Coronavirus y Crisis mundial: la propuesta de la Renta Básica Universal para Argentina

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Equipo Sociedad Futura

Días atrás recibimos la visita de David Casassas, teórico social catalán, miembro del comité de redacción de la revista SinPermiso y especialista en Renta Básica. El motivo de su visita al país fue una serie de conferencias relacionadas a sus trabajos sobre Renta Básica Universal (RBU) además de la presentación de la edición argentina de su libro “Libertad Incondicional: el derecho a la renta básica universal”, publicado por Ediciones Continente. La RBU debe ser entendida como una transferencia monetaria del Estado a los ciudadanos en base a los criterios de universalidad, individualidad e incondicionalidad. Con esto nos referimos a que se destina a todos los ciudadanos, de manera individual (no al núcleo familiar, por ejemplo) y sin estar atada a condicionamientos como la posesión de un trabajo remunerado o la certificación de pobreza[1]. La Renta Básica debe equivaler como mínimo a la cantidad suficiente para superar el umbral de pobreza. El objetivo general de la Renta Básica, en pocas palabras, es el de dotar a los ciudadanos de la independencia material necesaria para que cada ciudadano pueda elegir libremente de qué forma desarrollar su proyecto de vida. La RBU, entonces, podría permitir al individuo tener un poder de negociación considerable a la hora de enfrentar a un potencial empleador; podría permitir vivir sin recurrir al trabajo remunerado; entre otras posibilidades.

Lamentablemente, por el agravamiento de la situación mundial de la pandemia del coronavirus Casassas debió volver a Barcelona. Horas después de su regreso, el presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional para que la ciudadanía tomara consciencia de la situación y para notificar una serie de medidas precautorias.

Mientras tanto, las noticias que llegan de Europa son cada vez más alarmantes y como respuesta, las medidas de los gobiernos se vuelven también más drásticas. En nuestro país, día a día comienza a verse modificada nuestra vida cotidiana y se espera un inminente agravamiento de la situación.

El coronavirus parece ser la chispa de una nueva crisis económica mundial. Luego de la desatada en 2008, el mundo nunca logró recuperarse a niveles previos. El ex secretario del tesoro norteamericano, Larry Summers, había definido a la etapa posterior al 2008 como de “estancamiento secular” y pronosticaba que esta iba a durar más de veinte años. Este período implicaría una situación sostenida en el tiempo donde la depresión económica sería la norma. Dentro de sus características encontraríamos el bajo crecimiento, bajas tasas de interés e inestabilidad financiera. Se acuerde o no con la etiqueta de esta caracterización, se hace evidente la preocupación  de amplias fracciones del capital de que el débil y desigual crecimiento posterior al 2008 desemboque en una recesión generalizada.     

Con la pandemia comienzan a evidenciarse los elementos de una nueva recesión económica a nivel mundial. Las bolsas de valores de todo el mundo cayeron drásticamente así como el precio de las commodities. Las cadenas mundiales de producción ya han empezado a sentir los efectos de las medidas en China, taller industrial del mundo. En la actualidad, se calcula que el 90% de las mil mayores empresas se verán afectadas por esta situación (según el ranking Forbes 1000). Si bien ya se preveía para este año una desaceleración del crecimiento económico global, con esta situación los pronósticos se agravarán. Como consecuencia, no sólo los ingresos de millones de personas se verán afectados, sino que también se cortarán cadenas de pago, los consumos se restringirán y la pobreza aumentará. En este diagnóstico no solo coinciden los economistas más lúcidos del campo progresista, sino también las principales instituciones a nivel mundial que funcionaron de garantes de las condiciones de posibilidad de esta crisis. Tanto el FMI como la OCDE, al igual que agencias privadas como Bloomberg, advierten sobre el impacto ya manifiesto en las previsiones de crecimiento a nivel mundial aunque también avisan sobre un agravamiento pronunciado de la situación si la pandemia se acelera.

