Lucía Malena Abelleira Castro: Ciudadanía y migrantes

Por Lucía Malena Abelleira Castro

El contexto global nos obliga a repensar muchas de las categorías jurídico políticas que creíamos asentadas a partir del Siglo XIX. Una de ellas, quizás la más importante, es la noción de ciudadanía.

Lucía Abelleira Castro se pregunta qué implica el carácter restrictivo de la ciudadanía que hoy atestiguamos. Estudia el impacto que la ligazón del ciudadano a su pertenencia a un Estado Nación genera en la lucha por el derecho al trabajo, la vivienda y a la existencia material digna. Los colectivos migrantes llegaron para cuestionar los efectos limitantes de una ciudadanía desligada de la realidad material de los integrantes de una comunidad. Mediante una análisis certero, Abelleira Castro plantea ciertos interrogantes que deberán ser parte de todo proyecto político colectivo que apunte a una transformación estructural de las relaciones de clase en el Siglo XXI.
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Al igual que en muchos países de América Latina, la existencia de movimientos migratorios orientados hacia la República Argentina no se trata de un fenómeno reciente. Muy por el contrario, la migración europea ocurrida a finales del S. XIX y principios del S. XX resultó fundamental en la constitución del entramado social de nuestro país.

Si bien dichos flujos migratorios se mantuvieron estables durante cierto tiempo, en los últimos años aumentaron de manera considerable. Esto se dio, en parte, gracias a la asimetría existente en el plano internacional en materia de acceso a riquezas y calidad de vida. Es por eso que día a día nos encontramos con un número cada vez mayor de personas que toman la decisión de instalarse en nuestro país.

El incremento en el ingreso de migrantes y su consiguiente asentamiento en determinadas regiones de Argentina, puso en jaque las precarias y deficientes -por no decir inexistentes- políticas estatales de acogida e inserción de nuestro país. A su vez, dejó expuesto el desinterés de la clase dirigente por otorgar condiciones de vida dignas para los sectores más vulnerables de los colectivos migrantes. 

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las personas migrantes que se asientan en ese territorio provienen de sectores marginales de Bolivia, Perú, Paraguay y en los últimos años de Venezuela y Senegal. Al llegar a la Ciudad, buscan integrarse al mercado laboral donde sólo consiguen oportunidades en el sector precarizado. Trabajo doméstico, talleres clandestinos y aplicaciones que ofrecen servicios de delivery (empresas como Rappi, Glovo, Pedidos ya), son algunas de las posibilidades que tienen estos nuevos “vecinos” para incorporarse al tejido social de la Ciudad.

Al destrato sufrido en el plano económico se le suman, además, situaciones de discriminación, xenofobia y estigmatización provenientes de una sociedad que parece olvidar su pasado inmigrante. En este sentido, resulta importante destacar el papel de los medios hegemónicos de comunicación en el incentivo de este tipo de conductas. En ellos, los migrantes son a menudo utilizados como chivos expiatorios y se los señala como culpables de la falta de trabajo, del mal estado de los hospitales públicos e inclusive de hechos delictivos, entre otras cosas. De esta manera, se logra instalar un rechazo al otro, al “extranjero”.

Ver al inmigrante como extranjero genera, como decía Fernández Buey en su texto “Inmigración, propuestas constructivas”, una sensación de lejanía entre los individuos, entre un yo “ciudadano” y un otro que no pertenece. Esta brecha, que se vuelve aún más profunda cuando se trata de extranjeros pobres, en parte puede ser atribuida por la forma en la que se abordan las políticas migratorias actuales. 

De acuerdo con el mismo autor, los mecanismos por los que la clase dominante genera un clima de rechazo hacia el ciudadano migrante sirven de herramienta para la legitimación de la utilización de esta población como mano de obra barata y carente de derechos en el proceso productivo. De esta forma, políticos y medios de comunicación afines a los intereses de la clase dirigente soslayan esta problemática y enfatizan diferencias de tipo cultural, religiosas y étnicas como una forma de resaltar el carácter de “intruso” de las poblaciones extranjeras residentes en el suelo. Se crea, por ende, “una categoría de súbditos, no-ciudadanos, privados de derechos a los que se puede explotar regularmente en el trabajo”. Los migrantes, en consecuencia, aparecen como una comunidad expulsada de la sociedad civil y política y quedan a merced de la explotación económica y cultural. 

