María Cristina Tortti: El Partido Socialista ante la crisis de los años 30: La estrategia de la “Revolución Constructiva”

 

[Recuperamos un artículo de la historiadora platense María Cristina Tortti publicado en la Revista Socialista número 2, año 1, cuarta época.

El trabajo historiográfico de Tortti sobre la historia del Partido Socialista es sumamente sugerente. La historiadora platense  hace una revisión crítica de la deriva histórica del socialismo argentina sacando a la luz hechos, debates y procesos que se encontraban olvidados. Con estos elementos, Tortti construye un análisis riguroso, muchas veces crítico, pero también positivo de la política del PS y sus ramificaciones tantas veces criticada sin fundamento.

En particular, en su libro «El «viejo»Partido Socialista y la «nueva» izquierda pueden encontrarse una rica historia de las distintas estrategias que existieron en las corrientes partidarias frente al fenómeno del peronismo. Este hecho todavía conmueve a la sociedad argentina y las conclusiones que podamos extraer son útiles para la política actual ] 

 

SÍNTESIS

Contra los lugares comunes que estigmatizan al socialismo como un proyecto europeizante y reformista, la autora rescata los pioneros debates dados por el Partido Socialista en la década de 1930 bajo el lema: Argentina para los argentinos. El concepto de revolución constructiva, que pugnaba por otorgarle una nueva centralidad al estado en la intervención y planificación económica apoyado en la estratégica alianza entre partidos y sindicatos, sentó las bases para el cambio de la táctica clasista por la construcción de frentes populares, que le disputasen la representación de los sectores medios a las fuerzas de la reacción, que fortaleciese el papel del estado con un programa de nacionalizaciones y que reconociese el rol progresista que el movimiento sindical podía cumplir en la organización y educación de los trabajadores. Organizar la presencia popular en el estado en el horizonte de un proyecto nacional serían elementos claves del ideario y la práctica del peronismo, que permiten cotejar continuidades y rupturas en el diálogo entre ambas tradiciones  (Revista Socialista

 

Introducción

A mediados de los años ‘30, en medio de una intensa discusión sobre la táctica partidaria, algunos sectores socialistas produjeron una propuesta renovadora destinada a encauzar energías políticas recientemente activadas y despertar a aquellas adormecidas por una militancia un tanto rutinaria. Atentos a las transformaciones sociales en curso y a los nuevos planteos surgidos en la socialdemocracia internacional, convocaban a superar el estilo «reformista simple», discutir enérgicamente el problema del poder y construir en la Argentina un partido «verdaderamente reformista».

Desde las páginas de la Revista Socialista y en los cursos de la Escuela de Estudios Sociales «Juan B. Justo», el diputado Rómulo Bogliolo difundió insistentemente ese punto de vista. Sus argumentos centrales partían de la caracterización de la etapa histórica en términos de «capitalismo organizado», fase durante la cual se estaba realizando el pasaje de la «libre competencia» a la vigencia de los principios de la «planeación». Dado que el Estado -empujado por la monopolización de la economía- se volvía inevitablemente «intervencionista» en la economía, se hacía indispensable en él la presencia «democratizante» de la clase obrera a través de sus organizaciones políticas y sindicales.

Lo novedoso no radicaba en la institucionalización de la lucha política -ya resuelta por los partidos socialistas con la parlamentarización-, sino en la de los sindicatos que ahora comenzaban a ser pensados como copartícipes de las tareas estatales de planificación y administración. Este estado -«de organizaciones» más que «de ciudadanos»- podría ser usado como medio político para una transición «institucional» al socialismo impulsando el pasaje desde una economía organizada por los capitalistas a otra planificada por los trabajadores, con el apoyo del estado.

Para los socialistas la tarea debía comenzar por la elaboración un «plan» tendiente a desarrollar la producción, incrementar los ingresos nacionales, absorber la desocupación y promover un estado de creciente bienestar general. Dicho plan contemplaría además la creación de un Consejo Económico Nacional -que proporcionaría directivas a todos los sectores de la economía y a todas las regiones del país- e incluiría un programa de nacionalizaciones y la creación de organismos estatales centralizadores del crédito, de las actividades financieras y del comercio exterior.

Se pensaba que sólo un gobierno fuerte y guiado por estos objetivos podría provocar el traslado a la sociedad de «la renta de las capas oligárquicas», elevar el poder adquisitivo de los consumidores, desarrollar la infraestructura, implementar planes de vivienda, educación y salud, y así iniciar el tránsito al socialismo.

 

Un partido de reformas

La concepción teórica y doctrinaria del socialismo argentino había sido articulada fundamentalmente por el pensamiento de Juan B. Justo; Justo propiciaba para la Argentina un proyecto reformista destinado a conformar una amplia clase de medianos propietarios rurales que, en alianza con los trabajadores, promoviera el progreso económico y la democratización del país –como condición previa a la realización del socialismo. Desarmar la estructura latifundista y el sistema oligárquico, y acabar con el estilo “caudillista” en la política nacional eran las tres principales tareas a realizar.

En relación con los trabajadores, y para alcanzar los fines del socialismo, el Partido Socialista (PS) marcaba la necesidad de su organización en tres ámbitos de acción, diferentes y a la vez complementarios: el del gremialismo proletario, en su calidad de productores; el de la cooperación libre, en tanto consumidores; y el de la política, en su carácter de ciudadanos y contribuyentes. Es decir que, como “el asalariado es a la vez ciudadano”, 3 participa en la acción política y en virtud de tal condición “opina sobre las cuestiones de interés general, y se une a las corrientes políticas que mejor representan sus intereses”[1].

De las tres formas de organización, se sostenía la supremacía de la acción política –entendida como actividad parlamentaria-, pues mediante ella la clase obrera eludiría el “exclusivismo corporativo” y se propondría “la conquista del poder público por medio del sufragio universal y de las libres instituciones democráticas, para transformar la organización capitalista de la actual sociedad en organización colectivista de la misma”[2].

En cuanto a los sindicatos obreros, se los consideraba autónomos en su terreno y fin específicos: el del mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de sus miembros. Sin embargo, ellos necesitarían de la organización política para poder completar su obra, pues sin la sanción de una legislación favorable las conquistas obreras tendrían carácter efímero.

