunidad” Ariel 2020.

[3] El tema está explicado brillantemente por Antoni Domènech en “Socialismo: ¿De dónde vino? ¿Qué quiso? ¿Qué logró? ¿Qué puede seguir queriendo y logrando?” en Mario Bunge y Carlos Gabetta, comps., ¿Tiene porvenir el socialismo?, Buenos Aires, Eudeba, 2013.

[4] O’Donnell, Guillermo; Iazzeta, Osvaldo; Quiroga, Hugo “Democracia Delegativa”, Buenos Aires, Prometeo 2001.

[5]  Ver Chaui, Marilena “Porque no sucede nada en Brasil” www.jacobinlat.com del 31-10-20. Consultado el 1-11-20.

[6] Ver Domenech, Antoni “El Eclipse de la Fraternidad” Akal 2019.


Federico Delgado es abogado y politólogo. Se desempeña hace más de 20 años como Fiscal federal. Es autor de numerosos libros y artículos, muchos de ellos para Sociedad Futura. Su último libro, «República de la Impunidad», fue publicado en 2020 y editado por Ariel.