En este sentido, a continuación intentaremos analizar el efecto producido por el proceso de “globalización” a la luz del concepto de ciudadanía surgido al calor de las luchas sociales y políticas de la temprana modernidad.

Un repaso por la “ciudadanía”

La ciudadanía como concepto surgió en los centros urbanos, considerados el principal ámbito de intercambio, tanto de comercio como de cultura. El status de ciudadano, entendido como el reconocimiento social y jurídico que le otorga a un individuo derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad política determinada, hace iguales entre sí y frente a la ley a quienes lo detentan.

En los siglos XVIII y XIX, de la mano del surgimiento de los Estados nación, se produjo la “universalización” de la ciudadanía en los Estados más avanzados del capitalismo europeo. En este proceso, dejó de considerarse como un status atribuido a determinados habitantes de las ciudades y pasó a ser, como menciona Jordi Borja, “el status normal de los habitantes legales del Estado nación”. Así, el concepto de ciudadanía comenzó a ser vinculado al de nacionalidad.

En su conferencia “Ciudadanía y Clase Social”, T. H. Marshall realizó lo que podríamos considerar un análisis académico de esta noción. Allí, dividió la ciudadanía en tres elementos: civil, político y social. 

Definió al elemento civil como parte fundamental del concepto de ciudadanía. Esto sucede porque implica el efectivo ejercicio de las libertades individuales y la consiguiente defensa de aquellos derechos que de ella derivan. El elemento político lo halla íntimamente ligado a la participación de los individuos en el ejercicio del poder político, tanto para ejercer su poder de decisión como para ser elegido. Por último, asimila el elemento social con un mínimo de bienestar económico que haga posible el disfrute del patrimonio y la vida en sociedad.

Si bien Marshall identificó el surgimiento de cada uno de esos elementos con un momento histórico específico, la realidad indica que continuaron su evolución con el devenir de los años. En la actualidad, el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales es producto de un largo proceso desarrollado en tres frentes. El sociopolítico, gracias a la movilización de los sectores involucrados; el cultural, por la legitimación de los reclamos y la reivindicación de dichos sectores; y el político jurídico, debido al desarrollo de políticas públicas en esta materia.

Más allá de todo esto, y a pesar de que la igualdad jurídica se encuentra reconocida gracias al status de ciudadanía, las desigualdades socioeconómicas aparecen cada vez más marcadas en la sociedad. De hecho, la noción de igualdad ante la ley no es más que una fórmula que invisibiliza las desigualdades reales entre clases dominantes y lo que podríamos llamar, en sentido amplio, clases populares (incluyendo, desde luego, a los migrantes). Tomando la división entre espacio público y privado como base, la concepción clásica-liberal de la ciudadanía genera una ficción en la que toda persona, sin importar su existencia material, es capaz de expresarse públicamente para resolver sus disputas o reclamar por sus derechos. Como sabemos, la realidad indica que las desigualdades materiales no hacen más que reproducir su lógica de exclusión en el plano público. Un concepto de ciudadanía que no atienda el hiato existente entre igualdad formal ante la ley y desigualdad económica extrema será incapaz de responder a las necesidades inmediatas y a largo plazo de diferentes colectivos excluidos. El caso de los migrantes es uno más de los conflictos que expresan el agotamiento de categorías que no solo no resuelven sino que legitiman, profundizan y perpetúan contextos de explotación, opresión y discriminación.

Ciudadanía y Globalización

El concepto actual de ciudadanía, basado en la homogeneidad de los grupos sociales, en un único modelo de familia y en derechos civiles, políticos y sociales acotados, es incapaz de hacerle frente a los movimientos migratorios actuales. Estos, marcados profundamente por el proceso de globalización, obligan a repensar y resignificar la noción de ciudadanía.

La globalización es un fenómeno que vino a poner en jaque el rol regulador del Estado. Este nuevo modelo de soberanía “del intercambio” hizo necesaria una reconfiguración económica de los Estados; se desbarató gran parte de la estructura del Estado de bienestar y se dio surgimiento a formas estatales neoliberales. En este contexto, los trabajadores vieron debilitadas las redes de contención que anteriormente les proveían las instituciones estatales frente a los vaivenes del capital.