En función de su táctica electoral, el partido se organizaba sobre la base de circunscripciones electorales, es decir “siguiendo una división geográfica o política, y no por afinidad de oficio, condición social o sexo“[3]. La primacía de este criterio organizativo hizo que con el tiempo, en los centros, se viera diluido el peso de los militantes de origen obrero, aunque los más destacados conformaron dentro del partido las “comisiones gremiales”; estas comisiones, si bien gozaron de un amplio margen de autonomía, por lo general vieron circunscripta su acción al ámbito sindical, consagrándose así cierta separación de los dirigentes obreros respecto del nivel de dirección del partido y su fracción parlamentaria. Con frecuencia, esa manera de articular actividad política y acción gremial generó conflictos, aunque siempre logró imponerse la posición “oficial” que consideraba a los legisladores como “la avanzada” que el partido destacaba “frente a las fuerzas enemigas”[4].

En la persistencia de esta línea pueden encontrarse algunas de las razones de las periódicas sangrías y escisiones que el PS sufrió, y que le hicieron perder base obrera – a la vez que aumentaba el número y la influencia de profesionales e intelectuales provenientes de los sectores medios. A lo largo de su historia, las líneas que podrían designarse como ubicadas “a la izquierda” de la posición oficial reclamaron mayor vinculación con el movimiento obrero y recorte del poder adquirido por los parlamentarios: muchos militantes veían en este predominio una cierta desnaturalización del carácter de clase del partido, y la pérdida del espíritu “revolucionario”[5].

 

El debate de los años ‘30

A mediados de los años ‘30, los socialistas se habían convertido en el principal grupo dirigente dentro de la recientemente creada Confederación General del Trabajo (CGT), y contaban además, con un importante caudal electoral en el distrito de mayor composición obrera del país[6]. Pero esos años también los enfrentaron a nuevas y serias dificultades para definir en términos políticos los conflictos surgidos de la dinámica social. La crisis internacional, el quiebre del modelo agroexportador y la creciente desocupación, así como el golpe de estado que había interrumpido el funcionamiento de las instituciones liberal- parlamentarias, exigían que la cuestión nacional, la cuestión social y la cuestión democrática fueran redefinidas, y con ellas, el papel del partido como articulador de las relaciones entre sociedad y estado.

Por entonces, el principal desafío a la dirección partidaria provino de los “socialistas revolucionarios”, quienes pensaban la coyuntura en términos de “crisis final” del capitalismo e instaban a prepararse para una inminente salida revolucionaria. Frente a esta postura, otro sector del partido razonaba a partir del novedoso concepto de “capitalismo organizado”; ante esta nueva fase del capitalismo, el desafío consistía en integrar a las masas al estado, desde una perspectiva democrática y socialista. Según esta óptica, los sectores populares debían avanzar firmemente sobre el estado -para ocuparlo-, mediante la presión democratizante de sus organizaciones “autónomas.

 

El tema “democracia-dictadura”

Desde fines de 1930, y por espacio de tres años, la Revista Socialista[7] , dirigida por Rómulo Bogliolo, dedicó amplio espacio en sus páginas a la presentación de una serie de artículos firmados por los principales dirigentes de la Internacional Socialista en torno de tres ejes: el estado soviético, el ascenso del fascismo en Europa y la participación socialdemócrata en gobiernos de coalición.

La socialdemocracia, profundamente conmovida por la experiencia soviética y acosada por el fascismo, veía crecer en su interior un renovado debate acerca de la orientación táctica adecuada para los partidos socialistas. Del planteo dilemático “democracia-dictadura”, se fue pasando al tema de las vías de acceso al poder y al de la validez y eficacia de la táctica parlamentaria. Las definiciones que fueron elaborándose estuvieron, además, en relación directa con la mayor o menor disposición y posibilidad de emprender una acción en común con los partidos comunistas, para hacer frente a la ofensiva fascista[8].

Tal vez haya sido Otto Bauer quién más claramente expresó la visión socialdemócrata, al caracterizar la época en términos de “crisis mundial del espíritu”, cuyas dos mayores expresiones serían “el fascismo y el bolchevismo, que prometen la revolución nacional y social al precio de renunciar a la democracia”. En su opinión, la socialdemocracia constituía la única garantía en la tarea de salvar la “libertad de conciencia” y edificar el socialismo sobre la base de “la lucha de ideas” y la acción democrática, “particularmente en los países que contaban con una tradición de ese tipo”[9].  Admitía, sin embargo, algunos atenuantes para el régimen de Stalin, y valoraba sus logros económicos y sociales, atendiendo a las particularidades del “caso ruso”.

En cambio Karl Kautsky planteaba la disyuntiva en los términos más duros: el partido y el estado bolcheviques nada tendrían que ver con el socialismo; serían, simplemente, “la dictadura roja” que oprimía y degradaba al pueblo ruso en una medida aún mayor que la conocida bajo el zarismo[10]. Kautsky no aceptaba que se hicieran distingos en virtud del “atraso ruso”, y sostenía que la democracia no podía ser entendida solamente como “el camino” hacia la “meta” socialista, y menos aún como “un camino”: debía ser vista como un verdadero “fragmento” de dicha meta. La democracia sería pues –y en todos los casos- aquella “parte” del socialismo que podía ser alcanzada aun antes de la transformación económica de la sociedad y de la consecuente difusión del bienestar general. Por ello, en su opinión, la socialdemocracia debería persistir en los métodos legales, no cediendo a las “provocaciones” que buscaban llevarla al enfrentamiento armado[11].

Pese a los matices, en la Internacional primaban las concepciones evolucionistas acerca del desarrollo social y político. Emile Vandervelde, su presidente, sostenía en 1931 que lo propio de la socialdemocracia ya no consistía en la espera de grandes acontecimientos revolucionarios para poder realizar su “ideal” sino que, por el contrario, “es en la realidad actual donde ella se esfuerza por incorporar su ideal, y por hacer la obra constructiva que posibilite el pasaje gradual del capitalismo al socialismo”[12].

Sin embargo, y ante la dramaticidad de la situación europea, muchos socialistas comenzaron a mostrarse escépticos respecto de la eficacia de los métodos democrático- parlamentarios como únicas armas para alcanzar el poder. Sin poner en tela de juicio la primacía y superioridad de los métodos legales y democráticos, alertaban acerca de los peligros que entrañaba el “fetichismo democrático”. En 1933, F. Adler -nuevo secretario de la Internacional-, al examinar el pasado reciente, encontraba que dicha concepción había sido la causa principal de que la socialdemocracia alemana dejara pasar la oportunidad de “tomar el poder”, cometiendo un error cuyas consecuencias recaerían luego sobre todo el pueblo alemán[13]. Tampoco faltaron quienes, ante la magnitud de la crisis mundial y la potencia de la reacción fascista, llegaran a afirmar que “la resistencia de la burguesía a aceptar la reforma gradual de la sociedad, hace cada día más probable la hipótesis de una revolución violenta”[14]. En la Conferencia Socialista de 1933 fue aprobada una declaración que afirmaba que, en los países “donde ha vencido el fascismo, no puede derribarse a la dictadura más que por la revolución popular”. De esta manera, la hipótesis de la revolución reabría en la Internacional la discusión sobre la táctica.