Es necesario subrayar que la aparición de esta pandemia se inserta en una situación regional en la que la democracia política se encuentra en una profunda crisis, que va más allá de su vaciamiento debido a los usos y abusos que ejerce la clase dominante. Después del golpe parlamentario en Brasil, del golpe militar-neoliberal-fundamentalista contra Evo Morales y de la resistencia social del pueblo chileno contra la continuidad del proyecto pinochetista en democracia verificamos que en la región se ha cruzado una línea y las clases dominantes locales y su aliado norteamericano ya no se van a detener en la defensa de sus intereses ante la posibilidad de destruir o erosionar la legalidad del estado de derecho. Este contexto de nuestra región no puede ser dejado de lado al analizar la situación derivada por la emergencia del Coronavirus.            

A raíz del shock social y económico que va está generando la pandemia en la economía internacional y de cada nación, pero sobre todo con la mirada puesta en la delicada situación argentina, consultamos a Casassas sobre algún escrito reciente sobre el vínculo entre el coronavirus y renta básica. Nos remitió a un excelente artículo, no suficientemente publicitado, del profesor inglés Guy Standing: “Coronavirus, crisis económica y renta básica” publicado en el diario El País[2]. Vale la pena repasar los puntos del profesor Standing acerca de la relación entre renta básica y el COVID-19.

Standing coincide que la pandemia puede ser la chispa que desate una nueva crisis económica mundial, aunque no sea su causa estructural. Esta situación agravará aún más el tejido social debilitado con el estancamiento secular de los últimos años. Los trabajadores precarizados, con ingresos inciertos y/o fluctuantes, serán los más vulnerables. Asimismo, los efectos multiplicadores desembocarán en mayores complicaciones económicas para la mayoría de la sociedad e, indirectamente, mayor mortandad.

Los gobiernos deben estar preparados ante estas circunstancias. Es necesaria una política activa para preparar a la sociedad para enfrentar estas circunstancias adversas. Con las experiencias de crisis sociales pasadas, es necesario dotar de recursos a la ciudadanía para fortalecer la resiliencia.

Si bien muchos gobiernos han comenzado a tomar distintos tipos de medidas, Standing alerta a los países desarrollados para que no repitan la experiencia de la crisis del 2008, en la cual se combinaron paquetes de medidas de austeridad fiscal por un lado y de expansión cuantitativa de inyección de dineros a los mercados, por otro. Estas solo generaron una mayor desigualdad económica sin beneficios para la sociedad. El gobierno de los Estados Unidos, por caso, o bien acudió en salvataje o permitió la unificación de los principales agentes e instituciones financieras del momento (Bear Stearns fue rescatada y vendida a JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley fueron redefinidas como bank holding companies, es decir, sociedades con acciones mayoritarias en bancos pero que no constituyen bancos propiamente dichos). Otro ejemplo se produjo en el Reino Unido, donde el gobierno nacionalizó el Bradford & Bingley Bank e inyectó fondos públicos para evitar la quiebra del Royal Bank of Scotland, Lloyds y el Halifax Bank of Scotland.[3]

Por ejemplo, Hong Kong de forma extraordinaria y en un pago único ha brindado a toda su ciudadanía, es decir de forma universal, un ingreso de 1140 euros. En este caso, al ser un pago único, tiene la complicación de no ser suficiente para afrontar las consecuencias duraderas que la pandemia provocará. Pero al mismo tiempo, esta misma característica implica el riesgo de generar un shock de demanda y por lo tanto crear distorsiones en los precios.

Sostiene Standing que la política debe estar enfocada en garantizar a la ciudadanía “una seguridad económica básica”. Además, advierte que esta situación puede ser útil para introducir un sistema de ingreso universal básico, al menos mientras se prolongue la pandemia. De este modo es posible asegurar un modesto piso de ingresos mensuales a todas las personas, el cual podría regularse con relación a la gravedad de la recesión como un “estabilizador económico automático”, que garantice la demanda agregada.

Como sucedió en la crisis del 2008, Standing sugiere que el ingreso ciudadano podría financiarse al igual que la expansión cuantitativa aunque deberían sumarse una nueva serie de impuestos progresivos, como los ecológicos al carbono. De este modo, en un escenario poscrisis, el ingreso ciudadano ayudaría en la lucha contra la crisis ecológica, el mayor problema de nuestra época.