En la misma línea, si bien la globalización facilita el movimiento de capital y de personas, este fenómeno no genera tejidos institucionales capaces de recibir a las poblaciones migrantes e incluirlas adecuadamente en el proceso productivo formal. Al llegar a los Estados de acogida, los migrantes encuentran blindado el acceso a las ya precarias protecciones sociales actuales puesto que su igualdad no es ni siquiera jurídica o formal. No tienen ni siquiera la propiedad privada de su fuerza de trabajo en los marcos legales del capitalismo de la primera mitad del Siglo XX.

Hoy en día, y en conexión con lo anterior, atestiguamos un proceso de progresivo desarraigo cultural y emocional de una gran cantidad de personas con respecto a su tierra natal. Los movimientos migratorios ocurren por los motivos más diversos (económicos, culturales, políticos, etc.) y resultan prácticamente inevitables. En este contexto de flujos constantes, y tomando lo dicho por Javier de Lucas, sostener una noción de ciudadanía vinculada a la nacionalidad institucionaliza la exclusión a través de malas políticas de inserción e integración de los migrantes. En consecuencia, todas aquellas personas que no poseen la nacionalidad del Estado en el que residen experimentan un proceso de exclusión sin antecedentes. A pesar de que los migrantes participan de la vida social y del desarrollo del territorio en la misma medida que los residentes nacidos en dicho Estado Nación, no  disfrutan de los mismos derechos ligados a la noción de ciudadanía.

Como prueba de lo expuesto están las leyes de migraciones o de “extranjería” existentes. Éstas dejan en evidencia, como mencionaba Fernández Buey, la discriminación a una parte de la población y la aceptación tácita de la existencia de los “sin papeles”, a los que se rebaja a una categoría de precarios, no-ciudadanos.

Consideraciones finales

La globalización nos obliga a revalorizar a las ciudades como actores principales del plano socioeconómico. Éstas, lejos de albergar grupos sociales homogéneos, se convirtieron en el hogar de grupos cada vez más plurales y multiculturales. Los responsables de este cambio en las matrices de formación de las diversas sociedades, podemos decir, fueron los movimientos migratorios actuales. Debido a su carácter dinámico, sujeto a una constante evolución, difícilmente pueden ser abarcados por las viejas categorías jurídicas y políticas que plantean soluciones a esta problemática desde una perspectiva estatal-nacional.

La ciudadanía es una categoría que se encuentra en permanente reconceptualización, gracias a la progresiva conquista de derechos por parte de los grupos sociales en situaciones de opresión y a su exigencia de contar con políticas públicas que los hagan efectivos. 

En este contexto, sostener nociones clásicas como la descrita, posibilita que sean negados derechos a gran parte de la población. Resulta necesario entonces revisar este concepto y generar un nuevo pacto de ciudadanía que abarque a las poblaciones migrantes. Esto se conseguirá, en primer lugar, dejando de lado el componente estatal/nacional existente en la noción clásica y vinculandolo con la residencia de los individuos. Además, resulta imprescindible recuperar lo dicho por Borja sobre los procesos constructores de ciudadanía. Están comprendidos, por un lado, por la ampliación de los derechos formales que la constituyen y, por otro lado, por el desarrollo del contenido real de los mismos.

A su vez, el reconocimiento de los derechos no es suficiente. Es necesario contar con voluntad política de acción por parte de los dirigentes políticos que traduzca este reconocimiento en reformas que apunten a la igualdad (en términos económicos, de educación, salud, entre otros). Que los ciudadanos cuenten con un status que les otorgue derechos y obligaciones no supone homogeneidad, sino igualdad de condiciones y oportunidades dentro de una sociedad que es a la vez, paradójicamente, progresivamente más plural y desigual.

Notas:

1- FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, Inmigración, propuestas constructivas. Revista electrónica La Insignia, julio de 2005.

2- BORJA, Jordi, La Ciudad y la nueva Ciudadanía, Conferencia pronunciada en el Forum Europa, Barcelona, junio de 2001.

3- MARSHALL, Thomas Humphrey y BOTTOMORE, Thomas. Ciudadanía y Clase Social. Madrid: Alianza, 1990.

4- DE LUCAS, Javier. “La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes”. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, Nº. 13, 2006.

5-  BORJA, Jordi, La Ciudad y la nueva Ciudadanía, Conferencia pronunciada en el Forum Europa, Barcelona, junio de 2001.