 

La discusión sobre la táctica

En el socialismo argentino, en relación con los sucesos nacionales e internacionales, a partir de 1932 irán apareciendo voces que, desde adentro, cuestionarán la orientación del Partido Socialista. La inquietud tenía relación, aunque no exclusivamente, con la posición asumida frente al golpe militar de 1930: importantes sectores se sentían incómodos ante la actitud vacilante que el partido había mostrado ante el gobierno del general Uriburu y la ruptura del orden democrático. Además, el mantenimiento de la tradicional táctica partidaria se les aparecía como inadecuado e insuficiente para enfrentar la crisis económica y la política fascistizante del gobierno[15].

Además, muchos militantes manifestaban su inquietud en el sentido de que el partido necesitaba orientarse según “un mayor espíritu de clase”. También les preocupaba la marcada pasividad del movimiento obrero, que estaba siendo visiblemente agredido por la política económica y represiva del gobierno. La constatación de la debilidad política de los trabajadores se convertía en cuestionamiento hacia la educación que había recibido del partido: “Si siempre se la ha hablado de la necesidad de no abandonar los caminos democráticos, es difícil que adopte otra actitud; el espíritu revolucionario desaparece de la clase obrera, y su modalidad es esencialmente pacífica”[16].

En este marco, se reavivaron los enfrentamientos entre “reformistas” y “revolucionarios” dentro del PS: la disputa, que había comenzado en torno de la necesidad de revisar la táctica, creció hasta alcanzar la estrategia y el carácter de clase del partido[17]. Y, si bien, cada una de las corrientes apelaba a las tradiciones partidarias, lo cierto es que en ambos casos se producía una significativa renovación doctrinaria.

Una de dichas corrientes propugnaba la drástica ruptura con la tradición “reformista” del partido, y veía en la situación nacional e internacional condiciones favorables para dar una salida “revolucionaria” a la crisis[18]. Este sector de “izquierda”, nucleado en torno de la Federación Mendocina, tuvo importante arraigo en la juventud e importantes simpatías en el movimiento gremial socialista, plasmó una propuesta que, partiendo de definiciones doctrinarias, alcanzaba cuestiones referidas a la táctica y hasta la misma estructura organizativa del partido. Comenzaba afirmando que el PS debía elegir el camino del marxismo y de la lucha de clases, plantearse enérgicamente el problema del poder, abandonar la actitud “puramente defensiva” y centrar sus energías en la clase obrera, ayudándole a orientarse en un sentido “revolucionario” y en la preparación de sus propios “órganos del poder”[19]. Transitar ese camino requería dotar al partido de una organización interna diferente, para lo cual lanzaron un proyecto de reforma integral de los estatutos. Sostenían que el vigente, basado en un criterio electoral, había dado al partido una organización interna de tipo “demoliberal”, convirtiéndolo en un partido “de afiliados” y no “militantes”. La estructura que se proponía correspondía a una organización política “escalonada” que, a partir de los “organismos de base”-los centros y las federaciones-, alcanzaba su máxima centralización en el Comité Ejecutivo. A esta “pirámide” se agregarían las “organizaciones especiales”, presidida cada una de ellas por un director miembro del Comité Ejecutivo-, asistido a su vez por la correspondiente comisión asesora[20]. Esta fuerte centralización junto con la exigencia militante y la previsión de formas clandestinas de trabajo y organización parecen haber desbordado las líneas de identidad de la mayor parte de los afiliados, aun de muchos de aquellos que habían impulsado el movimiento de renovación partidaria.

La otra corriente, cuya expresión más elaborada fue la estrategia de la “revolución constructiva”, se desarrolló de manera más acorde con el sentido común partidario. La renovación que proponía incorporaba muchas de las preocupaciones propias de la socialdemocracia internacional, y además recogía las enseñanzas derivadas de algunas de sus recientes experiencias de gobierno.

 

La estrategia de la “revolución constructiva”

En medio de la discusión sobre la táctica y de los embates de la “izquierda”, estos sectores convocaban a superara el estilo “reformista simple”, discutir “enérgicamente” el problema del poder y construir un partido “verdaderamente reformista”. Caracterizando a la nueva etapa en términos de “capitalismo organizado” -fase en la cual se realiza el pasaje de la libre competencia a la vigencia de los principios de la planeación[21] , reelaboraron das algunas concepciones concernientes a las relaciones entre partido y sindicatos, y entre ambos y el estado. El estado, pensado como “espacio vacío” y susceptible de ser instrumentado por diferentes proyectos políticos, aparecerá como instrumento privilegiado para la “transición” al socialismo. Estado de “organizaciones” más que de “ciudadanos”, este “estado democrático” contendría la presencia de las masas, representadas no solamente por su partido sino también por sus sindicatos. Lo novedoso no radicaba en la institucionalización de la lucha política y de los partidos -ya resuelta para la socialdemocracia con la parlamentarización – sino en la de los sindicatos, que ahora empezaban a ser pensados como coparticipes de las tareas estatales de planificación y administración.

Ese estado democrático debía ser instrumentado para expandir, desde el nivel político, los principios de “universalidad” propios de la ciudadanía al conjunto de las relaciones económicas y sociales. La democracia social y económica sobrevendría por expansión a esos niveles “no políticos” del modelo parlamentario de representación y del principio racional de administración. Esta interpretación fue deslizándose hacia una visión cada vez más “institucionalizada” del conflicto de clases, y hacia una explicación más bien “tecnicista” del pasaje al socialismo. El eje de la transformación social pasaría entonces por impulsar el tránsito desde una economía organizada por los capitalistas a otra planificada por los trabajadores, con el apoyo del estado.

En esta estrategia pueden reconocerse, por un lado, líneas de continuidad con la tradición ideológica del partido y con su práctica legalista y parlamentaria; por otra parte, era acorde con la tendencia creciente de las organizaciones sindicales a actuar en el ámbito político como “grupos de presión”[22].

Desde comienzos de la década, la Escuela de Estudios Sociales “Juan B. Justo”, principal centro de formación doctrinaria del partido[23], desarrolló una intensa tarea de elaboración teórica y política, destinada a la capacitación de sus cuadros dirigentes. A la vez, los órganos de propaganda partidaria hacían que la masa partidaria tomara contacto con este discurso que le hablaba, una y otra vez, de la necesidad de construir sólidas organizaciones y de trabajar por la democratización del estado, como paso previo e indispensable a la edificación de una sociedad socialista[24].