En términos inmediatos, una Renta Básica Universal brindaría la libertad material que facilitaría que aquellas personas que sientan que están poniendo en riesgo a los demás o a ellos mismos eviten concurrir a sus lugares de trabajo.

Aunque el ejemplo de Hong Kong y los países en los que se enfoca Standing pertenecen al rango de altos ingresos y un PBI per cápita mucho más alto que el de la Argentina, el colectivo que compone Sociedad Futura considera que es una propuesta necesaria aplicar la Renta Básica en nuestro país.

En un interesante artículo titulado “5 lessons for using Universal Basic Income during a pandemic[4], Ugo Gentilini se pregunta “¿pueden las transferencias monetarias ayudar a compensar algo de los daños económicos que traerá el COVID-19?” Ya algunos países, Indonesia, Malasia y China entre otros, han expandido e incrementado sus transferencias monetarias. Algunos se encuentran considerando transferencias de corte universal. La pandemia del COVID presenta una oportunidad para un nuevo acercamiento para un ingreso universal. Existen casos de antecedentes: en Kuwait en 2011 y en Australia en 2009. Gentilini señala que “las experiencias previas con el ingreso ciudadano y las intervenciones similares al ingreso universal brindan cinco lecciones. Tienen que ver con riesgos de inflación, tensiones en los sistemas de entrega, comunicación, sincronización con otras redes de seguridad y el uso de crisis temporales para realizar cambios permanentes.”

En este sentido, para el caso argentino, desde Sociedad Futura encontramos cinco posibles  respuestas. En primer lugar, el riesgo de inflación en nuestro país es el mayor desafío. Una política como la Renta Básica Universal debe estar acompañada de mayor severidad  de control de cumplimiento en algunas políticas contrainflacionarias ya implementadas por el gobierno. Es el caso del programa “Precios Cuidados” y de los acuerdos de precios con las asociaciones de comercios y empresarios.

En segundo lugar, lo que se refiere al sistema de entrega, hoy el país cuenta con un aceitado sistema -tanto por AFIP y ANSeS- para contar con una base de datos de alcance prácticamente universal para una rápida transferencia monetaria. Este elemento es determinante. De acuerdo con la ENIF (Estrategia Nacional de Inclusión Financiera) -publicada en el Boletín Oficial el día 29 de agosto de 2019 a través de la Resolución de la Secretaria de Finanzas 17/2019- , el 80% de los adultos argentinos cuenta con al menos una cuenta de depósito de algún tipo. Si bien el mismo informe señala que existe un amplio porcentaje dentro de ese conjunto que desconoce que posee una cuenta, una activa política de divulgación como la lanzada por el BCRA en 2019 (#SaberEsCentral) puede ayudar a compensar ese déficit de información. El alto porcentaje de titulares de cuenta de depósito permite eludir obstáculos para una política social provenientes de una baja tasa de bancarización.

La política comunicacional debe ser clave para que la ciudadanía comprenda a la Renta Básica Universal como un derecho básico, el derecho básico por excelencia si se quiere: el derecho a la existencia. Mayor relevancia adquiere este aspecto si se tiene en cuenta la estructura de medios de comunicación argentina, donde los principales diarios, canales de televisión y radios funcionan muchas veces como defensores de intereses típicamente contrarios a políticas igualitarias como la que proponemos.

En cuarto lugar, aunque debe funcionar como una política central, la Renta Básica Universal debe ser complementada con aquellas políticas sociales ya establecidas para reforzar la contención de las poblaciones en mayor riesgo. Una red de seguridad social como tal debe garantizar  la ciudadanía no solo su existencia material, sino también el acceso irrestricto a la salud pública en todo el territorio nacional, la educación pública y gratuita o el acceso a la vivienda. Se trata de reforzar derechos que los argentinos hemos sabido conquistar y proteger a lo largo de los años.

En quinto y último lugar, las crisis tensionan los sistemas sociales ya establecidos. De esta forma, evidencian las fisuras pero permiten la posibilidad de corregir los elementos débiles del tejido social.  