Estas ideas, ampliamente desarrolladas por el diputado Rómulo Bogliolo[25], eran presentadas como el reverso de las versiones catastrofitas sobre la “crisis final” del capitalismo, en las cuales se sustentaban los análisis intra y extra partidarios influidos por la Tercera Internacional[26]. Precisamente, uno de los objetivos de este sector renovador parece haber sido el de ocupar la primera fila en la discusión con los socialistas “revolucionarios” para así disputarles las simpatías de todos aquellos que anhelaban del partido una estrategia que hiciera frente a los problemas de la hora. Sus portavoces también se hacían cargo de las críticas que apuntaban a la responsabilidad del partido en lo referente a la pasividad del movimiento obrero y a la indolencia de muchos de sus afiliados, y se proponían demostrar que tanto los “revolucionarios” como los “reformistas tradicionales” carecían de propuestas realistas y constructivas, pues no conocían adecuadamente las condiciones reales de la economía argentina ni la verdadera situación ideológica del pueblo. Consideraban que, por esa razón, sus consignas se volvían vacías, y la frustración o la rutina eran los resultados de su acción política.

Si bien citaban con frecuencia a teóricos como Hilferding, Renner o Bauer, el modelo político con que operaban era el de los denominados “neosocialistas”, en particular el del belga Henri de Man y su Plan de Trabajo. Este dirigente, proveniente de la izquierda socialdemócrata y profundamente impactado por el fracaso alemán, consideraba que para superar la crisis económica y vencer el fascismo, la socialdemocracia necesitaba emprender una acción “ofensiva” destinada modificar las estructuras capitalistas. Ello implicaba desarrollar la producción e incrementar los ingresos nacionales: sostenía que era inconducente que los partidos insistieran en una política de acumulación de “reformas” cuando el capitalismo estaba en crisis, los ingresos nacionales decrecían y aun los avances logrados se veían amenazados. A su juicio, una política de reformas realista debía partir de la elaboración de un “plan único”, que apuntando a una economía planificada y a un gobierno poderoso, contuviera simultáneamente reivindicaciones inmediatas y “meta final”; vale decir que habría que instrumentar reformas de tal magnitud que, en realidad, implicaran cambiar el orden social vigente.

 

Las tareas de la clase obrera

Este sector del PS veía en esta propuesta una posibilidad para reorientar la actividad del movimiento obrero, ya que parecía ser superadora de las estrategias puramente sectoriales impulsadas por la corriente “sindicalista” -y también por algunos de los propios dirigentes gremiales. Tanto ese “corporativismo” como el “clasismo” del Partido Comunista merecían su crítica por cuanto conducían al aislamiento de la clase obrera y a la consecuente esterilización de sus luchas.

Desde la Revista Socialista se insistía en que un “sano” movimiento obrero sería aquel que dirigiera todo su potencial hacia el logro de conquistas “perdurables”, mediante la legislación o a través de la creación de institutos de regulación que aseguraran su presencia permanente en los niveles desde los cuales se gobierna la sociedad. Toda conquista sería precaria si el cambio introducido no modificara de manera “permanente” las relaciones entre las clases y cristalizando en un nuevo orden jurídico-político[27].

Para ello sería necesario comprender que “lo revolucionario” no radica en la combinación de una lejana “meta final” con pequeñas reformas en el presente sino en el “cumplir ciertas etapas”, contando con el concurso de otras fuerzas que tuvieran “intereses en común” con la clase obrera. Para lograrlo, los socialistas debían estudiar los problemas nacionales y contribuir a la formación de una “mentalidad colectiva” que permitiera aglutinar a las clases subordinadas bajo el lema de “la riqueza colectiva al servicio de las necesidades colectivas” o, lo que es lo mismo, “Argentina para el pueblo argentino”.

Ni los simples “retoques” ni los sueños de la “ola insurreccional” servirían para sacar a las masas del inmovilismo. A quienes seguían apostando a lo primero, se los convocaba a aceptar la necesidad de la intervención estatal en la economía y a superar el “miedo” que solía provocarles oír hablar de “economía dirigida”. A los segundos se les señalaban los límites de la táctica “clasista” y se les hacia notar que la misma Internacional Roja, al llamar a la formación de “frentes populares”, la estaba abandonando; de esa manera, los comunistas reconocían tanto el papel de las capas medias como el “significado nacional” de la lucha antifascista.

La propuesta consistía, entonces, en que la clase obrera avanzara de una manera más compleja, superando la simple reinvocación salarial y sectorial, pujando por acceder a la dirección de las grandes unidades industriales y comerciales, además de desarrollar sus instituciones “defensivas”[28].

Ya en 1925, en el V Congreso Extraordinario del PS, un delegado había propuesto al partido que incluyera en su Programa Mínimo un punto referido a la “intervención de los sindicatos obreros por medio de comisiones en el control de la producción y el comercio”. Esta iniciativa, novedosa en el partido, era concordante con la línea señalada por la Federación Sindical Internacional, que llamaba a instituir el “control obrero” como único remedio ante la “anarquía industrial provocada y utilizada por la reacción capitalista”. Con el fin de contrarrestarla, se instaba a efectivizar tal control a través de los “consejos de empresas” y los “consejos nacionales”. Los impulsores de este tipo de propuestas sostenían que la participación en los “consejos” brindaría, además, una excelente oportunidad para que los obreros conocieran y dominaran el complejo proceso productivo y fueran partícipes activos de la tarea de transformación social[29].

 

El papel de los sectores medios

En nuestro país, en 1932, el PS había presentado un proyecto de ley propiciando la creación de un “Consejo Económico Nacional”. Su autor, el diputado Bogliolo, fundamentó la iniciativa sosteniendo que el organismo tendría por función “iniciar una política social de mayor vuelo que la hasta ahora realizada, poniéndonos así a tono con las nuevas condiciones del mundo capitalista y ofreciendo a la colectividad las ideas y medios para luchar con ventaja contra los males de la actual organización, derivados del predominio de aquella oligarquía financiera todo poderosa, que no sólo mantiene en la miseria a millares de obreros, sino que también deprime el comercio, sojuzga la industria y pauperiza a las medias de la población”[30].

A través de un proyecto de estas características, el PS son actualizaba programáticamente las tesis referidas a que el desarrollo económico establece los límites dentro de los cuales es posible pensar el tipo de reformas realizables. La novedad, en este “neorrevisionismo”, radicaba en la fuerte valorización de la acción política presente y en la energía con que era planteado el problema del poder. Advertía que, en su fase “organizada”, el capitalismo tenía capacidad para moderar o evitar las crisis económicas y que, por lo tanto, no podía esperarse que fuera reemplazado por el socialismo como consecuencia de un colapso económico. Solamente la acción “conciente” y “organizada” de la clase obrera podría encauzar el proceso “racionalizador” vigente en el capitalismo y llevarlo por caminos que condujeran a la “socialización” progresiva de la economía.

Por otra parte, la revalorización de las clases medias se tradujo en que fueran englobadas en el concepto amplio y positivo de “clases trabajadoras”. Esta temática penetró sin mayor dificultad en el PS, puesto que nunca había tenido posiciones estrictamente clasistas, y a que, además, contaba con un importante caudal de militantes provenientes de esos sectores[31].

De tal modo que, durante los años ’30, la mayor parte de los afiliados socialistas podía oír con naturalidad que “lo revolucionario está en el cumplimiento de ciertas etapas y en contar con el concurso de otras fuerzas prontas a ofrecer su apoyo a cualquier corriente que supiera interpretar sus intereses, comunes con los de la clase obrera propiamente dicha”[32]. Al mismo tiempo, se llamaba la atención respecto de la manera en que, hasta el momento, había sido visualizada la situación de las clases medias. En tal sentido se convocaba a comprender la particular realidad de esos sectores que, siendo económicamente “semiproletarios” mantienen una conformación “psicológica” de tipo “capitalista”: oprimidos por los monopolios, y abandonados por la propaganda socialista, habían sido ganados por la reacción.

En consecuencia, una estrategia adecuada debía reconocer que estas capas de la población -numerosas e instruidas- cumplían una importante función en la vida económica, dado que como consecuencia de la centralización capitalista, y aunque por cuenta de otros, ejercían funciones de dirección en el proceso productivo. Por tales razones, los planes socialistas debían contemplar el aprovechamiento de sus capacidades en el proceso de transición hacia una economía planificada bajo dirección estatal. Pero ello sólo sería posible si el partido, señalándoles el lugar que podían ocupar, lograba su activa adhesión.

 

Un proyecto nacional, democrático y socialista

Para alcanzar tales objetivos, se instaba a la militancia a estudiar las características específicas de la economía y la sociedad argentina, y las particularidades con que la crisis se presentaba en el país. Además se la convocaba a proponer soluciones adecuadas “desde una óptica socialista”: atendiendo a las características de la crisis capitalista y la necesidad de cumplir ciertas etapas, “las soluciones socialistas” deberían apuntar centralmente a poner “la producción en el pináculo de su desarrollo”. En tal sentido, debía pensarse en un régimen económico capaz de superar la coyuntura crítica absorbiendo la desocupación y permitiendo alcanzar un estado de creciente bienestar general[33]. A la vez, el partido tenía la impostergable necesidad de conformar sólidos equipos especializados y diseñar planes precisos, aún antes del acceso al poder.

El nuevo modelo debería ser, necesariamente, el de una economía de carácter mixto y sujeta a un plan general que, por otra parte, solamente podría ser fruto de un gobierno de un nuevo tipo surgido de una “clase diferente de la oligarquía financiera” o de alguna forma de “equilibrio de fuerzas sociales”[34]. En un documento de su Comisión Electoral, el PS estimaba que el estado actual del desarrollo social permitía contemplar la hipótesis de que el poder político fuera eficazmente ejercido “por los representantes de toda la colectividad”[35].

El plan debía contemplar la creación del Consejo Económico Nacional, destinado a proporcionar las “directivas generales” y los elementos necesarios para que fuera posible planificar en los ámbitos regionales y en cada sector de la economía. Para el sector agropecuario -al que se considera como la principal fuente de riqueza en la actualidad y en el futuro inmediato- se buscaba asegurar condiciones demográficas y sociales que permitieran el desarrollo de las fuerzas económicas. Para ello se proponía dividir los latifundios y redistribuir a la población rural, asegurándole la “posesión tranquila de la tierra” y un adecuado nivel de vida[36].  La chacra seria el centro de la producción rural, y un sistema de cooperativas se haría cargo de la comercialización de los productos.

En cuanto a los problemas y posibilidades de las economías y cultivos regionales -tales como el azúcar y el algodón- se insiste en la necesidad de estudiarlos con profundidad con el objetivo de promover la autentica integración de estos productos en la economía nacional. En cuanto al desarrollo industrial, su posibilidad aparece asociada a la expansión del sector agropecuario y a la ampliación de la capacidad interna de consumo. Además, un “sano” crecimiento industrial requeriría determinar las ramas que convendría desarrollar en el país, en vistas a competir en el mercado internacional y evitar enfrentamientos comerciales con aquellas naciones que eran sus compradoras. Se consideraba erróneo el “apresurarse” a cerrar nuestros mercados a las manufacturas extranjeras, puesto que, al no contar con un plan que contemplara los intereses colectivos, la “protección” que se venía practicando beneficiaba solamente a los “capitalistas individuales” al facilitarles la explotación de la capacidad adquisitiva de los consumidores locales. Los socialistas se oponían a la creación de industrias “artificiales” que no estuvieran genuinamente sustentadas por el resto de las actividades económicas y que carecieran de capacidad para desarrollarse con autonomía.

El plan para la “revolución constructiva” contemplaba la nacionalización de los servicios de transporte, electricidad, gas y teléfonos, así como de los yacimientos de estaño, plomo y petróleo. Reclamaba además que los monopolios extranjeros fueran reemplazados por organismos de carácter nacional que, con criterio de “servicio público”, rediseñaran las actividades en función de las necesidades colectivas. Se preveía, además, la creación de un Instituto Central de Crédito, un Organismo Nacional de Seguro y una Junta del Comercio Exterior que tomara a su cargo la organización de las operaciones de importación y exportación.

El programa de reformas se completaba con la implementación de controles para el comercio interno y los servicios públicos (reglamentos, tarifas, frecuencias, fletes). Paralelamente, la modificación del sistema impositivo permitiría al estado obtener sus rentas de “las clases ricas” y volcarlas tanto en servicios como en medidas tendientes a desarrollar la infraestructura y a implementar planes de vivienda y de expansión de la educación y la salud.