En particular, la pandemia encuentra a la Argentina atravesando una profunda crisis económica y en una compleja reestructuración de su deuda. Antes del fenómeno del coronavirus, el desafío del gobierno argentino era alcanzar este año la reestructuración exitosa de la deuda y lograr un repunte de la economía nacional, hoy en recesión. Para esto, el flamante gobierno comenzó a modificar las reglas del sistema económico heredado del macrismo. Debemos apuntar a un cambio permanente en la estructura socioeconómica argentina.

En este contexto de recesión, la paralización de la vida económica del país podría llevar los números a una situación de crisis humanitaria. En este potencial escenario, amplios sectores se verían afectados, en especial los trabajadores precarizados, los cuentapropistas y los pequeños comerciantes.

Es urgente pensar cómo sostener el consumo de estos sectores y de aquellos de más bajos ingresos con gastos extras por la situación extraordinaria. No obstante, el gobierno se enfrenta al problema de cualquier política social ¿cómo lograr una rápida segmentación e implementación de la misma? La RBU, al ser una política de corte universal, es más sencilla también en su implementación. Es necesario garantizar condiciones de consumo cotidiano a todos los ciudadanos, pero también en términos macroeconómicos se debe evitar una repercusión fuerte en una economía de por sí muy debilitada. Para esto un shock de demanda, vía renta básica, combinada con una intervención del gobierno en los precios puede ser una exitosa política contracíclica.

Asimismo, en una “doctrina del shock” inversamente aplicada[5], se debe aprovechar esta crisis a gran escala para aplicar una estrategia de políticas que reviertan la desigualdad imperante y, por ejemplo financien la RBU. La implementación extraordinaria de la RBU debe estar ligada, como proyecto, a los ingresos que la financien. Por lo tanto, en esas circunstancias extraordinarias, presentar este con un paquete de impuestos sobre los sectores más ricos para que la financien no debería verse como una iniciativa irrealizable. 

Este último aspecto suele ser el más controversial dentro de la discusión sobre la viabilidad y deseabilidad de una política social como la Renta Básica Universal. Si partimos de la necesidad de garantizar el derecho a la existencia de cada uno de los ciudadanos argentinos, aún más en una coyuntura de crisis como la actual, debemos reparar en las formas más progresistas de financiación de políticas distributivas como la que presentamos. Como menciona Standing en su artículo, los impuestos ecológicos destinados a las empresas con mayor impacto ambiental (de gran presencia en Argentina, dado el entramado económico extractivista en algunas partes de nuestro territorio) pueden ser una alternativa interesante. Como así también un sistema de gravamen a la renta financiera (potenciada como nunca antes en los años de gobierno de Juntos por el Cambio), un control férreo a la fuga de capitales, entre otras posibilidades.

Por todo lo dicho, la Renta Básica Universal debe ser el puntapié inicial de un conjunto de políticas sociales distributivas que ayuden a construir un sistema de protección a los sectores más golpeados por la realidad económica argentina y mundial. La RBU no resuelve todos los problemas de la sociedad ni es la llave mágica para superar el capitalismo. Pero forma parte del arsenal que cuentan las clases populares y una izquierda democrática y socialista para poner en escena un conjunto de reivindicaciones propias que permitan construir un escenario favorable a las mayorías populares. Su gran virtud es su carácter concreto, que permite visualizarla y asimilarla rápidamente.


[1] Esta definición responde a la elaborada por Daniel Raventós, David Casassas y María Julia Bertomeu, entre otros.

[2] Publicado el día 13 de marzo de 2020.

[3] Ash, Michael & Louçã,Francisco. Sombras. El desorden financiero en la era de la globalización. Sylone Editorial. Barcelona, España, 2019. Pág. 31.

[4] Publicado el 13 de marzo de 2020 en el sitio bookings.edu

[5] “Doctrina del shock” es un concepto desarrollado por Naomi Klein que se refiere a la estrategia de utilizar las crisis para impulsar políticas que profundicen la desigualdad. Recientemente, Klein dio una entrevista donde vincula este concepto con la crisis actual en el sitio vice.com el 13 de marzo de 2020.