El documento aprobado por el XXIV Congreso Ordinario del PS, reunido en junio de 1938, recogió buena parte de estas propuestas. En “Problemas Argentinos. Planes Socialistas para su solución” se afirmaba que el partido estaba en condiciones de señalar las medidas a aplicarse, aclarar las ideas de la clase trabajadora y transformar los organismos del estado en agentes del interés general: “Creemos indispensable que nuestro partido disponga de un órgano nuevo, similar a los que han creado, con carácter permanente o transitorio, los partidos socialista de otros países, para estudiar con la profundidad necesaria los problemas económicos a que se ha referido, y a proponer las correspondientes soluciones”. Por ello, el Congreso aprobó el “Plan de Defensa Nacional”, concebido como “política positiva frente al capitalismo extranjero, especialmente aplicado en la explotación de servicios públicos”[37]. Junto con la enumeración de una serie de medidas, el partido presentaba un conjunto de consideraciones referidas a las “nuevas funciones del estado”, a la “posibilidad financiera de la nacionalización” y al papel del “capital extranjero financiero en el comercio y la industria”. Respecto de este último punto se evaluaba de manera diferencial la función cumplida por los capitales extranjeros en los diversos momentos del desarrollo económico del país, y se señalaba el predominio de sus aspectos expoliadores en la presente etapa, a diferencia de lo ocurrido en el pasado cuando su instalación había satisfecho una verdadera necesidad nacional[38].

 

Intervención estatal, democracia política y democracia económica.

Instrumentar un plan de “socialización” que superara la búsqueda de pequeñas mejoras requería que el movimiento socialista[39]  –principalmente el partido- reuniera todo su potencial “en pos de la acción constructiva” que lo condujera a la dirección del estado. El estado, encargado de gobernar el proceso económico, se convertiría así en el instrumento de transformación social “hasta la extinción total de las clases”. El estado auxiliaría a la clase obrera, al suplir y complementar el lento proceso socializador encarado por las cooperativas y las otras “organizaciones libres” de los ciudadanos. La “socialización por funciones parciales”, como llamaba Renner a la organización cooperativa y sindical, debía complementarse necesariamente con la acción estatal[40].

Por otra parte, se advertía que el capitalismo, en su fase “organizada”, no suprimía sus contradicciones pese a adoptar formas técnicas y administrativas “de aspecto socialista”. La “socialización” de los aspectos centralizados de la economía, la gestión y la inversión estatales no implicaban por sí solas la vigencia del socialismo: podría tratarse, simplemente, de “capitalismo de estado”. Sin embargo, en opinión del diputado Bogliolo, los socialistas no deberían adoptar una actitud de “cerrada negativa” ante el desarrollo de esa tendencia socializadora, pues las “nacionalizaciones” significaban un paso adelante, en la medida en que importantes sectores de la economía salían de la orbita privada y, por eso mismo, creaban además, una “nueva mentalidad general”.

Pero, sin duda, el esfuerzo fundamental de los socialistas consistía en organizarse para alcanzar el poder sin distraerse en “pequeñas reformas” ni actuando como meros acompañantes del proceso de “socialización”, entendido como política de estatizaciones. Para contrarrestar las tendencias al “capitalismo de estado” se pensaba en impulsar una vigorosa y completa democratización del estado que incluyera a los servicios por él administrados mediante el control efectivo de los sindicatos y las cooperativas. Pero se insistía en que los órganos de regulación y control económico debían emanar de la voluntad ciudadana: la presencia de sindicatos y cooperativas en el ámbito estatal debía completar -nunca sustituir o anular- las formas de la democracia política.

Evocando la posición sustentada por Bauer a propósito de la democracia económica y el fascismo, se sostenía que si bien los mecanismos de la democracia política se mostraban insuficientes para contrarrestar los efectos de la crisis económica, seria erróneo pensar -como lo hacía el fascismo- que dichos mecanismos eran la causa de la crisis[41]. Durante la transición no debería admitirse que los derechos del hombre fueran reducidos a sus derechos “como productor” ni eliminados los propios de la ciudadanía política[42]. La defensa de las instituciones y reglas de una democracia pluralista se levantaba también frente a las propuestas “revolucionarias” que llamaban a destruirlas, reemplazándolas por otras de carácter “proletario y socialista”. Se consideraba que sin democracia política “no es posible construir el socialismo”[43]. El PS presentaba como modelo de evolución democrática al socialismo a los países escandinavos, cuya estrategia era vista como la única opción valida ante el “revolucionarismo verbal” de quienes pretenden “provocar saltos” en la historia[44].

Algunos de estos dirigentes socialistas veían la necesidad de que el partido se abocara a la creación de un vasto “movimiento nacional”, destinado a colocar la dirección de la economía en “manos de los grupos productores”. Se trataría de un “movimiento popular” con base socialista, que trataría de alcanzar la mayoría parlamentaria para, entonces, aplicar un plan verdaderamente socialista[45].  La viabilidad de un plan de ese tipo radicaría en su capacidad para orientar la acción política en un sentido acorde con el proceso de “socialización” que se estaba operando en los “aspectos más centralizados de la producción”.

De esa manera, la intervención estatal limitaría el “poder de maniobra del capitalismo privado y aseguraría la formación de una nueva mentalidad general que instruiría al pueblo en el manejo de la economía, a la vez que sostendría mejores condiciones de trabajo y remuneración para los obreros y empleados estatales”[46].  Al ensanchamiento del área de la propiedad colectiva -condición previa a la realización del socialismo-, se le agregaría la presencia “democratizante” de la clase obrera en el estado a través de organismos mixtos del tipo de los “consejos nacionales”, complementados su vez en el ámbito de la producción, por la presión de las organizaciones “de clase” sobre las patronales para lograr su inclusión en los “consejos de empresas”.

Dentro de este esquema doctrinario, la Revista Socialista publicó durante los años ‘30 una serie de artículos sobre los métodos y sistemas de organización, destinados a la formación de los cuadros sindicales. En ellos se argumentaba a favor de las “organizaciones a base múltiple” y de su accionar “metódico y disciplinado”, destacándose su superioridad en relación con las metodologías basadas en la acción directa[47].  Se definía a las organizaciones gremiales “modernas” como aquellas capaces de superar el estado de agitación contínua, que sería reemplazada por la creación de instancias permanentes de negociación.

Ya en 1926, el diputado Joaquín Coca había presentado en el parlamento un proyecto que propiciaba la creación de tribunales de trabajo, destinados a regular las relaciones laborales según los principios del derecho de trabajo. A su vez, los dirigentes gremiales socialistas llamaban permanentemente a la clase obrera a impulsar campañas en defensa de la vigencia de la legislación laboral[48] , y a los sindicatos para que ejercieran presión a fin de lograr que su presencia fura reconocida por organismos tales como la Dirección Nacional de Trabajo (DNT). Durante los años ’30, el PS y sus militantes sindicales acompañaron con notable entusiasmo la labor de la DNT, elevando denuncias y ofreciéndose como “inspectores voluntarios” para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral[49]. La política “positiva” de ese organismo era contrastada con el accionar “antiobrero” de otra institución estatal, la policía. Semejante dualidad en la conducta del estado era atribuida que “una de sus partes” aun no alcanzaba a comprender el papel “progresista” que cumplía el movimiento sindical como “factor de orden” en la sociedad[50]: obstruir su tarea de organización y educación de los trabajadores equivalía a detener una verdadera “obra civilizadora” e impedía el cultivo de las virtudes cívicas y el respeto por las instituciones democráticas.

Por medio de esta renovada estrategia reformista, el Partido Socialista ofrecía a la clase obrera una manera particular de ligar sus luchas reivindicativas con la práctica política. A través de esta doble acción –sindical y parlamentaria- se buscaba llevar la lucha de clases al seno de las instituciones e integrar a la clase obrera argentina a la vida política.

Fue en el marco de estos lineamientos que un sector de la dirigencia socialista, a mediados de los años ‘30, respondió a los desafíos de la época. Sin provocar drásticas rupturas con la doctrina ni con la práctica del grueso de los militantes, instaba a dar un paso adelante renovando al partido e impulsando su apertura política. La propuesta de integrar a los vastos sectores populares en un “movimiento nacional” de inspiración socialista no sólo buscaba superar el mero “obrerismo” e ir más allá de la táctica puramente parlamentaria, sino sobre todo darle sentido nacional a su proyecto.

El estereotipo a partir del cual, por lo general, es pensado el Partido Socialista argentino[51], hace difícil imaginar que por aquellos años sus militantes leyeran con naturalidad en los documentos partidarios la consigna “para una Argentina grande, económicamente próspera, políticamente libre y ampliamente democrática”. La insistencia en la presencia “organizada” de las masas en el estado y en el sentido “nacional” del plan que proponían invita a pensar este proyecto en relación con muchas de las iniciativas que luego el peronismo llevaría la práctica, y permite examinar desde otro ángulo los elementos de continuidad y de ruptura entre ambas tradiciones políticas. Sin embargo, al hacerlo, será necesario tener en cuenta que los socialistas proponían que fueran la sociedad y sus organizaciones “autónomas” las que dieran contenido y dirección al estado que, en la etapa del “capitalismo organizado”, necesariamente incrementaba su intervención. 53

 

[1] Alfredo López (1935), Valor del sindicato obrero, Pequeño Libro Socialista

[2] Enrique Dickman (1946), Socialismo y gremialismo, Pequeño Libro Socialista

[3] Nicolás Repetto (1925), “El valor de los programas”, en Acción Socialista nº 14, 1925; E. Dickman (1928), “El PS, su organización y su programa”, en Anuario Socialista. 6

[4] E. Dickman (1928), op. cit. También puede verse, M. C. Tortti (1988) “Clase obrera, partido y sindicatos”, Biblos.

[5] Así había ocurrido en 1906 con los “sindicalistas” (1906), en 1917 con los “internacionalistas”, y en 1921 con los “terceristas”

[6] En La Vanguardia, 23 de mayo de 1934, se publican los siguientes datos acerca del partido: – Afiliados: 23.479 (3971 en Capital Federal). – Agrupaciones: 552 (55 en Capital Federal). (Se trata exclusivamente de centros, dado que por entonces subsistían sólo cinco agrupaciones de oficio). – Confederación Juvenil: 145 agrupaciones, con más de 6.000 adherentes . – Bibliotecas: 272. – Centro culturales: 19 – Escuela de Estudios Sociales: 1. – Prensa: cinco órganos centrales.: 93 publicaciones en el interior del país: 1 oficina de prensa (Socialpress). – Representantes parlamentarios en 1932: 43 diputados y 2 senadores (la máxima de su historia; si bien debe tenerse en cuenta la influencia de la abstención radical, cuando ésta se levanta, el PS sufre sólo una leve disminución; en 1942 logra 12 diputados; y en 1946, ninguna representación parlamentaria). Gobiernos comunales: 16 (Bahía blanca y Baradero Bs. As.); Sampacho y Laboulaye (Córdoba); Godoy Cruz (Mendoza); Sunchales (Santa Fe); La Banda (Santiago del Estero); Resistencia y Sáenz peña (Chaco); Santa Rosa, General Pico y Castex (La Pampa), Neuquén, Río Colorado (Río Negro); Puerto Deseado (Santa Cruz).

[7] La Revista Socialista era una publicación oficial del PS, de carácter teórico-político.

[8] Tanto los “austromarxistas”, liderados por Otto Bauer y Max Adler, como diversas personalidades de la socialdemocracia europea –en particular alemanas- tuvieron espacio en las páginas de la Revista Socialista.

[9] Otto Bauer (1932), Capitalismo y socialismo en la posguerra, Madrid.

[10] Karl Kautsky (1932), “Qué opinión tienen los socialistas del experimento ruso?”, Revista Localista nº 26.

[11]. Karl Kautsky (1933), “Democracia o dictadura”, Revista Socialista nº 36.

[12] Emile Vandervelde (1931), “El porvenir del socialismo”, Revista Socialista nº 8

[13] A. Havaux (1933), “El Congreso de la Internacional Obrera Socialista, el peligro del fascismo y la democracia”, Revista Socialista nº 40; VI Congreso Internacional Sindical, 1933; Acuerdos de la Conferencia Socialista Internacional, 1933.

[14] Luis De Bourkere (1932), “Nuevos aspectos del socialismo”, Revista Socialista n º 23.

[15] Joaquín Coca, denunció esta situación, en 1932, en su obra El contubernio (reedición, 1982). Si bien más adelante el partido emprendió una campaña crítica ante los proyectos corporativistas que anidaban en el gobierno, no adoptó una actitud de franca impugnación, en la medida que participo de un juego político proscriptivo y fraudulento. Partido Socialista, 1931.

[16] B. Edelman (1932), “Métodos y tácticas de lucha”, Revista Socialista nº 30.

[17] 19 Ver la encuesta realizada por la revista Claridad nº 247, de 1932, y 264 de 1933.

[18] Esta corriente se expresó a partir de octubre de 1934 a través de la revista Izquierda, cuya comisión de prensa estaba integrada por Carlos Sánchez Viamonte, Benito Marianetti, Bartolomé Fiorini y Urbano Eyras.

[19] Benito Marianetti (1932), La conquista del poder, y (1934), La lucha por el socialismo; Federación Socialista Mendocina (1933), Lo que se quiere.

[20] Las “organizaciones especiales” contempladas en este proyecto de estatuto eran las siguientes: Gremial, Propaganda, Organización Juvenil, Economía y defensa, ver Izquierda nº 2, 18 de abril de 1935

[21] 23 VI Congreso Sindical Internacional, 1933; Acuerdos de la Conferencia Socialista Internacional, 1933.

[22] Hugo del Campo (1983), Sindicalismo y peronismo, CLACSO; M. C. Tortti (1988), op. cit..

[23] Esta institución, que funcionaba en la Casa del Pueblo, establecía entre sus objetivos que: 1) como “universidad popular”, difundiría los conocimientos necesarios para la realización del programa del partido; y 2) como “órgano del partido”, contribuirá a la capacitación de sus afiliados que trabajarán en la propaganda de sus doctrinas, lo representarán en puestos electivos o formaran sus organismos internos. Por otra parte, estipulaba que las certificaciones obtenidas por los alumnos serían tomadas en cuenta “por los cuerpos directivos del partido en caso de concursos para la provisión de cargos.

[24] Alfredo López (1935), Valor del sindicato obrero, Pequeño Libro Socialista; Esteban Giménez (1932), Acción Socialista; M. Buyán (1930), Una avanzada obrera; J. Coca (1985), op. cit..

[25] Rómulo Bogliolo, fue diputado y director de la Revista Socialista y de la Escuela de Estudios Sociales “Juan B. Justo”. De larga trayectoria en el partido, ocupó cargos diversos en él, así como en la Cooperativa El Hogar Obrero.

[26] Rómulo Bogliolo (1935ª)”Preocupaciones socialistas del momento”, Revista Socialista nº 62-66; y (1935b), “Por un plan socialista”, Revista Socialista nº 56-61.

[27] A. Oriolo (1934), “Conquistas efímeras y conquistas duraderas”, Revista Socialista nº 50- 55

[28] R. Bogliolo (1934),”Los problemas del capitalismo organizado”, Escuela de Estudios Sociales “Juan B. Justo”, Cuaderno 6.

[29] A. Muzzio (1925), “El control sindical en el congreso de Córdoba”, Acción Socialista nº 15.

[30] R. Bogliolo (1934), op. cit..

[31] Este punto de vista no era discordante con el pensamiento de Justo, base del “sentido común” de los socialistas argentinos.

[32] R. Bogliolo (1935), “Por un plan socialista”, Revista Socialista, 56-61.

[33] R. Bogliolo (1935), “Preocupaciones socialistas del momento”, Revista Socialista nº 62-66.

[34] O. Bauer desarrolló la idea de que, bajo ciertas condiciones, podía haber estado democrático bajo el capitalismo. Pero lo concebía como una situación excepcional y transitoria, con tendencia a desequilibrarse, por estar basada en un “poder compartido

[35] Revista Socialista, números 62-66, 1935. 38 Sobre las tradicionales ideas sociales referidas al campo, véase C. Tindaro (1980), Ideario de Juan B. Justo.

[36]

[37] El plan de defensa nacional proponía: 1. Política tendiente a la nacionalización de los transportes en general, de la industria eléctrica y la del gas y de los servicios telefónicos 2. Prohibición, en todo el territorio del país, de otorgar nuevas concesiones de servicios eléctricos, de gas y otros servicios públicos, o de prorrogar los existentes. 3. Nacionalización de las fuentes de producción hidroeléctrica. 4. Creación de un organismo nacional que tomara a su cargo la prestación de todo nuevo servicio de producción y distribución de energía eléctrica (electricidad y gas) y los de aquellos servicios en los que se produzca la caducidad o el rescate de las concesiones en vigor. La prestación de los servicios se hará directamente, por este organismo o por delegación en autoridades locales, en otros órganos del estado o en cooperativas. 5. Creación de un organismo semejante para la prestación de los servicios de trasporte. 6. Nacionalización de los yacimientos petrolíferos y su explotación por el estado. Medida de aplicación a las empresas que operan en el país como monopolios de hecho. Contralor de sus operaciones y regulación de sus precios.

[38] Ver el citado Informe de E. Dickman, “El Plan de Defensa Nacional”..

[39] Para los socialistas, el partido, la organización sindical y la cooperativa, así como la labor cultural, eran partes constitutivas de un único movimiento socialista. Cada nivel era autónomo en su organización y perseguía sus fines específicos (o “inmediatos”) pero todos se unificaban en la “meta final” y en la práctica del “socialista integral”.

[40] Una serie de artículos publicados por La Vanguardia estuvo dedicada a destacar la relación entre progreso técnico, desarrollo social, lucha de clases y tácticas para el movimiento obrero, ver La Vanguardia, 21,27 y 29 de mayo de 1933.

[41] No debía confundirse la idea de “democracia funcional” con la de “democracia socialista”, pues ésta sólo sería posible cuando la economía se basara en la propiedad social. 20 a.

[42] O. Bauer (1932), op.cit.

[43] 4 R. Bogliolo (1935), op. cit., y (1930), “Los derechos del pueblo y los socialistas”, Revista Socialista nº 7

[44].“Amsterdam y Moscú”, “Capacidad constructiva” y otras notas de la sección “Movimiento gremial y cooperativo” de Revista Socialista, nº 7, 1930.

[45] “Las actuales luchas políticas y nosotros”, en Revista Socialista nº 62-66, 1935.

[46] R. Bogliolo (1935), op. cit.

[47] A. López ((1930), “Métos y sistemas de organización obrera”, Revista Socialista nº 3

[48] Miguel Navas, “Tribunales del trabajo”, en Acción Socialista nº 17, 1927. Ver además en La Vanguardia: “Las comisiones mixtas de obreros y patrones“ (29 de marzo de 1930); “La ignorancia sobre el movimiento obrero” (21 de febrero de 1931); “Tribunales de trabajo” (24 de septiembre de 1933); “Inspección de las leyes de trabajo” -proyecto presentado por el diputado J. Coca- (26 de octubre de 1934).

[49] La Vanguardia, 5, 6, 9 y 17 de octubre de 1930; 8 y 29 de enero de 1931; 2 y 12 de febrero de 1931; 28 de febrero; 11 y 13 de marzo de 1932.

[50] La Vanguardia, 13 y 28 de noviembre de 1930.

[51] En la historiografía y en la sociología abundan conceptos descalificatorios hacia el PS, tales como los de partido “europeizante”, “reformista”, “representante de la aristocracia obrera”, etc. Partiendo muchas veces de la opinión política, cuando no del prejuicio, se ha presentado al PS como un partido inmóvil, minúsculo, esclerosado e inmune a los cambios sociales y a las pujas ideológicas y políticas. Dichos juicios, muchas veces tributarios de la incomprensión que pesa sobre los vencidos, suelen ocultar la pobreza y tosquedad del conocimiento que sobre ellos tenemos.